Son horas decisivas para saber si el empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño de la agroindustrial Ledesma, se sentará en el banquillo de los acusados por los secuestros y desapariciones ocurridos en Jujuy en 1976. Este lunes, a las 10, Blaquier está citado para ser evaluado por el Cuerpo Médico Forense. La defensa del empresario de 94 años –-que contó con la inestimable ayuda de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema para demorar durante casi ocho años la causa---ahora sostiene que no está en condiciones de afrontar un juicio oral y público.

Blaquier estuvo tranquilo durante largos años. Procesado en 2012 por el juez federal Fernando Poviña y con confirmación de la Cámara Federal de Salta al año siguiente, Blaquier logró trabar el trámite en la Cámara Federal de Casación. En marzo de 2015, cuando ya soplaban vientos de cambio, los casadores Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos le dictaron una falta de mérito. Sostuvieron que Blaquier podía no saber para qué se usaron las camionetas de la empresa Ledesma, empleadas por las fuerzas armadas y de seguridad para secuestrar a decenas de personas. El fiscal Javier de Luca rechazó el intento por paralizar la causa y llevó el tema al máximo tribunal.

La Corte no definió hasta julio de este año la situación de Blaquier y del exadministrador de Ledesma Alberto Lemos, pese a los reclamos de la querella de HIJOS Jujuy y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco dejaron sin efecto la falta de mérito a favor de los dos imputados y acusaron a la Casación de haber obstaculizado y frenado la investigación de una de las causas emblemáticas de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación –-integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma–-mandó el expediente a Jujuy. De esa forma, Blaquier y Lemos fueron elevados a juicio en las dos causas que afrontan: una por tres secuestros ocurridos en los primeros días de la dictadura –-incluido el del médico Luis Aredez-- y otra por los 26 secuestros y desapariciones que tuvieron lugar en julio de 1976 en lo que se conoce como las “Noches del Apagón”.

En cuanto lo elevaron a juicio, comenzó la tarea de la defensa de Blaquier –encabezada por el exjuez del juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz– para separarlo del proceso. El 20 de octubre pasado, se realizó un peritaje por Zoom. Sin embargo, la querella y el Ministerio Público Fiscal pidieron que se realizara una evaluación presencial. Los jueces autorizaron a que el hijo de Blaquier esté con él durante el examen en el Cuerpo Médico Forense que se llevará a cabo este lunes.

En caso de que los expertos dijeran que Blaquier no está en condiciones de afrontar el proceso, debería realizarse el juicio con Lemos en el banquillo y analizar cuál fue el rol y aporte de la empresa Ledesma a la represión ilegal en la provincia de Jujuy. Organismos de derechos humanos ya pidieron que no se dilate más este expediente. Blaquier y Lemos debieron haber estado en el juicio de la megacausa que está concluyendo en Jujuy.

Las demoras en la Corte fueron parte de la discusión la semana pasada entre el ministro de Justicia Martín Soria y los cuatro integrantes del máximo tribunal, Rosatti, Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El funcionario les reprochó a los supremos que tres relatorías de Naciones Unidas y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas estaban pidiendo informes al Estado argentino por la demora que se registra en la Corte a la hora de revisar las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Según pudo saber PáginaI12, después de la reunión con Soria, los supremos enviaron su respuesta a la Secretaría de Derechos Humanos, que deberá dar las explicaciones ante los organismos internacionales.