Ayer estaba previsto que el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta dicte sentencia sobre los tres acusados por el robo millonario de caños del Gasoducto del NEA, el ex jefe comunal de Aguaray, Enrique Prado, el empresario mendocino Diego Alos y quien fuera el brazo ejecutor y luego arrepentido en la causa, Adrián Vera. Sin embargo, tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y la querella y sus pedidos de penas, así como las réplicas de las defensas, los jueces resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 16 de diciembre, a las 8.30, para deliberar y dar a conocer el fallo con los fundamentos.

Pasadas las 16 de ayer, el primero que tomó la palabra fue el fiscal federal Eduardo Villalba, quien pidió 8 años de prisión efectiva para el ex intendente y 7 para Adrián Vera y el titular de la firma OSYP SA, Diego Alos.

Villalba argumentó que Prado era responsable de robo agravado realizado en despoblado y en banda sobre el patrimonio del Estado nacional, y que la pena tipificada iba de los 5 a los 15 años como máximo. Por lo que para su equipo, y según lo que pudieron constatar, 8 años era una pena justificada, pidió cumplimiento efectivo de prisión e inhabilitación por el tiempo de la condena más las costas del proceso.

Sobre Alos sostuvo que la acusación es similar, y lo sindicó como coautor e ideólogo de la maniobra delictiva, “trasladándose de Mendoza con el solo objetivo de efectuar el delito, que generó un daño patrimonial al Estado de 5 millones de dólares a una obra estratégica”, relató Villalba. “Tenía una empresa constructora y conoce del oficio, pero vino a destruir, saquear y robar, y lo hizo a propia mano manipulando las máquinas él mismo, además participó de la redacción de la resolución municipal 1215, y fue el contratante de Vera, que era una persona que se movía en un mundo marginal, así como quien vendió los caños”, añadió el fiscal.

Asimismo ponderó que “el señor Alos no tenía dificultades para ganarse la vida”, por lo que no tenía motivos más que el dinerario, por lo que se preguntó: “¿qué nos queda para el que presenta dificultades entonces?". Sin embargo, a pesar de acusarlo por el mismo delito que a Prado, adujo que al ex jefe comunal le computan un año más por el solo hecho de haber sido funcionario al momento de cometer el delito, y por eso pidió 7 años de prisión para el empresario. “Es un cálculo misericordioso el que hemos aplicado, porque hechos más graves que estos no vamos a tener”, expresó más adelante. Y agregó que no pidieron más años de pena por la falta de antecedentes de ambos.

Sobre Vera, en cambio, volvió sobre sus argumentos esgrimidos en otras audiencias, cuando indicó que el también mendocino llegó a Salta a instancias de su comprovinciano Alos y de Prado, quienes lo contrataron para que fuera "el brazo ejecutor de la maniobra criminal”, porque tenía experiencia en el mercado de caños. Además del robo, le atribuyó la falsificación de documentación, entre ellos los remitos para trasladar los caños.

La Fiscalía indicó que el delito prevé penas de entre un año y ocho meses a 8 años y medio, y pidió que se le aplique una pena 7 años, “la pena casi máxima”, a la que sumó el pedido de inhabilitación, por considerarlo coautor del delito de robo agravado en concurso real con uso de documento privado falso. 

En este caso Villalba pidió que se ordene la inmediata prisión preventiva si el tribunal accede a la pena solicitada, “registra antecedentes condenatorios y de rebeldía, porque no fue fácil para la Justicia dar con él”, recordó. Vera estuvo prófugo varios meses hasta que se lo detuvo en Quilmes, provincia de Buenos Aires, mientras trasladaba un camión con caños. Más tarde se declararía “imputado colaborador” y sería una pieza clave para conocer los detalles y recabar información en la causa.

Villalba relató cómo se fueron recuperando los más de 200 caños del gasoducto que habían sido robados y muchos de ellos vendidos por los tres acusados. Contó que se secuestraron 53 en propiedad de la firma Comarfil, de Quilmes. Otros 15 que estaban siendo trasladados en febrero de 2020 y se encuentran en el Escuadrón de Gendarmería de Tartagal. Y 10 más que se encontraron en la empresa Vitali, de La Plata.

Otros 22 se secuestraron en abril de 2020 en la zona de donde se sustrajeron. Mientras que en el paraje El Desemboque, también en el norte provincial, se secuestraron 11 caños. A esto sumaron un allanamiento en la empresa Peterser, donde había 5 caños más. Y la firma MyP, tenía 123 caños que hoy están en los depósitos de Vialidad Nacional, mientras los últimos, 14 caños, fueron secuestrados camino a Alto La Sierra, en el límite tripartito con Bolivia y Paraguay, cuando estaban siendo trasladados. “En total fueron 252 caños”, informó el funcionario del Ministerio Público, y solicitó que sean puestos a disposición de la empresa estatal IEASA (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima), ex ENARSA.

El abogado querellante Sebastián Smith, que representa al Estado a través de IEASA, consideró que el pedido de la Fiscalía sobre Prado era exiguo, ya que “reportó una pérdida de 5 millones de dólares, que son lo que costaron, pero no se correlacionan con el daño ocasionado por la sustracción, porque significó la interrupción de la obra pública”.

Señaló que el ex intendente de Aguaray fue elegido por su pueblo y que “tuvo la posibilidad de recibir estudios superiores como ingeniero ambiental y, sin embargo, decidió delinquir”, por lo que solicitó 10 años de prisión efectiva e inhabilitación. Y adhirió al pedido de la Fiscalía de 7 años de pena e inhabilitación para Alos y Vera.

El acuerdo era otro 

La defensa de Vera, a cargo de la defensora oficial de Orán Julieta Loutayf, pidió solo dos años de prisión para su defendido, mostró su descontento con el alegato de Villalba y señaló contradicciones entre lo que éste solicitó al momento de aceptarle ser imputado colaborador y el pedido de sentencia final.

“El mismo fiscal reconoció que su aporte arrojó luz a la causa”, expresó Loutayf, y recordó que se había fijado por escrito una pena inicial, por reconocer su delito, “de tres años y no siete, así elaboramos la defensa”, por lo que consideró que se vulneró el derecho de defensa y el principio de congruencia. Y pidió al Tribunal que revise esa solicitud del Ministerio Público “y se ajuste a lo que se había dejado registrado al momento de la acusación”.

“Él quiso colaborar y por eso arribó a un acuerdo, y el mismo fiscal aceptó que hasta el momento no tenían nada”, añadió la defensora. Y luego fue más allá: “el fiscal pide prácticamente la misma pena cuando el único que colaboró fue Vera, y cuando reconocen que fue solo el ejecutor, cuando los otros fueron los ideólogos”, pero además subrayó que se había incorporado en el acuerdo la reducción de pena, “que terminó siendo de casi el máximo de lo que se lo acusa”.

Sumó como atenuante que su pareja está embarazada y tiene fecha de parto para abril de 2022, que es una persona “que no tuvo oportunidades en su vida”, y que solo trabajaba para Alos y Prado como contratado. A la vez que aseguró que la pena anterior era su primera, cuando era muy joven, y que solo fueron seis meses de prisión.

Fernando Teseyra, abogado de Enrique Prado, pidió la pena mínima, 5 años, al calificar de exagerados los pedidos de Fiscalía y la querella: “esa cantidad de años están más asociadas a causas que atentan contra la vida, y los delitos contra la propiedad no pueden considerarse de la misma manera que los que van contra la vida”.

“Era un intendente nuevo, tan nuevo que no alcanzó a cumplir un año en el ejercicio de su función”, acotó, y pidió su libertad condicional hasta tanto quede firme la condena. “Tienen que dejarle la posibilidad de reencauzar su vida, que vuelva al punto en el que se encontraba antes de asumir como intendente”, imploró. 

Mauricio Cardello, defensor de Alos, optó por el mismo camino y pidió la pena mínima que prevé la acusación (5 años). El abogado dijo que el empresario mendocino “es una persona de 45 años y que siempre tuvo una conducta ajustada a derecho”. “Una persona a su edad ya tendría antecedentes suficientes, y él siempre fue un trabajador, padre de familia y sostén”, agregó. También pidió la libertad hasta que la sentencia quede firme bajo el argumento de que en ningún momento intentó fugarse y que se mantuvo en su casa de Mendoza con su familia.

Antes de escuchar al Tribunal, Villalba pidió una réplica para contestarle a la defensora de Vera. Reconoció lo acordado en un primer momento, pero aclaró que era, y está aclarado en un inciso, “solo una estimación para determinar la pena final”. “No puede ser vinculante (el documento firmado) porque si no no tendría ningún sentido el proceso posterior”, añadió. A la vez que rememoró que Vera estuvo prófugo de las Justicia varios meses, por lo que podría volver a hacerlo antes de que la sentencia quede firme si es que no se lo somete a prisión preventiva.

Los jueces integrantes del TOF, Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule, decidieron un cuarto intermedio hasta el jueves próximo para dar a conocer su fallo y los fundamentos.

La ejecución de la megaobra del Gasoducto del NEA, proyectada en 2003 con el objetivo de llevar gas natural al noreste de Salta y a las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe, con una inversión de 2 mil millones de dólares, fue suspendida con la llegada del macrismo al gobierno nacional.

Si bien se había finalizado el 80% del tramo en las demás provincias, fue en Salta donde quedaron paralizadas las obras. Allí se depositaron los caños, valuados en unos 5.000 dólares cada uno, que quedaron acumulados a la vista de quienes por allí circulaban.

El robo de al menos 228 de estos caños, a finales de 2019 y comienzos de 2020, es el hecho que derivó en el juicio oral que comenzó a finales de junio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta, y que culminará el lunes con la lectura de los penas impuestas a los tres declarados culpables en la causa.