El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, calificó como “un hecho de alta gravedad institucional” el encuentro del procurador provincial Julio Conte Grand con el expresidente Mauricio Macri, que fueron fotografiados ayer al mediodía en un restaurante de Vicente López. Alak recordó que pesan sobre Macri “graves acusaciones de persecución a sus adversarios políticos” y consideró que la reunión genera “fundadas sospechas” sobre el rol del jefe de los fiscales y defensores bonaerenses en las causas contra funcionarios de Juntos por el Cambio o bien que impulsa ese espacio contra sus opositores. “El tole tole que se armaría si fuera Cristina”, apuntó la senadora Juliana Di Tullio al difundir la imagen.
En las antípodas de la prédica republicana sobre la independencia que debería garantizar el Poder Judicial, Conte Grand y Macri se reunieron a almorzar en un concurrido restaurante del norte del Conurbano, donde los fotografió el periodista Pablo Duggan, de C5N.
Según dejaron trascender desde el entorno de los contertulios, el encuentro se gestó a instancias de Macri para ofrecerle a Conte Grand --que llegó a “timbrear” en campaña por el espacio en el que milita-- un conchabo en la Fundación FIFA. Destacaron además que no existiría conflicto de intereses ni nada cuestionable porque Macri no está en funciones y no está imputado personalmente en causas del fuero provincial, donde pesa fuerte el procurador, sino en el federal.
Para el ministro Alak, este tipo de reuniones "son impropias de la máxima autoridad de la Procuración General, socavan la confianza de la sociedad en la Justicia y ameritan una clara y urgente explicación a la población", dijo y agregó que "esta reunión genera, además, fundadas sospechas sobre el correcto tratamiento en el Ministerio Público de importantes investigaciones penales contra funcionarios del espacio político que lidera Mauricio Macri y múltiples causas de interés de esa fuerza opositora".
Conte Grand llegó a Procuración General bonaerense como hombre de confianza de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal luego de desempeñarse como secretario Legal y Técnico de esa gestión. En los años previos, cuando Macri era alcalde porteño, había sido procurador de la Ciudad de Buenos Aires, un cargo equivalente al del procurador del Tesoro en la gestión nacional. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) realizó en 2017 una presentación judicial para impedir su asunción como jefe de fiscales y defensores al señalar la afinidad política del candidato con el gobierno de Vidal y el incumplimiento de un requisito legal indispensable para ejercerlo: no contaba con dos años de residencia en la Provincia.
Más allá de que Macri no esté imputado en causas bonaerenses, un punto en común entre ambos es que Conte Grand también está acusado de armar expediente penales para perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios durante el gobierno de Vidal, en consonancia con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encabezada por Gustavo Arribas. De hecho la semana pasada, según reveló el portal Infocielo, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló por unanimidad una causa que impulsaban hombres de Conte Grand para intentar vincular a Daniel Llermanos, abogado del dirigente camionero Pablo Moyano, en una maniobra de aprietes.
La relación entre Conte Grand y la AFI de Macri & Arribas sumó otro capítulo en agosto del año pasado, cuando en medio de las denuncias por el espionaje ilegal se conoció que la agencia había comprado en Estados Unidos 120 teléfonos celulares que fueron encriptados por el propio organismo y repartidos entre exfuncionarios y personas que no ejercían ningún cargo en el gobierno nacional. Entre ellas estaba Conte Grand.
La Comisión Provincial por la Memoria, por su parte, lo denunció por disponer el cierre y archivo del trámite disciplinario contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, investigado por su actuación como agente de la Dippba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) durante la última dictadura. “Fundó su decisión en meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen la gravedad institucional de este hecho sino que van contra las mismas obligaciones que tiene la Procuración”, denunció la CPM.
El exjuez platense Carlos Rozanski fue uno de los primeros en repudiar la reunión de Macri & Conte Grand desde las redes sociales. “Corrupción y ostentación del poder real. Todo lo demás es verso”, escribió.
“La fotografía perfecta de un poder judicial decadente y corrupto”, escribió el diputado Rodolfo Tailhade, quien dedicó la imagen a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y a su presidente Marcelo Gallo Tagle, que “justo hoy sacaron el patético comunicado en el que dicen que no hay ninguna crisis de legitimidad en la justicia argentina”.
