La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió ayer a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron a la Argentina. El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, destacó la “gran celeridad” con la que actuó el Congreso nacional para limitar la aplicación del cómputo del 2x1 en casos de lesa humanidad y valoró “positivamente” la reacción de la sociedad civil frente al fallo de la Corte Suprema. Eguiguren también ofreció asistencia técnico-jurídica al planteo de los legisladores sobre la necesidad de crear mecanismos de cumplimiento efectivo por parte del Estado de las decisiones internacionales en materia de derechos humanos. El Foro por la Libertad y la Democracia (FLyD), que integran más de cien organizaciones, le entregó a la CIDH un duro documento sobre violaciones a los derechos humanos en el país. Hoy, la CIDH se reunirá con los integrantes de Justicia Legítima.
La convocatoria realizada por la presidenta de la comisión, Victoria Donda (Libres del Sur), aglutinó a más de 30 diputados de todas las bancadas políticas para recibir a Eguiguren y al secretario ejecutivo de la CIDH; Paulo Abrao. También participaron del encuentro Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos bonaerense y ex secretario ejecutivo de la CIDH; Luciano Hazan, del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; Victor Abramovich, ex miembro de la CIDH; Gastón Chillier, del CELS; Mariela Belski, de Amnistía; y el ex Canciller Jorge Taiana, entre otros.
Donda también remarcó allí la necesidad de avanzar con legislación complementaria sobre derechos humanos. La diputada planteó que con el fallo “Fontevecchia”, “la Corte Suprema le quita fuerza al derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno y al sistema interamericano de protección de derechos humanos”. “Esta situación –continuó Donda– nos planteó el desafío del que hablamos con los expertos, de pensar una ley que cree mecanismos de cumplimiento de decisiones internacionales en materia de derechos humanos como una herramienta para contribuir a mejorar la implementación de esas decisiones internacionales. Está de más ratificar que los tratados internacionales de derechos humanos son operativos”.
Eguiguren se plegó a la preocupación de los legisladores “para asegurar el cumplimiento de las decisiones de los órganos regionales e internacionales de derechos humanos de los que Argentina es parte”: “Cuando un país firma un tratado uno se pregunta si es necesario que haya una ley que diga que ese país tiene que cumplir con las decisiones de los órganos a los que se vincula mediante la decisión soberana de firmar y ratificar esos tratados. Pero después de ver dos sentencias (Fontevecchia y 2x1) parece que sí, que es necesario”, indicó el presidente de la CIDH, quien ofreció a los diputados “asesoramiento técnico” para elaborar la futura norma.
Ayer, Eguiguren también recibió un crudo informe del FLyD con distintas temáticas. La denuncia por la detención ilegal de Milagro Sala y los otros presos políticos de la organización barrial Tupac Amaru en Jujuy y Mendoza, el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el incremento de los casos de violencia policial fueron algunos de los ejes principales que plantearon los referentes del Foro como de mayor preocupación.
El informe también incluye las exposiciones en el Foro de Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; y Lita Boitano, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que lamentaron después de tantos años de lucha, tener que volver a hacer denuncias ante la CIDH.
Hoy por la mañana, la CIDH recibirá en el Hotel Sheraton de Retiro, a los integrantes de la asociación civil Justicia Legítima –que integran jueces y fiscales– en un encuentro de carácter reservado. Allí, Maria Garrigós de Rébori (Jueza de Casación); Alejandro Slokar (Juez de Casación Federal); Jorge Auat (Fiscal General Procuraduría Crímenes Lesa Humanidad); José Massoni (Primer Fiscal de la Oficina Anticorrupción); y Julio Maier (jurista), expondrán sus preocupaciones sobre la situación sobre derechos humanos y los juicios por delitos de lesa humanidad en el país.