Con eje en la problemática de la informalidad laboral y para fomentar el Programa Registradas que da incentivos para formalizar a empleadas de casas particulares, la provincia de Buenos Aires lanzó nuevos operativos de control de empleo registrado en barrios privados de Lobos, San Isidro, Almirante Brown, La Plata y San Vicente. Se requirieron a las administraciones que presenten registros de ingreso y egreso de personas para determinar cantidad de trabajadores que prestan servicio en los barrios,  días y horas de su jornada laboral y corroborar su situación registral.

La modalidad que adoptó la provincia se trata de un hito en materia de inspección laboral. Es que una de las particularidades que facilitan el alto porcentaje de informalidad en el mundo del trabajo de casas particulares es que los organismos de control no cuentan con facultades de libre acceso a los domicilios particulares, el ámbito donde se desarrollan las actividades. 

Las acciones inspectivas sobre countries y barrios cerrados de la provincia comenzaron con ocho administraciones en octubre. Como resultado de esas tareas, se infraccionó a cuatro de las mismas que no realizaron ninguna presentación sobre sus registros de trabajadores. La cartera de trabajo provincial procedió a infraccionarlos por obstrucción a la actuación de la autoridad administrativa del trabajo. Tras la notificación de la infracción, las administraciones tienen cinco días hábiles para formular un descargo. Cumplido ese plazo, se pueden efectivizar multas de más de un millón de pesos.

Pese a que un grupo de countries intentó objetar sus facultades, desde el área laboral destacaron que pueden “requerir todas las informaciones necesarias para el cumplimiento de su función y realizar cualquier experiencia, investigación o examen”, según el artículo 7 de la Ley Régimen General de Sanciones por Infracciones laborales. En tanto, el Ministerio está abocado al análisis de uno de los barrios cerrados que cumplió con la presentación de los registros de ingreso de trabajadores y avanza con el cruce de datos del sistema de la seguridad social.

No registradas

Las trabajadoras de casas particulares son en un alto porcentaje mujeres monoparentales que suelen desempeñar su trabajo en la informalidad con una vulneración de sus derechos laborales, lo que convirtió a este sector en uno de los más castigados por la pandemia del coronavirus. En Argentina el 36 por ciento de los y las asalariadas se encuentra en una relación informal, pero esta tasa asciende al 74,5 por ciento para las trabajadoras de casas particulares. Es la tasa más alta de todo el mercado de trabajo.

"Sabemos a ciencia cierta que en barrios privados y countries la tasa de empleo es altísima, ya que casi no hay familia que no sea empleadora", explicó a PáginaI12 Matías Isequilla, abogado y asesor legal de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó que en la Argentina 3 de cada 4 trabajadoras del sector se desempeñan en la informalidad, que en pandemia perdió más de 318.000 empleos. Los empleadores de este universo son personas de clase media, media alta, y es este el motivo por el cual la provincia decidió empezar por los barrios cerrados. 

"Hoy están dadas todas las facilidades. Para monotributistas y familias que no pagan Ganancias, el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora hasta 15.000 pesos durante seis meses. Aquellos que pagan Ganancias, pueden descontar aportes. La trabajadora no pierde ni la AUH ni la Tarjeta Alimentar por estar registrada y accede a la tarifa social. El costo del registro es de 2.400 pesos mensuales para las que trabajan más horas y esto cubre los aportes y contribuciones como jubilación, obra social y la ART", destacó el subsecretario de Inspección del Trabajo de la provincia, Emilio Ré, enmarcando la medida en el programa Registradas.