“Una de las causas que aumentan los riesgos por femicidios es la desarticulación de las intervenciones del Estado, que cuando actúa lo hace muy fragmentariamente. A partir de eso es que se tomó la decisión de crear el Consejo Federal de Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios por decreto”, dice Elizabeth Gómez Alcorta, cabeza del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), que la semana pasada cumplió dos años de existencia. El 3 de febrero de 2021, a partir del femicidio de Úrsula Bahillo y las graves falencias judiciales que lo rodearon, el Presidente Alberto Fernández, junto con Vilma Ibarra, Gómez Alcorta y las entonces ministras de Justicia y de Seguridad, acordaron que para abordar una política de prevención era indispensable la articulación entre distintas áreas del Estado, la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo desde las provincias, donde se registran las mayores desigualdades por motivos de géneros. “Seamos protagonistas de los cambios que hacen falta para transformar esta sociedad machista en una sociedad libre de violencias por motivos de género”, sostuvo Fernández en una carta escrita al calor del reclamo colectivo de Justicia por Úrsula. Este martes, su femicida, el ex policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, fue condenado a prisión perpetua, culpable de apuñalar a Úrsula hasta cansarse, en un paraje de la ciudad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires.

El 8 de marzo de este año, en el Museo del Bicentenario se firmó un acuerdo entre todos los gobernadores y las dos gobernadoras por una Argentina libre de violencia, con lineamientos promovidos por el Ejecutivo, entre ellos el Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de Género (SICVG), la articulación entre las líneas 911 y 144, y el compromiso de continuar reforzando las capacitaciones de la Ley Micaela: “Ese acuerdo es una base, porque creemos que un modo de prevenir los femicidios es que todas las provincias avancen en un mismo sentido”.

Tras dos años de gestión en un ministerio sin precedentes, ¿cuál es la agenda que marca la creación del Consejo Federal de Prevención de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios al que adhirieron todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires?

-La verdad es que en la Argentina la institucionalidad en materia de género es muy desigual de provincia a provincia. Hay provincias y municipios que tienen áreas muy fuertes de género, entonces hay buenas intervenciones. Hay otras provincias y municipios donde casi es inexistente. Lo importante de esto es que se abre la posibilidad de sentar en la misma mesa de trabajo al responsable o la responsable de la cartera de Seguridad, Género y Justicia de las provincias, junto con los poderes judiciales federales. Creo que la principal novedad en términos institucionales es que no hay otro modo de pensar que vamos a poder avanzar si no nos sentamos en la mesa con una misma mirada sobre cuáles son los caminos para prevenir estos hechos. No hay algo que las áreas de género de las provincias puedan resolver solas. Esa ministra, esa secretaría de género no maneja la policía, no es el Poder Judicial, y muchos de los resortes que se necesitan no los tiene esa área. Por eso pensamos que la posibilidad que tiene el Consejo es unir estas tres carteras.

¿Cómo se ve de manera concreta esa desarticulación que mencionás en la aplicación de políticas públicas?

-Si la mujer, por estar en una situación de riesgo, lo que necesita es asistencia económica, por ejemplo, eso es algo que no lo puede dar el Poder Judicial y sí el Poder Ejecutivo, como lo está haciendo ahora el Gobierno nacional con el Programa Acompañar. Si se necesita poner una pulsera dual, no es algo que lo pueda hacer el Poder Ejecutivo, lo tiene que hacer el Poder Judicial. Si eso se hace desarticuladamente, no funciona. Lo que venimos a modificar es que a una mujer que va al Estado a pedir ayuda no le abran la puerta como si fuese la primera vez, si la realidad es que fue diez.

¿Ese es el resultado de que lo que ya está hecho no está articulado?

-Claro. Por eso es clave que el Estado tenga toda la información, para que se pueda ver la película completa y no una parte. Siempre la fragmentación genera riesgos, cuando el Estado responde sin articular aumenta riesgos.

¿Pero dar respuestas eficientes no es solamente articular?

-Obviamente que no, pero una parte de la eficiencia de las respuestas está en la articulación.

¿Qué es el Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de Género (SICVG)?

-Es un único sistema de información donde todas las intervenciones estatales, sea cual fuera, están disponibles para quien las necesite. Es el modo de poder ver la película completa.

¿Creés que no hay confianza en el Estado?

-Y no. Porque cuando una mujer comienza a estar en una situación de violencia o violencia extrema, confía más en una amiga o en la compañera que está en el barrio, confía en la organización y no confía en el Estado.

¿Cómo se acompañan las capacitaciones de la Ley Micaela desde el MMGyD?

-No tenemos competencia de control sobre las provincias a ver si se cumple la Ley Micaela, pero sí podemos hacer un seguimiento. Por ley, desde el Ministerio tenemos la obligación de capacitar a las máximas autoridades del Congreso y de la Corte. Cada uno de los poderes tiene que dar su propia política hacia el interior, y nuestro rol es acompañarlos en las capacitaciones que hacen hacia adentro.

La Corte Suprema se ha negado a hacer esas capacitaciones.

-Sí. Y hemos enviado notas en reiteradas oportunidades. Ellos han negado tener que capacitarse. Y no es solamente jueces y juezas, porque muchas veces las malas prácticas no se producen solo cuando se dicta sentencia, sino cuando reciben o toman declaraciones. Pero hay que decir que en el territorio nacional hay 25 poderes judiciales.

¿Qué estrategias se están llevando a cabo para hacer cumplir la Ley?

-Una de las estrategias es que en las entrevistas, cuando se concursan los cargos para magistrados y magistradas, puedan dar cuenta de que tienen conocimientos con perspectiva de género.

¿Cuál es el horizonte que proyectás con respecto a la prevención de femicidios, travesticidios y transfemicidios?

-Pienso que una cuestión medular es llegar antes. Estamos trabajando y tenemos que poder lograr en el mediano plazo la incorporación en todas las carreras universitarias, y sobre todo en las carreras que después convierten a quienes egresan en efectores de políticas públicas

La Educación Sexual Integral es llegar antes.

-Sin dudas. En términos estratégicos, es la ESI desde el ciclo inicial hasta el secundario. Y después un trabajo que continúe en todas las universidades. Pensar cómo en nuestra historia hubo un momento en que los contenidos vinculados a derechos humanos se metieron en la Ley de Educación Superior y fueron obligatorios y transversales; estamos en un momento en el que tenemos que dar ese paso. Después las capacitaciones se tienen que dar igual porque son capacitaciones situadas

¿Qué implica esa capacitación situada?

-Es pensar en la pregunta de cómo en su propia praxis diaria se puede reproducir o no violencia por motivos de género. Eso es clave, porque parte de lo que se busca en la Ley Micaela no es solo que las respuestas del Estado tengan perspectiva de género, sino también que los espacios de trabajo estatales estén libres de violencia por motivos de género.

¿Cuál es el horizonte para 2022 desde el Ministerio?

-La salida de la crisis sanitaria y económica tiene que ser con igualdad de género. Mientras las mujeres sigamos siendo las más pobres, vamos a tener más riesgos de violencia. Sin duda, tenemos que trabajar en prevenir para que haya cambios culturales que se necesitan para salir de esta sociedad machista, pero si no avanzamos en materia de igualdad, vamos a estar trabajando siempre sobre lo emergente.