Los sueldos de los trabajadores estatales representados por UPCN perdieron la carrera contra la inflación por más de 10 puntos desde mediados de 2015 a la fecha. El aumento pactado desde junio de ese año a mayo de 2016 fue del 27,4 por ciento, período durante el cual la suba de precios llegó al 44,4 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires, según el registro de la Dirección de Estadísticas del gobierno porteño. Eso implica un retroceso de 17 puntos. El año pasado, el incremento salarial se acordó en 31 por ciento a partir de junio, por doce meses, y la inflación hasta abril –once meses, resta sumar el dato de mayo– se ubicó en 23,2 por ciento. El deterioro acumulado rondará entonces los 11 puntos cuando se conozca la inflación de este mes. Lejos de reparar esa situación, el gremio firmó esta semana un acuerdo para el próximo año por 20 por ciento, con cláusula gatillo de recomposición automática si el IPC supera esa cifra. A ello se agrega un premio por presentismo de 1300 pesos brutos mensuales –1050 de bolsillo– para aquellos que tengan asistencia perfecta y la promesa de un premio por productividad que se definirá más adelante, cuya implementación se estableció a partir del primer trimestre de 2018. 

Para acceder a la totalidad del nuevo plus por presentismo los trabajadores no pueden faltar ni una vez, aunque sea de modo justificado –por ejemplo, por enfermedad o por cuidar a un familiar–, y si tienen más de diez inasistencias justificadas en un cuatrimestre –alguien con un tratamiento médico prolongado–, no recibirán el premio en todo ese período. El beneficio baja de 1300 a 910 pesos mensuales con una falta justificada y a 520 pesos con dos faltas justificadas, mientras que se cancela por el mes para aquellos que tengan tres faltas justificadas o más. Si la ausencia es injustificada, aunque sea una sola, el premio se anula por todo el cuatrimestre. Los únicos motivos de inasistencia aceptados sin perder el premio son las vacaciones y los días de estudio, que en este caso se reducen a la mitad respecto de los acordados en el convenio colectivo del sector, de 28 a 14 para los universitarios. En conclusión,  el presentismo será un ingreso variable para la enorme mayoría, salvo los que tengan una presencia laboral del ciento por ciento al estilo Rogelio Roldán, aquel personaje de Alberto Olmedo que soportaba toda clase de hostigamientos de su jefe para cobrar un sueldo miserable. El presentismo en estas circunstancias es el Caballo de Troya de la flexibilización laboral.

UPCN no es la excepción sino la regla de la respuesta sindical frente al cambio de escenario económico desde que gobierna Mauricio Macri, con disparada inflacionaria y aumento de la desocupación. Cuando el Presidente haya completado en diciembre la mitad de su mandato, los trabajadores seguirán arrastrando caídas de ingresos reales frente a diciembre de 2015, de acuerdo a lo que surge de las paritarias que van firmando la mayoría de los gremios hasta ahora. La situación es obviamente peor para los no registrados, un tercio del total, quienes obtienen aumentos muy por debajo de lo que cierran los sectores formales. Los acuerdos de entre 20 y 21 por ciento para los próximos doce meses como los de UPCN, Comercio y Construcción inhiben las posibilidades de recuperación de los sueldos y, en consecuencia, del consumo y la actividad económica. El Gobierno promueve esa política de contracción salarial al mismo tiempo que repite “lo peor ya pasó” y se muestra inflexible con los gremios que se resisten al ajuste, como el caso de los docentes.

Esa situación de caída de la capacidad de compra se refleja en indicadores estadísticos y también por otras vías. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, es testigo de las dificultades que encuentran sus empleados para llegar a fin de mes. Más de la mitad cobra salarios por debajo de los 14 mil pesos mensuales, por ocho horas diarias de lunes a viernes. Así lo denuncia la agrupación Verde y Blanca de ATE en esa cartera. En función de las necesidades de los compañeros, ese colectivo viene organizando desde el año pasado la distribución de bolsones de 7 kilos de verduras orgánicas a 110 pesos, un valor que es menos de la mitad del que se consigue en el mercado. La demanda por los paquetes crece de manera vertiginosa. “La primera vez que lo hicimos se anotaron doce personas y ahora ya son 140. Es un esfuerzo llevarse la bolsa a la casa y ponerse a cocinar para que las verduras no se pudran. El que lo hace es porque está tan ajustado que tiene que buscar alternativas para que el sueldo le rinda”, cuenta uno de los integrantes de aquel espacio gremial. “En los ministerios de Modernización y Agroindustria también se distribuyen los bolsones. Nunca se había visto algo así en el Estado”, describe. Los productos incluidos son tomates, lechuga, papas, cebollas, zapallitos verdes, zapallo anco, zanahorias, choclo, berenjenas y puerro, provistos por la Cooperativa Conemor del partido bonaerense de Moreno (foto). En Trabajo el reparto es cada quince días. “En unas semanas vamos a hacer lo mismo con artículos de almacén y limpieza”, agrega.

El año pasado el Gobierno sostenía que uno de los motivos del crecimiento proyectado para 2017, de 3,5 por ciento, era la recuperación de los salarios al aumentar por arriba de la inflación. También se argumentaba que Brasil iba a empezar a traccionar fuerte después de dos años de recesión. A esta altura ambas promesas tienen escasas posibilidades de concretarse, ya que las paritarias no logran superar los incrementos de precios, sino que como máximo los igualan con la cláusula gatillo, y el país vecino va de la crisis económica a la crisis política sin solución de continuidad. Ahora Nicolás Dujovne y el gobierno en general se conforman con que surjan indicadores positivos de un puñado de sectores, esencialmente los vinculados a los agronegocios y las finanzas, que son los ganadores del modelo. Que esas actividades –junto con la construcción y la energía– hagan crecer el PIB frente a un año tan negativo como 2016 no transforma la realidad de la mayoría, que consume cada vez menos. Los funcionarios reconocen que las mejoras todavía no se sienten, lo que no admiten es que la política económica en marcha tiende a profundizar la brecha entre los favorecidos y los perdedores. En los ‘90 también hubo años de crecimiento del PIB mientras se ensanchaba la desigualdad, caía la industria nacional y se generaba el híper desempleo.  

“En 2016 el Gobierno liberó el tipo de cambio, devaluó, sacó las retenciones y aplicó tarifazos en los servicios públicos. La inflación se le fue al 41 por ciento y la economía cayó 2,3. Ahora busca paritarias a la baja y disciplinar precios con importaciones. Con eso van a volver a hundir a las pymes y la pobreza va a aumentar en medio millón de personas”, advierte el especialista en temas laborales Adrián Caneto. Es un camino que el Gobierno no abandonará mientras conserve respaldo electoral. El límite al ajuste solo pueden imponerlo los ajustados, así como los intentos por consagrar la impunidad de los genocidas encontraron una barrera en la movilización popular.