El retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la detención arbitraria de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y de otros presos políticos en Jujuy y Mendoza, y el incremento de los casos de violencia policial fueron algunos de los ejes del documento que organismos de derechos humamos y barriales entregaron a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta tarde en la exEsma, en la previa del inicio de sesiones del organismo en el país. 

"Nos retrotrae un poco al año 1979, cuando la CIDH vino a nuestro país en plena dictadura cívico-militar. Las Abuelas hemos ido permanentemente a Washington para recurrir al tribunal en épocas absolutamente duras. Siempre tuvimos el apoyo y la comunicación la mantenemos hasta hoy, cuando la situación en Jujuy es alarmante, ya que no le falta nada para estar viviendo en una tiranía", relató la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto al finalizar el encuentro. 

El documento que recibió de manos de Carlotto, la madre de Plaza de Mayo Taty Almeyda y la titular de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos, Lita Boitano, el relator para la Argentina de la CIDH, Francisco Eguiguren, fue elaborado por más de cien organizaciones que participaron del Foro por la Libertad y la Democracia que se realizó en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza el pasado 26 y 27 de abril.

“Que este modelo cierra con represión no es una consigna, es una realidad que el macrismo y sus aliados ponen en acto y multiplican a diario”, sostiene el documento, crítico del gobierno de Cambiemos, y que también denuncia la criminalización de la protesta y la profundización de las políticas represivas.

El documento abarca once temáticas distintas vinculadas todas ellas a derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica, andamiaje central de los derechos humanos consagrados por la Organización de Estados Americanos (OEA), del que depende la CIDH. La comisión sesionará en la Argentina desde el próximo lunes y hasta el viernes, aunque no abordará problemáticas locales, por lo que los organismos aprovecharon este encuentro previo para volcar sus denuncias. Mientras que el martes próximo se movilizarán a las 18 al Hotel Sheraton para volver a hacer escuchar sus reclamos.  

“La creciente violencia institucional debe leerse en correlación con el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Esta realidad se construye desde la pérdida de derechos cotidianos para las mayorías populares”, sostiene el documento, que vuelve sobre el incumplimiento por parte del Gobierno de la resolución que exige la liberación inmediata de Milagro Sala dictada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que ayer concluyó su visita al país.  

La grave situación y el incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH por el agravamiento de la crisis penitenciaria, el incremento de la violencia policial avalada por el Poder Judicial, la represión policíal desmedida en barrios humildes, la desobediencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una orden de la comisión, las detenciones ilegítimas en el Paro Internacional de Mujeres, fueron algunos de los casos alcanzados por los organismos ante el relator Eguiguren. 

“En la actualidad, nuestro país está atravesando una profunda crisis en materia de derechos humanos, que parece no tener fin. Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas de poder del Estado -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, no cesan la toma de decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo reconocidas estas luchas a nivel internacional”, subraya el documento de más de 300 páginas.

Los referentes que participaron del Foro por la Libertad y la Democracia indicaron que “si bien en esta visita la CIDH no analizará la situación argentina, si lo hará en julio. En este sentido el aporte de este documento que presentamos es muy importante porque se hizo de abajo hacia arriba y refleja casos concretos de violencia estatal". "Esperamos que las exigencias y recomendaciones de la CIDH le pongan freno a una escalada represiva en nuestra sociedad”, sentenciaron.