Ayer desde el sistema de monitoreo del Pilcomayo advirtieron que el río comenzará a crecer a la altura de Misión La Paz, en el municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, en la triple frontera con Paraguay y Bolivia

La información enviada alertó a la población costeña de posibles desbordes. Frente a la eventualidad de una situación excepcional de crecidas la solución coyuntural de la provincia son seis carpas con capacidad para albergar a 200 personas cada una para asistir a posibles evacuados. Esa fue la respuesta que dio a Salta/12 el coordinador de Ministerios de Salta y responsable de la Mesa Interministerial de la provincia, Marcelo Córdova.

La época estival de lluvias sumada a la crecida de los ríos y la falta de acondicionamiento de los caminos prometen constituirse nuevamente en un obstáculo para el acceso a la salud y al agua potable. Los tres puntos fueron destacados en el amparo presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación, que a través de medidas cautelares pedía con urgencia dar respuesta a la tríada de necesidades. 

Sin embargo, la jueza de Minas, Victoria Mosmann, solo decidió ordenar a la provincia poner cartelitos en idioma originario en los centros de salud con los teléfonos de las personas que pueden dar respuestas en caso de urgencia. 

Eso podría ser una ayuda en caso de que la zona en donde se registre la urgencia tenga conectividad o incluso una radio funcionando. Pero en el territorio chaqueño hay carencias de todos los sistemas de comunicación. 

Y aún así, “no se cumplió aún la medida de Mosmann”, respondió Córdova a la consulta de Salta/12. Este funcionario está a cargo de la Mesa que actúa en la zona en la que se declaró la emergencia sanitaria en enero de 2020, cuando se visibilizó la tragedia de las muertes evitables entre las infancias originarias en general, y la wichí en particular.

Al ser consultado sobre cómo se instrumentará la orden de Mosmann, Córdova afirmó que en los carteles que se mandaron a colocar se dará el número y nombre de quienes gerencian los hospitales en cada uno de los centros sanitarios de Orán, San Martín o Rivadavia (los tres departamentos involucrados en la emergencia sanitaria), pero también de quienes deban ocuparse por otras situaciones como provisión de agua segura o caminos.

La mejora de la transitabilidad de la zona tendrá que esperar.  Córdova aseguró que “comienzan las lluvias y no se puede transitar para llevar las máquinas y pasarlas en los caminos. Si no, se arruinan más los caminos”. Sostuvo que se va a continuar con el trabajo necesario a través de camionetas 4X4 con las que se realizan los barridos sanitarios para detectar personas con enfermedades y tratarlas, además de otras asistencias.

Las carpas, en tanto, estarán disponibles para ser instaladas en distintos puntos ante las posibles inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos Pilcomayo o Bermejo.

En cuanto a la posibilidad de contar con agua segura, sostuvo que el 25 de noviembre pasado en la reunión con el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Nicolás Rapetti, se presentó el plan de manejo de cuenca que debe hacerse sobre el Pilcomayo para generar las reservas de agua a lo largo y ancho del departamento Rivadavia “para que no tengamos después la sequía que produce la muerte de animales”. Indicó que la obra en cuestión implicaría “más de 10 mil millones de pesos”.

La necesidad de acondicionar los caminos

“El planteo de la gente es clarísimo: que manden máquinas viales para acondicionar los caminos”, dijo Luis María de la Cruz, director de la Fundación para la Gestión e Investigación Regional (FUNGIR), y administrador del sistema de monitoreo participativo y alerta temprana del río Pilcomayo. Conocedor del comportamiento de este curso de agua, indicó que este año la crecida del Pilcomayo llegó casi un mes antes “lo que no es anormal, pero tampoco es lo común, y eso está sorprendiendo a la gente”, que debe prepararse ante las posibles crecidas.

Al ser consultado sobre la visión de Córdova de no poder realizar obras en los caminos en estos momentos, De la Cruz afirmó que “no está lloviendo todo el tiempo y hay asfalto hasta Santa Victoria Este”, en caso de tener intenciones de llevar las máquinas.

En este punto afirmó que uno de los mayores problemas está en el camino que conecta a esa ciudad cabecera con Alto de la Sierra, ubicada a más de 70 kilómetros por un terraplén. “Es mejor el camino que va a Formosa que a Alto de la Sierra, y eso que a Formosa también es una huella en medio del monte y lo de Alto de la Sierra una ruta provincial”. “No puede ser que habiendo un hospital en Alto La Sierra no se pueda sacar a un paciente grave por el bloqueo de los caminos por las lluvias”, añadió. Recordó que esta situación no es reciente, sino que viene de hace más de 30 años, cuando comenzó el reclamo de la Asociación Lhaka Honhat, organización de segundo grado que agrupa a los pueblos originarios que habitan en los ex lotes fiscales 55 y 14. Lhaka Honhat llevó su reclamo de entrega del título de esa tierra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese momento, y en febrero de 2020 obtuvo un fallo favorable que obliga al país a entregar 400 mil hectáreas en título único a sus habitantes originarios.

La ruta 86 cerca de Tartagal, a los costados, a ambos lados, hay comunidades indígenas. 

La situación no es mejor para algunas comunidades del departamento San Martín como El Traslado o Zopota, ambas integradas con poblaciones wichí. En la zona, en la que abundan las fincas de agronegocios, los camiones de gran porte que trasladan granos y las camionetas 4X4 son las únicas que pueden transitar en las épocas de lluvias. La ruta nacional 86 no está pavimentada en esta zona y con las lluvias se transforma en un lodazal imposible de transitar en bicicleta o moto, los medios de movilidad que más abundan entre la población indígena. 

Aunque todavía no se ven las consecuencias que suele generar la intransitabilidad de los caminos durante las épocas estivales, entre el jueves y el domingo últimos ya se dieron la pérdida de un embarazo a término en una mujer wichí, y la de una beba de 10 meses del mismo pueblo originario que falleció tras broncoaspirarse con leche.