Continúan los reclamos de los empleadxs judiciales de mejoras salariales y laborales, y que tienen como uno de sus pedidos principales la modificación de una acordada que fija sus salarios sobre la base a un porcentaje del sueldo que cobra el presidente de la Corte de Justicia de Salta. Con este fin los trabajadores solicitan saber a cuánto asciende ese monto.
La delegada de la asamblea de trabajadorxs judiciales Nora Abarza recordó que el saliente presidente del máximo tribunal provinical, Guillermo Catalano, hizo oídos sordos a este pedido y evitó dar a conocer cuánto percibe mensualmente.
"Nuestra porcentualidad es del 65% de lo que cobra el ministro de la Corte", señaló. "Pedimos que nos muestren cuánto cobra, no nos quieren mostrar" sostuvo. "Nos dijeron que era $227,000 de básico", señaló Abarza. Sin embargo, desconfían de esa cifra porque en la página del Poder Judicial vieron que un juez de primera instancia cobra $351.000. "No es caprichoso que nos muestren un recibo de sueldo, lo necesitamos para saber de donde parte nuestra escala salarial", manifestó.
Por eso el secretario general de la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y Ministerio Público, Oscar Lafuente, dijo que piden la modificación del primer punto de la acordada 9934, del acuerdo salarial que rige desde 2018, que se fija de acuerdo al básico del presidente de la Corte "del mismo mes pero del año anterior".
Lafuente dijo que debido a algunos acuerdos que fueron haciendo en el marco del reclamo salarial, sus sueldos se cobran de acuerdo al salario de marzo del presidente de la Corte. "Estamos pidiendo modificar a igual mes de igual año", sostuvo. Además, manifestó que quieren conocer los ítems que cobra quien ocupa la presidencia de la Corte, para "tener precisión sobre cuánto cobra y los índices de referencia a percibir".
Lafuente dijo que esperan que con la asunción de Ovejero a la presidencia, que se formalizará hoy, tienen esperanzas de llegar a un acuerdo. El próximo 16 de diciembre será la segunda audiencia de conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo.
El representante gremial señaló que además están pidiendo que lxs trabajadores contratados, que son alrededor de 100 en el Poder Judicial provincial, pasen a planta permanente. Abarza añaidió que hay contratados que han pasado años "como empleados de segunda" y que los obligaban a trabajar en las ferias judiciales y no les pagaban las compensaciones.
La referenta además señaló que quieren que a la hora de ascender se tengan en cuenta los años trabajados con contrato. Lxs trabajadorxs exigen también "equiparar la carrera administrativa del Poder Judicial y el Ministerio Público". "Los ordenanzas tienen que esperar 11 años para poder ascender en el Poder Judicial mientras que en el MPF, cinco años", señaló Abarza.
El contexto social y económico produjo que este año lxs trabajadorxs se sumen a las protestas que se hicieron notorias en la Ciudad Judicial y en los distritos del interior, "la inflación día a día afecta los trabajadores. Los que están en el más bajo escalafón son los más perjudicados", señaló Lafuente. Indicó que son unos 3500 los trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal de toda la provincia, incluyendo a funcionarixs.
"Nuestra carrera judicial es de 30 años, hay 10 categorías en el escalafón de administrativo. El director es la categoría más alta. La más baja es escribiente mayor, que cobra $52.000 y con horas extras puede ganar más pero debajo de los 73.000 que es la canasta básica alimentaria", precisó Abarza.
La delegada dijo que en la categoría de ordenanza, el básico ronda los $29.000 y el sueldo de bolsillo, unos 40.000.
Abarza contó que desde hace mucho tiempo, afiliados y no afiliados venían reclamando al gremio una asamblea en la Ciudad Judicial, que finalmente se hizo y empezaron a sumar trabajadorxs del distrito centro y del interior. "Hemos logrado una adhesión provincial en el Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal", manifestó.
Entre las exigencias de lxs trabajadorxs también está el pedido de un protocolo para situaciones de violencia laboral. "El Poder Judicial no es ajeno a esta situación. Hay cuestiones sucedidas entre jueces y funcionarios. Nosotros tenemos situaciones de violencia con algunos empleados o con compañeros entre ellos. Nos parece importante que haya un protocolo para detectarlo, prevenirlo, tomar medidas para que esto no suceda o se detenga", sostuvo Lafuente.
Lxs trabajadorxs judiciales esperan que en la segunda audiencia judicial, les acerquen propuestas y puedan llegar a un acuerdo.
