Testigo de la fiscalía que supuestamente debe ayudar a la acusación, termina ayudando a la defensa de los imputados. La fórmula se repite una y otra vez en el llamado juicio de Vialidad, en el que se investigan irregularidades en la adjudicación de la construcción de rutas en Santa Cruz. Ésta vez fue el turno de Sergio Brodsky, extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el macrismo y, según Elisa Carrió, operador judicial de Daniel Angelici. Era un testigo estrella porque debía desnudar maniobras de las empresas de Lázaro Báez, pero a todo dijo “no me acuerdo”, “no sé”. Sí afirmó que recibió muchos requerimientos de juzgados y del Ministerio de Justicia sobre Austral Construcciones y que por eso se le mandaron muchas cédulas de intimación. El abogado de Báez, Juan Villanueva, le exhibió entonces el legajo de la IGJ en la que no constaba ninguna de las cédulas mencionadas. 

Otro testigo de esta semana fue Rafael Llorens, exsubsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Planificación durante el gobierno de Cristina Kirchner. Llorens fue tajante y ante una pregunta de Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, dijo: “nunca recibí ninguna denuncia sobre irregularidades respecto de las obras de las que trata este juicio. Sí recibí denuncias y sospechas respecto de otras obras y en todos los casos tenía instrucciones del ministro De Vido de realizar las denuncias penales correspondientes”. El tercer testigo de la semana fue Pablo Campi, exdirector de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio y subalterno de Llorens, que se concentró en explicar las estructuras dentro de la cartera, sin aportar nada para las imputaciones.

La declaración de Sergio Brodsky

Sergio Brodsky fue funcionario del macrismo desde el primer día y hasta el último. Asumió como titular de la IGJ por designación del gobierno de Mauricio Macri y abandonó el cargo el 9 de diciembre de 2019, el día en que Macri dejó la presidencia. Como testigo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la expectativa era que se despachara con fuertes elementos contra Báez y Austral Construcciones. 

El único dato que aportó es el de los requerimientos de juzgados y, asombrosamente, del Ministerio de Justicia, que no tenía por qué tener injerencia. Brodsky dijo que Austral nunca contestó esos requerimientos, pero la defensa de Báez explica que ya el empresario estaba preso -desde el 8 de marzo de 2016-, el juez Sebastián Casanello había allanado varias veces la empresa y secuestró toda la documentación, de manera que las respuestas eran doblemente imposibles: Austral ya no tenía los elementos y Báez estaba en el penal de Ezeiza.

Pero lo más asombroso fue que Villanueva, el abogado del santacruceño, exhibió el legajo de Austral en la IGJ y mostró que no hubo cédulas de notificación, a lo que Brodsky volvió a lo que fue habitual en su declaración: “no recuerdo”, “era imposible el control de casi 900.000 sociedades”.

El testimonio de Rafael Llorens

En el caso de Rafael Llorens --un testigo que fue parte del gobierno de CFK, de manera que difícilmente aportaría a la acusación--, el exfuncionario reiteró bajo juramento que nunca se recibió en la subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación ni un cuestionamiento de las licitaciones que ganaron las empresas de Báez, tampoco impugnaciones, no existieron denuncias sobre las obras ni sobre un supuesto direccionamiento para favorecer a Austral Construcciones. Llorens dijo que durante su gestión, en la subsecretaría Legal recibieron muchas denuncias, pero no respecto de las obras de Santa Cruz y en todos los casos se presentaron los cuestionamientos a la justicia.     

En el juicio se evidenció hasta ahora que Báez y Austral Construcciones ganaron las licitaciones porque postulaban los precios más bajos en función de la ventaja enorme que significaba tener el personal y las maquinarias con sede en Santa Cruz. 

Para otras constructoras --agrupadas principalmente en la Cámara Argentina de la Construcción-- no era rentable trasladar personal y maquinarias a 1.800 kilómetros al sur, con las enormes dificultades que además presenta el clima y la cantidad de días que directamente no se puede trabajar. Cuando Roberto Lavagna declaró en este mismo juicio que las empresas de la Cámara estaban cartelizadas, no pudo sustentar lo mismo respecto de Báez ya que éste estaba marginado y más bien enfrentado a las empresas tradicionales. Es más, en el caso de las rutas de Santa Cruz sobrevuela la sospecha de que, detrás de las denuncias, estuvo una tácita guerra de las constructoras contra Báez ya que el santacruceño empezó a presentarse en licitaciones fuera de Santa Cruz y ofreciendo precios y valores de obra más bajos.