La falta de reconocimiento académico de la tecnicatura en Administración Social y de la Salud del Instituto Ramón Carrillo generó reclamos de quienes cursaron la especialización por casi dos años y medio. Hasta donde se pudo conocer, los y las cursantes se desempeñan en la Salud Pública de Salta y con esta tecnicatura esperaban poder lograr una recategorización a nivel salarial.

Según pudo establecer Salta/12, la capacitación fue dirigida a personal administrativo de la salud y se inició a fines de agosto de 2016 para concluir en 2018. Al momento del cursado, el alumnado conocía que no había un aval del Ministerio de Educación de la provincia que otorgara la validación pero continuaron sus estudios, dado que conocían que años anteriores el Instituto había dictado una carrera similar que había sido aprobada en su momento.

Varios de los cursantes realizaron una protesta pública ayer en reclamo de la entrega de los títulos oficiales. Cuando terminó la cursada les entregaron un certificado, pero luego se dieron con que no tenía ninguna validez legal y no era reconocido por la cartera de Salud. Los manifestantes dijeron que unas 80 personas de la ciudad de Salta y el interior provincial están en esta situación, luego de haber realizado grandes sacrificios para poder cursar con la intención de mejorar su condición laboral. 

Por otro lado, un grupo intentó continuar sus estudios con una licenciatura, propuesta a través de un presunto convenio entre el Instituto Ramón Carrillo (muy ligado a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA) con una universidad privada de Buenos Aires. 

Ayer se pudo saber que entre el grupo de cursantes que eligió esta posibilidad hay quienes se endeudaron pidiendo préstamos para poder continuar con sus estudios y obtener el título. Según se indicó, la cuota mensual para seguir ese estudio es de más de 8 mil pesos por mes, por lo cual muchos tomaron préstamos para continuarla. Además,  esta universidad ahora les requiere el título de la tecnicatura para que puedan seguir estos estudios.

En cuanto a la pretensión de mejorar su situación laboral, algunos de los cursantes indicaron que la última alternativa de solucionar el problema que les llegó por parte de un asesor legal de ATSA fue reclamar la recategorización ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. “Pero no queremos ir a Trabajo, queremos el título validado”, indicaron a Salta/12 quienes informaron de la situación y solicitaron la reserva de su identidad por temor a sufrir represalias.

Al hacer las consultas, desde el Ministerio de Educación de la provincia se informó que a “esta tecnicatura la realizan directamente con (el Ministerio de) Salud. No intervenimos nosotros. Por eso nunca se pudo darle un aval ni nada como luego solicitaban”. Sumaron a ello que en su momento desde el Instituto hicieron la presentación en la dirección correspondiente e intervino el área de Planeamiento Educativo. Fue entonces que se pidió al Instituto Carrillo “readecuaciones que nunca realizaron, desistiendo ellos así de la presentación (solicitada) por Educación”.

Desde Salud, en tanto, el coordinador de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de la cartera, Ricardo Carpio, respondió a las consultas de Salta/12 que si bien el caso es de “competencia del área de Gestión del Conocimiento (de ese Ministerio), también es cierto que es una situación compleja porque toda formación curricular debe ser aprobada conjuntamente por Educación y Salud”. El funcionario afirmó que por estos momentos “se está trabajando en encontrar una solución”.

Aunque este medio llamó al teléfono que aparece para comunicarse con la universidad privada que firmó el convenio, siempre respondió el contestador automático. Tampoco atendió a los requerimientos el asesor legal de ATSA, Pablo Morales, a quien se señaló como uno de los intermediarios para buscar las soluciones. Y Azucena Aguilar, la directora del Instituto, declinó de responder las consultas porque estaba por encabezar un acto de colación de grado. 

En esa misma colación de egresados de Enfermería, en los salones Legrand (también ligados a ATSA), se manifestaron algunos de los afectados por este cursado, hasta ahora sin solución posible a la vista.