Desde Santa Fe
Lo que querían los dos Jorge -Lagna el ministro de Seguridad y Bortolozzi, su número dos- ya lo tienen. El gobernador Omar Perotti traspasó al Ministerio de Seguridad, la actual Secretaría de Asuntos Penales –que hoy está a cargo de Walter Gálvez- y todas sus dependencias: el Servicio Penitenciario Provincial, el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) y la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria con las mismas estructura y competencia que tenían cuando estaban en el ámbito del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Roberto Sukerman. El decreto 2.800 que formalizó el cambio tiene el refrendo de Lagna y de Sukerman, que podría ser una de sus últimas firmas porque si hay un secreto a voces en la Casa Gris es que el ministro de Gobierno sólo espera que designen a su reemplazante.
Perotti justificó la decisión de volver atrás con lo que había decidido en diciembre de 2019, cuando pidió a la Legislatura la reforma de la ley de Ministerios, y uno de los cambios era el pase del Servicio Penitenciario al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. “La dinámica de la gestión de gobierno aconsejan agrupar en una misma cartera ministerial las cuestiones que se vinculan con la seguridad pública”, dijo el gobernador, que es lo contrario de lo que planteó hace dos años.
El nuevo “criterio” es “asignar al Ministerio de Seguridad las competencias relativas a la organización y funcionamiento del Sistema Penitenciario Provincial”, explicó Perotti. Por lo tanto, “corresponde” incluir en el cartera de Lagna la “estructura de la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios” que dirige Walter Gálvez. En el área, quedó vacante la Subsecretaría de Asuntos Penales que ocupaba Bortolozzi antes de convertirse en secretario de Seguridad.
Perotti dijo que el recule por decreto estaba autorizado por la ley Orgánica de Ministerios. “El artículo 32 de la ley 13.920 autoriza al Poder Ejecutivo reasignar en lo sucesivo las competencias de los Ministerios y Secretarías de Estado, dentro de la estructura de gabinete que la norma prevé y siempre que no se alteren el número y la denominación de los mismos, ni se modifiquen los contenidos de las competencias enumeradas y el criterio de especialidad establecido en la misma”, aclaró.
La otra ley que esperan Lagna y Bortolozzi es la que declara en “emergencia” al Servicio Penitenciario que ya tiene media sanción del Senado y Perotti incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias. El plazo de la “emergencia” es por nueve meses que incluyen “aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales del Servicio Penitenciario de la provincia”. El “objetivo es dotar de eficiencia, seguridad y modernizar el funcionamiento” del área “en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática”.
Una de las normas autoriza al ministro –que antes era Sukerman y ahora será Lagna- a convocar a una Mesa Interinstitucional Penitenciaria, como “un ámbito de trabajo que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado de la materia penitenciaria y de la ejecución de la pena privativa de la libertad por parte de los distintos organismos del Estado”. Para eso, se aspira a “un plan detallado de trabajo con las medidas a adoptar y los protocolos respectivas en cada una de las unidades penintenciarias y centros de detención, teniendo en cuenta sus características, situación funcional, infraestructura, necesidad de equipamiento, personal disponible y demás condiciones”.
El objetivo es equipar con “equipos o sistemas de inhibición de señal y llamadas de telefonía móvil o internet inalámbrica, garantizando el bloqueo de señal no perjudique o afecte los servicios de comunicaciones en las zonas cercanas” a las cárceles.
La ley que deberá tratar la Cámara de Diputados autoriza a Perotti “a extender el plazo de la emergencia de nueve meses, por tres meses más, por única vez y siempre que sea necesario para cumplir" con el método Lagna.
