Frente a las acusaciones mediáticas y la ampliación de la imputación en su contra por realizar un aborto legal, que la acusación sostiene que fue sin el consentimiento de la joven gestante, la médica residente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Miranda Ruiz, apuntó contra quienes, consideró, la vienen difamando, entre los que señaló a organizaciones y personas que usan la causa abierta en su contra para militar en contra de la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Además de explicar todos los pasos que se siguieron para realizar el aborto legal a una joven de 21 años en agosto, a las 22 semanas de gestación, la médica comparó el tratamiento que recibe el ginecólogo Marcelo Cornejo, que se desempeña en el mismo hospital público y a pesar de que "fue denunciado “penal y administrativamente por abuso sexual de pacientes en ejercicio de su función como ginecólogo, sigue trabajando como tal en el ámbito privado"; en cambio "a mí me han metido presa por cumplir con una ley nacional que amplía los derechos de las mujeres”. 

Recordó que ella fue una de las denunciantes del médico en las dos oportunidades que se realizó la denuncia penal primero, y administrativa después ante la gerencia del Hospital. En este caso, destacó que lo hizo cumpliendo con la obligación que tienen profesionales de la salud de “notificar los abusos, justamente porque las pacientes, muchas veces, son muy vulnerables para hacerlo”.“Cornejo tiene el móvil de vengarse contra mí porque me animé a denunciarlo por abuso sexual”, ratificó la médica. 

Luego apuntó contra la concejala de Salvador Mazza, Claudia Subelza, la primera de las denunciantes que difundió que se había realizado el aborto legal. Ella, dijo Ruiz al referirse a la legisladora, “tiene el móvil de justificar su militancia en contra de la ley de IVE”. En la misma línea señaló a la diputada provincial Cristina Fiore, que se refirió a la médica en sus manifestaciones en la Cámara Baja. Ella “también milita en contra de la ley de IVE”, dijo Ruiz. “Usaron políticamente a la paciente, a su familia y a mí. Mintieron sobre la paciente y sobre mí en la Legislatura, en los medios y en las redes sociales, para generar un clima social que posibilite mi detención, presionando así a la Justicia de Tartagal”, sentenció.

El escrito de la profesional médica tuvo como disparador publicaciones que empezaron a difundirse en medios llamados nacionales. Ruiz entendió que la tendencia de algunas personas que se dedican al periodismo “se evidencia cuando concluyen luego de mentir y difamarme: ‘este caso expuso con toda crudeza la consecuencia de una Ley’”.

“Yo les pido a todes les que tienen responsabilidad en los medios (de comunicación) públicos que militen con honestidad sus ideales políticos. Basta de engañar a la población. Llama la atención que no miden el daño, ni a la paciente ni a mí, ni a todes les que me rodean. Les invito a ver si se aguantan aunque sea un mes, asistiendo con los calores del norte a las comunidades rurales, con todas las necesidades y problemáticas con las que lidiamos todos los días. A ver si se educan y dejan de perjudicar a la sociedad”, afirmó la profesional que se desempeña en las zonas del Chaco salteño que presentan una mayor vulneranibilidad en sus derechos.

El delito es no hacer una ILE o IVE

“Si nos negábamos a garantizarle (a la joven de 21 años ) el derecho a la interrupción del embarazo con todas las valoraciones realizadas, eso sí sería un delito. Como indica el artículo 85 bis del Código Penal: obstruir, dilatar o negar la provisión de una IVE/ILE cuando se cumple con los requisitos legales, como en este caso, es un delito”, recordó Ruiz.

Explicó que la Ley 27.610, tal como lo establecía el Código Penal desde 1921, permite la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud biopsicosocial de la gestante presentan un riesgo durante el embarazo. Además, la ley establece que esta causal la certifica el equipo de salud sobre la base de lo que la mujer expresa y el criterio profesional evalúa, y en ningún caso puede judicializarse. “En este caso puntual, la causal fue expuesta por la paciente, evaluada por un equipo interdisciplinario de profesionales (la trabajadora social, la psicóloga y yo), discutida y avalada por la Institución, con la participación de la Gerencia, el Supervisor de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Salta y el Jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia”, ratificó, reiterando los argumentos presentados ante el fiscal acusador, Gonzalo Vega, que de todas maneras direccionó la imputación contra la médica.

Al referirse a la ampliación de la imputación, Ruiz dijo que “la fiscalía dice que el aborto fue sin el consentimiento de la paciente. Sin embargo, el consentimiento informado está firmado por mí y por la paciente en la Historia Clínica. Consta en la Historia Clínica que el tratamiento fue autoadministrado: le damos las pastillas y ella las toma”. De hecho, se deben ingerir más de una pastilla, y esta ingesta se hace sin necesidad de la presencia del médico o médica que haya intervenido en el procedimiento. Es así que, explica nuevamente Ruiz, “cuando se produce el aborto yo no estaba en el Hospital, ya que mi turno había finalizado”.

Como detalle de este aborto en particular explicó que “la paciente viajó desde otra localidad con el único propósito de solicitar la práctica, fue debidamente informada y brindó su consentimiento, tomó las pastillas por voluntad propia y estuvo internada en el servicio, como corresponde, hasta que ocurrió la interrupción”. Añadió que al ser una mujer adulta “no puedo obligarla ni a usar pastillas ni a firmar un papel”. Resaltó en este punto el cuestionamiento que hizo Vega sobre la validez de un consentimiento informado “escrito y firmado en la Historia Clínica por el profesional y la paciente”, al momento de ampliarle la imputación. Esto, dijo, “fija un precedente que pone en riesgo a todas las prácticas de les profesionales de la salud, dejando en total indefensión a les profesionales frente a litigios indiscriminados que puedan suceder”.

En su escrito aclaró asimismo que no es cierto que sea la única médica no objetora de conciencia en la zona norte de la provincia, porque hay otros profesionales que trabajan en el Hospital con ella y también hacen estas intervenciones. Sin embargo, afirmó que es quien cubre “más del 90 por ciento de la demanda, por eso mi detención haría imposible el cumplimiento de la ley en la zona donde trabajo”.

En otro orden de detalles, recordó que la comunidad que se atiende en este Hospital de referencia del norte manifestó su apoyo y “me sobreseyó el 3 de septiembre. La Justicia Institucional tardará más tiempo”.

“Aunque lo sigan intentando, no van a poder torcer el curso de la historia, el aborto en Argentina es ley y será ley”, finalizó.