Los diputados nacionales por la provincia de Salta, Virginia Cornejo, Miguel Nanni y, hasta el 9 de diciembre, Martín Grande, presentaron ante la Justicia Federal un amparo constitucional contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 805/21, mediante el cual el Ejecutivo Nacional prorrogó la Ley N° 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. 

Desde el bloque macrista plantearon la inconstitucionalidad del decreto "por violentar el mandato establecido en la Constitución Nacional que prohíbe al Ejecutivo dictar disposiciones de carácter legislativo". Alegaron que el presidente Alberto Fernández solo puede dictar decretos si el Congreso está impedido de cumplir con el proceso de elaboración de leyes.

No osbtante, la abogada Verónica Huber, especialista en derecho indígena, aseguró a Salta/12 que no advierte que exista un fundamento jurídico razonable en la presentación que realizaron los legisladores. Es más, consideró que se trata de una estrategia que está llevando adelante Juntos por el Cambio en diferentes juridiscciones provinciales, en busca de encontrar un aval judicial. 

El 18 de noviembre último, y ante la inminencia de la caída de esta Ley, que vencía el 23 de ese mes, el presidente Fernández emitió un decreto prorrogando los efectos de la 26160 hasta el 23 de noviembre de 2025. Huber aclaró que cada DNU tiene un trámite propio que incluye una revisión del Congreso de la Nación, donde se lo ratificará o rechazará. 

Los DNUs son una facultad legislativa que tiene el Ejecutivo y que está otorgada por la propia Constitución Nacional en su artículo 99, por lo que la abogada señaló que, en principio, no se trata de una medida inconstitucional. En ese sentido, aseguró que el DNU 805/21, "no violenta ninguna norma constitucional", sino que responde con todos los requisitos, ya que la prórroga de la 26160 estaba siendo una urgencia. 

"Debe ser uno de los pocos DNUs que tiene una situación real de urgencia", expresó la letrada. Por eso, explicó el proceso jurídico y legislativo al que se sometía la Ley con la media sanción que tenía del Senado, desde el 28 de octubre. Restaba su tratamiento en Diputados, el mismo día que vencía la norma (23/11), se iba a producir una nueva sesión de los legisladores, pero eso no ocurrió. 

Huber aclaró que, jurídicamente, la prórroga de la Ley debía darse sí o sí antes de a su vencimiento, por lo que haber sido tratada y aprobada por Diputados recién ese día, su vigencia estaba en peligro porque lo más probable era que la sesión se extendiera hasta al día siguiente. 

"Si la Ley caía, y se seguía su tratamiento en la sesión, no se iba a poder prorrogar porque iba a ser en base a una ley que había perdido su vigencia", señaló la abogada. "Era previsible que antes de la medianoche no se iba a llegar a una sanción", agregó. En ese sentido, dijo que con ese posible escenario, recién los legisladores macristas iban a tener un argumento sólido para pelear jurídicamente. 

Dado que no hay prórroga posible de una ley ya caída, la abogada resaltó la validez del DNU desde el momento de su dictado y hasta su vencimiento o sea rechazado por el Congreso. "En los hechos, el riesgo que se venciera la Ley, era un riesgo cierto", afirmó Huber, y señaló que se podía generar un "caos" a partir de la pérdida de la vigencia de la prórroga anterior porque "Se iba a generar la reactivación de cientos de juicios de desalojos que están suspendidos por la mora del Estado".

Un mes antes de la media sanción en el Senado, Huber venía dialogando con distintas autoridades indígenas sobre la necesidad de un DNU, ya que consideraba que los tiempos legislativos no estaban en coincidencia con los tiempos jurídicos.

De acuerdo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en todo el país existen 300 conflictos ya con sentencias de desalojo dictadas, pero cuyas ejecuciones se encuentran detenidas por la declaración de la emergencia territorial, aprobada en 2006. 

Por su parte, Ulises Yanes, autoridad de la comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas y delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta-ENOTPO, declaró a Salta/12 que el amparo presentado por los legisladores salteños, en especial por Nanni, es "una burrada", al dejar de lado las facultades que tiene el Ejecutivo Nacional para dictaminar los DNUs. 

Para Yanes, "el decreto tiene el mismo marco jurídico que la Ley", por lo que cual no ve el grado de inconstitucionalidad que señalan los legisladores. Sí cuestionó que otros referentes indígenas pongan en duda la legitimidad del decreto, aunque consideró que ese argumento salió del propio arco macrista, precisamente para dividir al movimiento indígena y dar paso a los amparos.  

"De acuerdo a los tiempos, era difícil llegar a tratar al proyecto" en la Cámara Baja, señaló también él, aunque también cuestionó que el Congreso Nacional haya abierto el tratamiento de la prórroga recién en los últimos meses del año. 

Piden la nulidad

En la presentación del amparo, los legisladores cambiemitas sostienen que no existía necesidad de llegar a un decreto porque estaba en trámite un proyecto legislativo en Diputados que ya tiene sanción por la Cámara de Senadores. Por lo tanto, consideraron que el DNU "debe declararse nulo por contener vicios de inconstitucionalidad, al violentar los elementos fundamentales del sistema republicano de gobierno, entre los que resalta el principio de separación de poderes". 

El diputado nacional Miguel Nanni dijo a Salta/12 que el presidente Alberto Fernández, les "quitó" la facultad de dar tratamiento a un proyecto de ley que podía ser tratado aún en las sesiones ordinarias porque el Congreso estaba en funcionamiento. "Se arrogó potestad en funciones nuestras y más cuando ya se tenía media sanción" de los senadores, afirmó. 

En ese sentido, dijo que el ámbito natural para discutir el proyecto era el Congreso, más sabiendo que "estábamos de acuerdo en prorrogar, porque uno no puede dejar de estar de acuerdo con el espíritu de la Ley". No obstante, indicó que la discusión sobre el proyecto debe darse dentro del recinto para considerar el resguardo para las comunidades, como para quienes tienen sus tierras privadas. 

"Esta Ley tiene un vacío enorme porque no se hizo un relevamiento territorial para saber cuáles son los territorios aborígenes y cuáles de propiedad privada", cuestionó, alegando los años que pasaron desde su sanción, en 2006. Aún así, no negó que estaba cerca el vencimiento de la prórroga, pero aseguró que el Congreso iba a aprobar el proyecto, incluso "con díctamenes en disidencia". "Fue un comodismo del Presidente", aseguró.  

En la misma línea fue la legisladora Virginia Cornejo, quien sostuvo que "no se puede obviar el paso que corresponde", que es lograr la media sanción faltante. "Más con una ley que es importante para solucionar la problemática de los pueblos originarios", subrayó. Incluso dijo que se trata de una "mala ley" porque no pudo dar soluciones a la problemática indígena.

Por lo que sostuvo que no dejarán pasar la actitud del Presidente, ya que "queremos vivir en democracia y que las instituciones sean respetadas". Durante la gestión de Cambiemos, Mauricio Macri dictó un total de 47 DNUs.