El potencial hallazgo de nuevas imágenes en las cámaras de seguridad privadas de la zona y el resultado final que arrojen los exámenes toxicológicos se anticipan como los elementos claves que tendrá la investigación que intenta esclarecer el asesinato, en Miramar, de Luciano Olivera, el chico de 16 años que este viernes a la madrugada fue ultimado de un disparo por el policía Maximiliano González.

A pesar de que la formación de la causa tiene poco más de veinticuatro horas, la titular de la fiscalía descentralizada de Miramar, Ana María Caro, ya pudo reunir una “prueba provisoria” que resultó satisfactoria para el juez de Garantías Gabriel Bombini. De ese modo, se hizo lugar al pedido para que permanezca detenido el agente de la Bonaerense de 25 años, quien se encuentra alojado en en el pabellón de miembros de fuerzas de seguridad de la Unidad Penal Nº44 de Batán.

Parte del sustento de esa prueba son las imágenes obtenidas de unas de las cámaras de seguridad que llegó a analizar la fiscalía, en donde se observa con cierta nitidez el momento en exacto en el que González gatilla el único balazo que termina con la vida del adolescente, en la zona de la calle 9, entre 34 y 32.

Pese a que el asesinato ocurrió de madrugada y a la interferencia que generan las luces en la visibilidad, el video que está en manos de la Justicia miramarense reconstruye la secuencia en la cual Luciano circula en moto y se encuentra de frente con el móvil policial que iba con cuatro efectivos a bordo, según la descripción de la propia fiscal. “De las mismas imágenes surge que solo se habría efectuado un disparo”, dijo este sábado a la prensa, a la salida de Tribunales.

Pero Caro no se mostró conforme con este hallazgo y apostó por encontrar otras imágenes para completar el detalle de la reconstrucción del asesinato. “La mayoría de las cámaras que secuestramos son privadas, y algunas todavía están siendo bajadas porque no es posible que lo hagan las mismas personas de las casas, por lo que hay que recurrir a técnicos y demás y eso lleva tiempo. Pero estamos tratando de analizar la situación con mayor detalle y habrá un informe a la brevedad sobre todo lo que se pudo observar”, sostuvo, y aclaró: “Todo lo que tenemos a esta altura es provisorio”.

Corazón perforado

Respecto de la causa del deceso, el informe preliminar de la autopsia no dejó margen para la duda y ratificó que Luciano Olivera sufrió una “muerte inmediata” a causa del shock hipovolémico que le provocó el impacto del proyectil del policía. La bala ingresó por el pecho y salió por la espalda, y en el camino perforó el corazón y la parte inferior del pulmón derecho del chico, además de ocasionarle una lesión hepática mortal.

Por eso, al oficial Maximiliano González se lo acusa de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la condición de policía". En la indagatoria a la que se sometió este sábado y donde se lo notificó de la imputación, que tiene una expectativa de pena de cadena perpetua, optó por no prestar declaración ante la fiscal, tal como se lo sugirieron sus abogados defensores, Lautaro Resúa y Carla Medina.

Lo que falta

Uno de los informes que espera con mayor premura la fiscal Caro tiene que ver con el análisis de la muestra de sangre que se le extrajo al policía para verificar o descartar su accionar bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia estupefaciente, una versión que extraoficialmente tomó fuerza con el correr de las horas al tener en cuenta la imprudencia y el momento del día en que se produjo el trágico desenlace.

También restan anexar a la causa los relevamientos de los registros que se obtuvieron de las cámaras de seguridad en base al trabajo de la Policía Federal (haciendo aplicación de la resolución 1390, la fiscal apartó desde un primer momento al personal de la Bonaerense) y los informes de planimetría. Precisamente, la falta de algunos elementos centrales que aún no fueron incorporados a la investigación fue lo que llevó a los abogados defensores del imputado a alentarlo a no declarar.

Fuentes judiciales consultadas por Página/12 también aseguraron que no se adjuntó el informe médico que se le hizo a Maximiliano González. La defensa, por lo pronto, exigió que el hombre sea nuevamente evaluado por los profesionales médicos de rigor y que reciba asistencia psicológica para transitar esta etapa del proceso.

“No es gatillo fácil”

Según Resúa, uno de los defensores, todavía no hay elementos que permitan afirmar que el hecho se enmarque dentro de un “delito doloso” y pidió esperar por la presentación de la totalidad de las pruebas para reconstruir la secuencia exacta de los sucesos que conmocionaron a Miramar y el país. “Acá no hay abuso de la policía ni gatillo fácil. Nada de eso”, aseveró, ante la consulta de este medio.

La reconstrucción oficial del asesinato que hizo la policía dice que a las 4 del viernes, dos agentes intentaron identificar a Luciano cuando circulaba a bordo de una moto Yamaha 125 en inmediaciones de una plaza. Y, según el mismo relato policial, el adolescente no se detuvo y escapó, por lo que los agentes dieron un aviso por radio para localizarlo.

Así fue que, en calle 9 entre 34 y 32, el chico se detuvo al ser interceptado por un móvil policial, con Maximiliano González y otros tres efectivos a bordo. Pero cuando los policías se acercaban, Luciano retomó la marcha, aseguran los agentes. Uno de los agentes se sintió amenazado y sacó su arma “de la que se escapa accidentalmente un disparo (tal la manifestación espontánea del efectivo) que impacta en el tórax del joven quien cae inmediatamente al piso”, según consta en la descripción del mismo parte.

Entre las partes interesadas también se sumó rápidamente la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), después de haberse puesto en contacto con la familia del chico asesinado. Una vez que se admitieron sus presentaciones, se constituyó como particular damnificado institucional en calidad de mecanismo local de prevención de la tortura.

Los integrantes del organismo, que ya anticiparon una dura acusación a la Policía Bonaerense de “desatar una persecución desmedida y mortal”, adelantaron algunas diligencias en la fiscalía, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y ante la Procuración General.

Consenso de “pacificación”

Los gravísimos incidentes que se desataron durante las manifestaciones de la mañana y la tarde del viernes en Miramar no pasaron desapercibidos para nadie, y menos para el ámbito judicial. En esa misma nochea, se hizo la presentación de un habeas corpus por parte de los representantes legales de CPM ante el Juzgado de Garantías N° 5 marplatense, a cargo de Bombini.

El magistrado, entonces, respondió de inmediato con la convocatoria a una audiencia “extensa” que se llevó adelante en la sede de la fiscalía miramarense, con participación de algunas de las partes involucradas, como la fiscal Ana María Caro, autoridades municipales de las secretarías de Seguridad y Derechos Humanos, funcionarios de la cúpula policial de la ciudad y hasta del propio ministro de Seguridad, Sergio Berni.

El consenso de todos los presentes fue tratar de llevar “paz” a Miramar en el marco del caos que ocasionó la injustificada muerte de Luciano. “La idea era justamente tratar de pacificar y de ver cuál sería la actitud de la Policía Bonaerense, que era lo que estaba cuestionando a partir de este hecho y de todo lo que sucedió con posterioridad. Se hicieron varias propuestas y entiendo que acá hay mucha gente con buena voluntad”, dijo la fiscal Caro, quien agregó: “Creo que la situación mejorará. Nosotros, mientras tanto, tenemos que seguir con el proceso”.

En esa misma línea, y tras el encuentro, la representante del Ministerio Público Fiscal no pudo no empatizar con el dolor y la bronca que expresaron los familiares, amigos y vecinos del chico de 16 años: "Es muy difícil describir lo que se siente como sociedad cuando pasa un hecho de esta naturaleza; es muy triste para todos".