El jefe de los fiscales de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, fue denunciado por violencia laboral y de género, persecución y amenazas por una subordinada suya. Es la segunda abogada y funcionaria del Ministerio Público de la Acusación --el organismo que él encabeza y que fue creado en 2015 por el gobernador Gerardo Morales por fuera del Poder Judicial-- que lo acusa de maltrato, insultos, humillaciones, entre otras situaciones. “Hace cinco años que presto servicios en el MPA como prosecretaria de Juzgado y jamás se me ascendió. En cambio, se me ha trasladado de sector de trabao diez veces. Hace cinco años que sufro distintos tipos de hostigamientos, amenazas y violencia. Soy madre sola de dos hijos menores de edad, uno de ellos de riesgo, y ambos están a mi cargo. Trabajé bajo amenazas y terror de perder mi trabajo. Hoy me encuentro con carpeta psiquiátrica como consecuencia de todo lo que viví allí adentro”, contó a Página 12 María Eugenia Río. La acompaña en su denuncia la Multisectorial de Mujeres de Jujuy. La salida de Lello Sánchez del MPA fue uno de los reclamos del 25 de noviembre en la capital provincial, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La marcha de organizaciones feministas pasó por la Casa de Gobierno, el Consejo Provincial de la Mujer y el MPA.

Sergio Lello Sánchez es el ariete de Gerardo Morales contra Milagro Sala.

“Es inconcebible que dentro de ese Ministerio, el Jefe de los Fiscales, quien está a cargo de garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género y de cumplir con la obligación estatal de prevenir, investigar, sancionarla, ejerza sobre sus empleadas y funcionarias esa violencia, cosificación y misoginia, hasta extremos de arrojar a subordinadas a tratamientos psicológicos, psiquiátricos e inclusive con prescripción de medicamentos. Repudiamos la actitud intimidatoria de este hombre que no hace más que demostrar cada día su odio hacia las mujeres”, dice el comunicado de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, que se difundió en los últimos días.

Río entró a trabajar en el MPA en setiembre de 2016. Según contó, el maltrato de parte de su jefe lo empezó a sufrir a partir de febrero de 2017.

“Me ha llegado a amenazar con que si no presentaba una nota en contra de un compañero de trabajo al día siguiente mis hijos y yo quedábamos en la calle; como castigo me quiso mandar a trabajar a un sótano, me amenazó diciendo que como me hizo entrar por una puerta me haría salir por una ventana y mientras él estuviera en el Ministerio jamás ascendería. Desde setiembre me encuentro con carpeta psiquiátrica y aun así continúan los hostigamientos y las persecuciones. Me mandó a denunciar a través de amigos, me imputó una causa en dos días, me inculpó públicamente la paralización de expedientes cuando yo ya no me encontraba trabajando en la fiscalía a la que él hacía referencia. Perdí un embarazo en julio durante la feria judicial y le pedí por favor que me reconozca esos días como licencia así podía tomarme vacaciones porque no me encontraba ni psicológica ni físicamente preparada para volver a trabajar y nunca me contestó. Volví como pude, y mi primer ataque de pánico fue en el trabajo. Llegué a producirme autoflagelaciones en los brazos, se me caía el pelo, no conciliaba el sueño, perdí 10 kilos de peso, tengo pesadillas, cada vez me aumentan más la medicación. Lello Sánchez entre los fiscales me trataba de puta, de gato, y a los hombres con los que he trabajado ha llegado a preguntarles si se han acostado conmigo”, relata la prosecretaria.

Río presentó contra Lello Sánchez una denuncia penal el 11 de noviembre con el patrocinio de los abogados Jorge David Albesa y Julián Martín Palmieri, y otra civil, el 3 de diciembre, en la que reclama medidas cautelares, con la representación legal de la abogada feminista Mariana Vargas. En ambos escritos, detalla diferentes situaciones de violencia psicológica perpetradas, según denuncia, por el jefe de los fiscales de Jujuy. “Lello Sánchez emplea el elemento disciplinador en todos los casos. Hacemos hincapié en su misoginia y lo que provocó en Río. Decía que era amante de todos, hizo que ella cambiara su forma de vestir. Ya no se podía arreglar. Cuando ocurren estas violencias las mujeres nos terminamos adaptando. Esta denuncia debe ser analizada en el Juzgado Especializado en Violencia de Género para que se ordenen medidas cautelares para frenar este nivel de daño que está sufriendo ella. Sigue siendo hostigada a pesar de que está con licencia médica”, señaló Vargas.

Lello Sánchez argumentó que el origen del malestar de la denunciante fueron su rigidez y su intención de avanzar en la tarea judicial. Casi lo mismo que alegó el periodista Antonio Laje frente a las denuncias en su contra por acoso y violencia laboral: Laje se defendió diciendo que sus subordinadas habían confundido “exigencia” con maltrato.

Vargas recordó que en 2019 otra funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, Agustina Aramayo, denunció “exactamente lo mismo” que Río, los mismos mecanismos de maltrato y hostigamiento y finalmente logró el traslado al Poder Judicial. Aramayo trabajaba directamente con Lello Sánchez y denunció que la persiguió durante tres años y medio, la cambió una decena de veces de dependencia: para ella, el maltrato comenzó cuando él le mostró una foto suya en la marcha del Ni una Menos del 8 de marzo de 2016 en Jujuy, donde acompañaba a su hermana en silla de ruedas. Lello Sánchez llegó a constituirse en único integrante de una Junta Médica el día que Aramayo pidió una licencia de reposo obligatorio por probable pérdida de un embarazo. El jefe de los Fiscales --igual que hizo este año con Río-- redujo los 30 días a 5, y Aramayo, contó en la Legislatura provincial, perdió ese embarazo.

La denuncia penal que presentó Río contra Lello Sánchez paradójicamente tramita en el mismo MPA: está a cargo del fiscal Javier Sánchez Serantes, subordinado del denunciado. Y la jueza de control a cargo del expediente es María del Rosario Hinojo, titular del Juzgado N° 2 Especializado en Violencia de Género. La demanda civil recayó en el Juzgado N° 1 Especializado en Violencia de Género a cargo de la jueza Mónica Cruz Martínez pero se declaró incompetente y pasó las actuaciones a su colega Hinojo. Y el viernes, Hinojo también se declaró incompetente en esa causa. Es decir, se tiran la pelota pero ninguna magistrada se anima a ordenar alguna medida cautelar para frenar las situaciones de violencia denunciadas por temor, seguramente, a represalias.

“Espero que la justicia haga algo de una vez por todas porque ya no se puede trabajar más de esta manera”, pide Río.