Otros seis integrantes de la Policía de la Ciudad fueron procesados con prisión preventiva por el crimen de Lucas González, el adolescente perseguido y baleado por una brigada de civil en Barracas en noviembre.
La decisión del juez Martín Del Viso recayó sobre dos comisarios, un subcomisario, un principal y dos oficiales, a quienes se considera coautores del encubrimiento del homicidio de Lucas y de las vejaciones a las que fueron sometidos los tres adolescentes sobrevivientes del ataque, mientras él agonizaba.
La resolución procesó con prisión preventiva a los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña por los delitos de "falsedad ideológica y encubrimiento agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada y vejaciones".
La resolución del juez fue en línea con el pedido presentado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien consideró que los seis policías se encargaron de encubrir a sus compañeros Gabriel Isassi, Fabián López y José Nieva, los policías que dispararon, con acciones que "no se presentaron solas ni aisladas sino en el seno de un entramado articulado". Además, Gómez Barbella había solicitado a del Viso que procese a los efectivos también por las torturas infligidas tanto sobre Lucas como sobre sus tres amigos detenidos ilegalmente. Lucas tenía una quemadura de cigarrillo en su mano, datada en la autopsia en horas cercanas a la balacera policial.
Peritajes postergados
Por su parte, el abogado Alfredo Oliván, a cargo de la defensa de los tres policías que integraban la brigada de civil que atacó a los adolescentes, pidió la suspensión momentánea de peritajes de ADN y olores ordenados por la fiscalía como parte de la investigación, algo a lo que el juzgado "resolvió no hacer lugar" aunque sí admitió dar pie a la apelación.
Los policías Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isassi se opusieron "al cotejo de ADN y de las muestras odorológicas que ordenó la Fiscalía", a cargo de Leonel Gómez Barbella. El juez Martín Del Viso "resolvió no hacer lugar" al planteo porque "las diligencias cuestionadas lucían, además de necesarias, razonables y proporcionales, trascendentales para la investigación". De todos modos, concedió el recurso de apelación, para "garantizar de modo amplio el mejor ejercicio del derecho de defensa".
La apelación pasó a la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, por lo que el juzgado aclaró que "hasta tanto medie un pronunciamiento del Superior en los recursos concedidos no será posible avanzar sobre el cotejo".
El juez Del Viso autorizó también un exhaustivo peritaje sobre los teléfonos de los nueve policías de la Ciudad detenidos por el homicidio de Lucas. La medida, que fue pedida por Gómez Barbella, busca "determinar todas las comunicaciones telefónicas (llamadas, mensajes de texto, Whatsapp y/o similar) desde el 17 de noviembre de 2021 en adelante, en las que se mencionen datos o información sobre el episodio aquí investigado".
Según la resolución del juez Del Viso, el peritaje deberá establecer "cualquier conducta tendiente a lograr el ocultamiento" de las circunstancias en las que fue asesinado Lucas González. Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación, deberán "obtener todos los registros de comunicaciones, su ubicación temporal exacta, y los datos de la agenda, debiéndose abarcar a todo otro archivo, foto, audio o documento que obre en los teléfonos en cuestión".
La medida "luce necesaria, razonable y proporcional a los fines del proceso, pues permitiría dilucidar ciertos aspectos de la imputación vinculada a un hecho de extrema gravedad", indicó Del Viso. Los peritos deberán realizar una "copia forense" de los nueve teléfonos, de manera tal de preservar los originales para evitar cualquier alteración que pudiera dar lugar a un planteo de nulidad de las partes.
