Leonel Gómez Barbella, el fiscal de la causa por el homicidio calificado de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por efectivos de una brigada de la Policía de la Ciudad, pidió este sábado la detención de otros ocho efectivos de la misma fuerza de seguridad por el encubrimiento del crimen.

También solicitó la ampliación de indagatoria para los seis policías ya detenidos por "encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas", a lo que ya accedió el juez Martín del Viso, que dispuso que se hagan el lunes a partir de las 9.30.

De acuerdo al requerimiento de 27 páginas, al que tuvo acceso Télam, Gómez Barbella pidió la detención inmediata del comisario inspector Daniel Santana; del comisario Rodolfo Ozan; del subcomisario Ramón Chocobar; de los principales Teresa Scorza y Damián Lobos; del oficial mayor Santos Ochoa; del oficial primero Ernesto Martínez y del oficial Sebastián Baidon.

Según las pruebas reunidas por el fiscal, a estos últimos ocho efectivos les atribuye “haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas” por la Policía Federal Argentina (PFA), como así también las “privaciones ilegales de la libertad” a los tres sobrevivientes y la “alteración” de los rastros y pruebas”.

Por otro lado, también les endilga “haberle aplicado tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos a Lucas González, Joaquín Zúñiga Gómez y a Julián Sosa”.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) considera que incurrieron en los mismos delitos por los que ya se encuentran detenidos el comisario Juan Romero y el subcomisario Roberto Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, todos efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

“Los policías aquí acusados fueron quienes participaron en este procedimiento fraguado donde se continuó con la línea falaz instalada por (Gabriel) Issasi, (José) Nievas y (Fabián) López aparentando como un 'tiroteo' entre los niños y los policías y para reforzar ese escenario armado, les plantaron el arma de cotillón dentro del rodado en el que iban Lucas, Julián, Joaquín y Niven”, aseveró Gómez Barbella.

En cuanto a los tormentos sufridos por las víctimas, el fiscal destacó el testimonio de una vecina del lugar, del cual se desprende “que los niños permanecieron detenidos y esposados, boca abajo desde el comienzo del procedimiento hasta horas del mediodía en donde allí mismo también les propiciaron las frases tendientes a imponerles graves sufrimientos psíquicos”.

“No olvidemos la situación penosa que debieron sufrir esposados boca abajo y luego sentados esposados durante más de dos horas en una vereda y por siete horas dentro de un patrullero --en total más de 10 horas-- allí sin poder comer ni beber absolutamente nada y con un calor agobiante e inhumano, como lo indicaron durante la reconstrucción y en las exposiciones ante el Instituto Inchausti”, señaló el funcionario judicial.

En tanto, aclaró que “aquel funcionario que aunque no haya participado de alguna de las tantas maniobras delictivas desarrolladas pero tenga conocimiento de ellas y omita evitarlo, tuviese o no competencia para hacerlo, cae indefectiblemente en un ilícito grave”.

En ese sentido, remarcó la situación del comisario Ozan, quien cumple funciones en la Comisaría Vecinal 4A, y acudió a la escena del crimen “no como un acto de colaboración” ni para garantizar “la legalidad del procedimiento”, sino “para intentar lograr la impunidad de sus colegas de la Comisaría aledaña”.

“Llama poderosamente la atención que se haga presente en otra jurisdicción que no es la propia (resultando ser la autoridad máxima de una Comisaría Vecinal), ser uno de los primeros en comparecer (…) resultando imperioso que Rodolfo Ozan brinde su versión de los hechos”.

Por parte, Gómez Barbella también solicitó al juez Del Viso la ampliación de indagatoria para los policías Romero, Inca, Du Santos, Cuevas, Fariña y Miño.

El magistrado accedió a este último pedido del fiscal y ordenó que se lleven a cabo las indagatorias el próximo lunes a partir de las 9.30 de manera virtual, a través de la aplicación Zoom.

Gregorio Dalbón, el abogado que representa a la familia del adolescente asesinado, dijo a Télam que acompaña “ambos pedidos del fiscal” y espera que en las próximas horas el juez Del Viso resuelva favorablemente la solicitud de detención de los últimos ocho policías.

El crimen sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.

Fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital "El Cruce" de Florencio Varela. En la autopsia se determinó que presentaba una herida de surco de proyectil en un pómulo, también disparado por la policía.