El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó la masiva manifestación del domingo en contra de su gobierno, al asegurar que ésta fue financiada por "millones de dólares" de Estados Unidos para promover "movimientos comunistas". A través de sus redes sociales, Bukele se refirió de esa forma a la jornada de protesta en la que veteranos de guerra, jueces, sindicatos, defensores de derechos humanos y partidos políticos se manifestaron en rechazo a las políticas económicas del gobierno, los supuestos actos de corrupción y la falta de independencia de los tres poderes.
Jefa de gabinete bajo la lupa
En un nuevo episodio del distanciamiento con el gobierno estadounidense, Bukele sostuvo que la marcha del domingo le generó "vergüenza ajena" y acusó a la administración del demócrata Joe Biden de estar detrás de las protestas. "Los contribuyentes estadounidenses deben saber que su gobierno está usando su dinero para financiar movimientos comunistas contra un gobierno democráticamente electo y con un índice de aprobación del 90 por ciento en El Salvador. El pueblo de El Salvador no volverá a ese terrible pasado", aseguró el mandatario.
Para sostener sus dichos, Bukele compartió imágenes de la marcha que mostraban banderas de Estados Unidos junto a personas supuestamente afines al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, replicó los dichos de Bukele al decir que "más precisamente, los así llamados comunistas en realidad son mercenarios y oportunistas corruptos", de acuerdo al diario local El Mundo.
Los mensajes del presidente salvadoreño tensaron aún más la relación con Estados Unidos, tradicional aliado de El Salvador y principal destino de sus migrantes, cuyas remesas alimentan las arcas del país centroamericano. Días atrás la jefa de Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, fue acusada por Estados Unidos de haber dirigido "un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios". La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró la visa y anunció bloqueos a las propiedades e intereses de Recinos.
El Tesoro de Estados Unidos afirmó esta semana que el gobierno de Bukele negoció en secreto una tregua con los líderes de las poderosas pandillas del país y anunció sanciones para distintos funcionarios, entre los que se encuentra Recinos. Washington alega que el gobierno de Bukele compró el apoyo de las bandas delictivas con beneficios económicos para sus líderes encarcelados, incluidas prostitutas y teléfonos celulares. La acusación apunta directamente a uno de los éxitos más proclamados por Bukele durante su mandato: una caída en la tasa de asesinatos.
Bukele, quien negó enfáticamente las acusaciones, se preguntó en su cuenta de Twitter: "¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan".
Cuarta marcha contra Bukele
Miles de salvadoreños se manifestaron el domingo en contra de las "acciones dictatoriales" del presidente Bukele, las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución, y la implementación de políticas que "no benefician al pueblo". La nueva marcha reunió a sindicatos, agrupaciones feministas, defensores de los derechos humanos, veteranos de guerra, diputados y miembros de partidos políticos opositores en las calles de San Salvador, la capital del país.
Se trató de la cuarta marcha contra Bukele, en una seguidilla que se inició el pasado siete de septiembre. En esa ocasión cientos de salvadoreños se manifestaron en contra de la implementación de la "ley bitcoin", que permite bitcoin-del-mundo">el uso de la criptomoneda como método de pago junto al dólar.
Esta vez los manifestantes también exigieron que se restituya a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, desplazados el primero de mayo. También pidieron que no se aprueben las reformas a la Constitución que promueve el gobierno, que no se avale la reelección presidencial y se deroguen las reformas que facilitan a la Corte Suprema trasladar o despedir a jueces o magistrados.
