Romina Carrizo, la primera mujer en Catamarca a quien la Secretaría de Seguridad de la provincia le colocó una pulsera dual por el grave peligro que corría su vida por violencia de género, pidió que le den la oportunidad de una vivienda.
La mujer tuvo que irse hace casi 3 años del pueblo y la casa que habitaba junto al agresor. Pese a que lo intenta, asegura que no puede rehacer su vida porque todo lo que cobra debe gastarlo en alquiler. La jueza de familia Olga Amigot, quien actúa con perspectiva de género en el caso, emitió un decreto en donde pide la continuidad de las medidas cautelares y también libró un oficio para el Instituto Provincial de la Vivienda.
El caso de Romina tuvo repercución mediática porque su agresor, quien también fue acusado por otros delitos más graves, es beneficiario de la Ley de Salud Mental y no sólo no pudo ser imputado hasta el momento, sino que tampoco internado, aunque su libertad represente un peligro para terceros. Por esa razón, cuando la mujer pudo huir junto a sus hijos menores de edad de los golpes y amenazas de muerte, debió esconderse y privarse ella misma de la libertad por miedo a que él los encuentre.
Así, y luego de permanecer en el Hogar para Mujeres Warmi durante varios meses, pudo instalarse en otra localidad de Catamarca y consiguió que se la traslade también desde su trabajo.
Durante casi tres años pidió, imploró justicia, denunció y recibió también beneficios por parte del Estado provincial, no obstante, recién pudo sentirse más tranquila y salir a la calle, cuando en agosto le colocaron la pulsera dual rastreadora.
Sin embargo, al perder su vivienda y sus redes de apoyo, tuvo que acomodarse en una pensión, pero por el gasto que representa para ella el alquiler, aseguró a Catamarca/12 que no puede satisfacer sus necesidades básicas ni las de sus hijos. Es por esto que solicitó al Estado que le ofrezca la posibilidad de tener una casa.
En este contexto, la jueza Amigot emitió un nuevo fallo el 3 de diciembre en donde da cuenta que, ante la libertad del violento, los peligros para Romina y sus hijos no cesaron. Es por esto que solicita que continúen las medidas cautelares dictadas con anterioridad “hasta tanto se acredite la cesación de riesgo”.
Además, ordena que continúe con “el dispositivo electrónico de verificación de presencia y localización dual” con el objetivo de seguir protegiéndola. En el fallo, y teniendo en cuenta que Romina, a través de su querellante oficial, le pide a la Jueza que interceda para que el Gobierno le otorgue una vivienda, la magistrada dispone que se libre un oficio al Instituto Provincial de la Vivienda.
En el escrito que presentaron ante la jueza Amigot detallan: “Con fecha 08/03/2021, presenté ante el Instituto Provincial de la Vivienda, la correspondiente petición, que tramita en Expte Letra “C” N° 368/21 procurando sea contemplada la situación de vulnerabilidad que atravesamos y se nos facilite el acceso a la vivienda, la cual pretendo pagar con el fruto de mi trabajo. Asimismo, hago notar que en el lugar donde resido actualmente hay construcciones con destino habitacional que, inexplicablemente, se encuentran abandonadas, sin ocupantes y como paradoja destruyéndose frente a nuestros ojos, por el desinterés o falta de necesidad de quienes pudiesen haber resultado beneficiarios”.
Asimismo, hacen referencia a la normativa nacional e internacional que las ampara, “el derecho a la vivienda es un derecho fundamental de las personas, que tiene intrínseca relación con el derecho humano a la vida familiar. De igual modo que el derecho a la vida sin violencia, la vivienda también cuenta con un amplio sustrato normativo en el sistema internacional”.
“Son varias las casas que hizo el IPV en donde vivo y que están desocupadas, porque se ve que nadie las necesita. Sólo pido que me habiliten a vivir en una de esas viviendas”, concluye Romina.
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