La Justicia frenó el aumento de la electricidad en la provincia de Buenos Aires donde brindan servicio Edelap, Eden, Edes y Edea. La medida rige para todo el territorio bonaerense excluyendo las áreas del Conurbano que están bajo jurisdicción de Edesur y Edenor. El juez Luis Arias, titular del juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata, dictó una medida precautelar solicitada por el Defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, y dejó en suspenso el incremento de la luz dispuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal. Según Arias, el aumento de la luz vulnera el criterio de “razonabilidad” que deberían tener las tarifas. El gobierno provincial apelará la decisión judicial.

“La administración –provincial– debe respetar los principios constitucionales que animan y sostienen el régimen legal de las tarifas de los servicios públicos, para que su determinación sea ´justa y razonable´ no sólo desde el punto de vista del retorno o ganancia esperada por el concesionario, sino también (y fundamentalmente) respecto de la protección de los intereses económicos del usuario”, define el juez Arias en su fallo, al que PáginaI12 tuvo acceso. El magistrado agrega que “estos importantes aumentos en la tarifa no aparecen acordes a los niveles inflacionarios reportados por el Indec, ni a los incrementos salariales o de haberes jubilatorios de la población en general y que son de público y notorio conocimiento”. Así, se reedita la historia de la judicialización del tarifazo que en 2016 culminó en la marcha atrás dispuesta por la Corte. La diferencia más importante con respecto a la experiencia del año pasado es que en esa oportunidad los aumentos se frenaron porque el Gobierno no había convocado a audiencia pública. Este año se realizaron los encuentros previos a las subas tarifarios como marca la ley, no obstante, para el juez los incrementos en las boletas superan una medida de “razonabilidad” al tiempo que demostrarían que las audiencias fueron una mera formalidad.

La medida frena el aumento de la luz en las áreas en donde prestan servicio las empresas distribuidoras Edelap (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio), Eden (norte y centro de la provincia de Buenos Aires, con cabeceras en las ciudades de San Nicolás, Arrecifes, Campana, Junín, Chivilcoy, Mercedes, Lincoln y Carlos Casares), Edes (sur de la provincia, con cabecera en Bahía Blanca) y Edea (centro-este, que incluye a las ciudades balnearias bonaerenses). Se trata de todo el territorio bonaerense salvo el Conurbano abastecido por Edesur y Edenor.

El aumento de la boleta de electricidad en la provincia de Buenos Aires tiene un componente definido por el Gobierno nacional a raíz de la quita de subsidios en el precio de la energía mayorista, mientras que el cargo que se queda la distribuidora se determina a nivel provincial. Hace dos semanas, el gobierno bonaerense informó que aprobó un aumento del 18,9 por ciento para las tarifas de luz en toda la provincia de Buenos Aires, que junto al 37 por ciento autorizado por el Ministerio de Energía definía un incremento de las boletas bonaerenses del 58,1 por ciento. Sin embargo, el lunes PáginaI12 publicó que la entidad de consumidores Deuco denunciaba que los incrementos en el caso de Edelap eran sustancialmente superiores a los que había informado el gobierno provincial. Según Deuco, las boletas de Edelap subirían un 115 por ciento para un consumo mensual de 150 Kw/h (de 95,90 a 206,11 pesos), un 127 por ciento para un consumo mensual de 301 Kw/h (de 176 a 400 pesos), al igual que para un consumo mensual de 401 Kw/h (de 265 a 603 pesos). Una boleta con un consumo de 501 Kw/h se enfrenta a un incremento del 119 por ciento (de 434 a 953 pesos).

En línea con esa información, el juez Arias advierte que “los incrementos en los valores de las tarifas incluyen aumentos del orden del 60 por ciento y que en algunos casos –particularmente en la región de La Plata– supera el 100 por ciento para usuarios residenciales, todo lo cual supone un apartamiento del principio de tarifas justas y razonables, puesto que la inflación proyectada por las leyes de presupuesto es del 17 por ciento anual, y las pautas de los incrementos salariales de los trabajadores rondan el 18 por ciento anual, en tres tramos”.

En diálogo con este diario, Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y autor de la denuncia, señaló que “el programa de actualización de tarifas que ha habido en estos 16 meses del gobierno de Cambiemos no guarda proporción ni razonabilidad en relación a los incrementos de sueldos. Sabemos que hay que hacer inversiones pero nos oponemos al camino de castigar el bolsillo de la gente. Lo hicimos en cada audiencia pública y ante la falta de respuesta del gobierno provincial decidimos avanzar en la Justicia”. Lorenzino adelantó que “el lunes pediremos al juez Arias una audiencia con el Ministerio de Infraestructura para discutir las tarifas, ya que en las audiencias no nos dan bola”. 

La presentación de Lorenzino cuenta con el aval de las asociaciones de consumidores. La cautelar frena la impresión de boletas con aumentos que estaba previsto que comenzaran a llegar en junio/julio. La demora en la aplicación del incremento con respecto a los usuarios de Edenor y Edesur (que recibieron la suba en febrero y marzo) se explica por los problemas de prestación del servicio que se registraron en la provincia luego del temporal de comienzos de febrero. Las autoridades bonaerenses consideraron que en ese contexto de prolongados cortes de luz no estaban dadas las condiciones para aplicar el aumento. Ahora apelarán la decisión de Arias.