Desde Lima

Un nuevo juicio contra el exdictador Alberto Fujimori, actualmente en prisión en un cuartel policial en Lima. Condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, y con otras sentencias por cargos de corrupción, ahora deberá responder ante los tribunales por las esterilizaciones forzadas practicadas durante su régimen. Se estima que unas 300 mil mujeres, en su mayoría campesinas quechuahablantes de las zonas más pobres y excluidas del país, fueron esterilizadas contra su voluntad como parte de un siniestro programa para reducir la población de los sectores más pobres. Este sábado, después de más de veinte años de lucha de las víctimas por alcanzar justicia, un juez dispuso iniciar un proceso penal al exdictador por este caso. Junto con Fujimori serán juzgados tres de sus ministros de Salud.

El inicio del juicio al autócrata que gobernó el Perú entre 1990 y 2000 tendrá que esperar que Chile autorice ampliar su extradición. Después de huir del Perú en noviembre de 2000, Fujimori fue extraditado desde Chile en 2007 para ser juzgado en el Perú. La extradición no incluía el caso de las esterilizaciones forzadas. Especialistas estiman que el proceso de extradición podría durar alrededor de un año. Los ministros de Salud que serán juzgados como responsables de haber planificado, organizado y dirigido, junto a Fujimori, las esterilizaciones forzadas, son Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong. Aguinaga, médico de cabecera del encarcelado exdictador, es actualmente congresista por el partido fujimorista Fuerza Popular.

Delito contra la vida

El juez Rafael Martínez dispuso abrir proceso penal contra los acusados como autores mediatos por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte. Se señala que los acusados planificaron y ordenaron las esterilizaciones forzadas, las cuales, señala el juez, se cometieron en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. El proceso que se le iniciará a Fujimori y sus exministros incluye solo a una parte de las víctimas, a 1.300 mujeres, cinco de las cuales murieron como consecuencia de las intervenciones.

Más de una vez este caso estuvo cerca de terminar en la impunidad. La fiscalía inició una investigación el año 2002 y desde ese momento hubo varios intentos de archivar el caso, hasta que en 2018 se presentó acusación contra el exdictador y sus ministros. Se debió esperar hasta marzo de este año para que se inicien las audiencias judiciales para definir si se abría un proceso judicial en base a la acusación fiscal, audiencias han tomado nueve meses.

“Ha habido muchas trabas, tropiezos, pero gracias a Dios se ha decidido que se vaya a juicio. Sentimos una gran alegría por eso, esperamos que los culpables vayan a la cárcel. Esta decisión nos devuelve la vida al alma, nos da esperanza de justicia, es un aliciente para nosotras”, le señaló a Página/12 María Elena Carbajal, una de las víctimas de las esterilizadas forzadas. Reclama justicia desde 1996, cuando fue esterilizada contra su voluntad.

Engaños

Las mujeres eran engañadas para ser esterilizadas o forzadas para sr sometidas a esta intervención. Los trabajadores de salud aprovechaban cuando alguna mujer iba a un centro de salud para someterla sin su consentimiento informado a una esterilización, a otras las engañaban ofreciéndoles alimentos para que vayan a los puestos de salud y ahí las operaban, las presionaban, las amenazaban con quitarles la ayuda social o diciéndoles que ellas o sus esposos irían a prisión o que les podían quitar a sus hijos si no aceptaban la intervención quirúrgica. 

La mayoría era quechuahablante y les daban un documento escrito en español para que lo firmen como autorización a la intervención que nunca les explicaron de qué se trataba, y muchas de las que no firmaban igual eran operadas. La acusación fiscal precisa que las autoridades del gobierno daban incentivos a los médicos para que realicen la mayor cantidad posible de esterilizaciones y se sancionaba, incluso con el despido, a los trabajadores de salud que no esterilizaban a la cantidad de mujeres que les habían ordenado.

César Nakasaki, abogado de Fujimori, le adelantó a este diario que se opondrán al pedido a Chile para ampliar la extradición del exdictador alegando que el delito a prescrito. “Se dice que el delito de lesiones graves ocurrió en un contexto de violaciones a los derechos humanos, pero alegaremos que los delitos de derechos humanos no son imprescriptibles. Otro argumento será que en caso se hayan dado esterilizaciones forzadas la responsabilidad es de los médicos que la practicaron, no del presidente Fujimori porque a un médico no se le puede ordenar cómo realizar una operación”.

Jurisprudencia

En diálogo con Página/12, Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que representa a las víctimas, le respondió al abogado de exdictador. “El juez ha señalado una gran cantidad de jurisprudencia, internacional y nacional, de que los casos de violaciones a los derechos humanos no prescriben. También ha citado múltiple evidencia de que la política de esterilizaciones fue promovida e implementada por Fujimori y sus ministros. Hay oficios que mandan los ministros de Salud a Fujimori dándole cuenta cómo se van implementando las esterilizaciones. Fujimori tenía pleno conocimiento de lo que se hacía. Todo se decidió desde el más alto nivel del gobierno”.

Se ha dado un importante paso para terminar con la larga impunidad en el masivo crimen de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, pero el proceso para llegar a una sentencia todavía será largo, podría tomar seis o siete años, según el abogado Florián.

“Sabemos que van a haber obstáculos, pero seguiremos en la lucha y no nos dejaremos vencer”, dice María Elena Carbajal, aliviada y feliz con esta victoria judicial que llega como una esperanza de justicia.

Preso privilegiado 

A pesar de la gravedad de sus delitos, el exdictador Alberto Fujimori, de 83 años, es un preso privilegiado. Cumple condena a 25 años por crímenes de lesa humanidad en un amplio espacio acondicionado especialmente para él en un cuartel de la Policía en las afueras de Lima. 

Es el único detenido en esa prisión VIP, en la que tiene una habitación, una salita para recibir visitas, un estudio para pintar, cocina y un pequeño huerto para sembrar. Está en ese lugar desde que fue extraditado de Chile en 2007, una indignante situación de privilegio. El actual ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho que Fujimori debería ir a una cárcel común, pero hasta ahora ese anuncio ha quedad solo en palabras.