La Cámara de Apelaciones en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe rechazó tanto la nulidad como la apelación presentada por el vocal del Tribunal de Cuentas, Oscar Biagioni y por Fernando Serricchio, en la causa por violencia laboral y de género que inició una abogada que trabaja en el organismo. En agosto, el juez laboral Guillermo Garibay dictó una medida cautelar que ordenó el “inmediato cese del hostigamiento, malos tratos o tratos descomedidos y actos de discriminación laboral” a Biagoni en una presentación realizada por una abogada, que trabaja desde 2008 en el organismo encargado de revisar la transparencia administrativa del Estado. La defensa de los denunciados consistió pedir el cambio de fuero, que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia, así como la nulidad y la apelación de lo actuado. La resolución tiene 22 páginas, con profusa argumentación basada en la Convención sobre Discriminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer (CEDAW), la Convención de Belem do Pará, la ley nacional 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley provincial 12.434, de violencia laboral. Así, el tribunal determinó que hay elementos suficientes para dejar firme la medida autosatisfactiva solicitada por la víctima.

La resolución fue firmada por los camaristas Marcelo Giuliani, José María Pfeiffer y Sebastián Coppoletta. En la fundamentación, recuerdan que la Corte, al rechazar el cambio de competencia al fuero contencioso-administrativo, consideró que lo relatado por la abogada damnificada “prima facie y en el estado embrionario del proceso, encuadran dentro de la modalidad de violencia laboral, contemplada en el artículo 6, inciso c, de la ley 26485 y que se caracteriza como 'aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral".

En la prensa, a la abogada que relató las violencias sufridas se la conoce como Denunciante 1. Es que hay cuatro denuncias contra el funcionario. En el caso de esta abogada, el hostigamiento comenzó en 2018, cuando ella difundió un concurso y Biagioni la conminó a dejar de hacerlo, con gritos. Es que esa instancia tenía ganadora prefijada: la esposa del entonces presidente del Tribunal de Cuentas, Alejandra Nieto. A partir de ese momento, sufrió diferentes atropellos. Otro vocal del Tribunal la convocó: “el Jefe me manda a decirte que te calles un poco la boca” y que “te quedes en el molde”.

La denunciante describe “un camino de persecuciones laborales dentro del Organismo”. En mayo de 2018 se modificó arbitrariamente el régimen de concursos del Tribunal de Cuentas en beneficio de los entonces agentes que ocupaban de forma transitoria los cargos de Jefe y Sub-Jefe de la Fiscalía Jurídica. Justamente, se les impidió a la denunciante, y a su compañera de trabajo que se presentaran, “aunque ostenten las categorías para poder hacerlo”.

Tras varios recursos y denuncias contra las irregularidades del concurso, en febrero de 2019 quedaron firmes los cargos de Fiscal Jurídico y Fiscal Jurídico adjunto. Esas personas comenzaron a ejercer, también, violencia laboral. Por eso, la denuncia incluye a Serricchio, que –según consigna la resolución de Cámara- “se dirigía usualmente a ella de manera despectiva, degradándola en su condición de mujer y trabajadora y aprovechándose de su jerarquía para darle o quitarle trabajo, para asignarle tareas no acordes con la función en relación a su categoría que es la mayor de esa Área legal, o bien para denostarla en actos diarios y comunes”. La fiscal adjunta, en tanto, no le dirige la palabra.

Otra situación de extrema violencia fue el traslado del resto del personal de la oficina, para dejar en soledad a la denunciante y su compañera. “Sus compañeros les contaron que el Presidente Biagioni les pedía que no hable con ellas y más bien las vigilen y que las llamaba 'el serpentario'”.

Por otro lado, le encomendaron funciones por debajo de su categoría y se determinó que los varones harían los trámites de mayor responsabilidad, mientras las mujeres se encargarían de los menos complejos. Incluso, a las dos que ya estaban aisladas en una oficina, les retiraron el acceso a internet. Durante la pandemia, y pese a haberse determinado la licencia para todos aquellos trabajadores con hijos a cargo menores de 13 años, Serricchio comunicó a la denunciante, por teléfono, que debía presentarse a trabajar el día 10 de junio de 2020. Su hijo sufría un cuadro de sinovitis de cadera con reposo hasta el viernes 12 de Junio y ella pidió por nota reintegrarse una vez resuelto dicho cuadro, “incluso en horario vespertino". No se lo aceptaron y se lo notificaron "vía correo electrónico, al que no habría podido acceder por falta de clave. Expresa que reintegrada el día lunes a su lugar de trabajo recibió un trato de burla e irónico por parte de Serricchio”, sigue el relato de los hechos que tomó en cuenta la Cámara en lo Laboral.

Biagioni era entonces presidente del Tribunal de Cuentas. Pese a las cuatro denuncias por violencia laboral y de género en su contra, el gobernador Omar Perotti envió su pliego para que continúe como vocal por otro mandato. Ni Una Menos Santa Fe, y un puñado de legisladores, pidieron que se retire el pliego. Sin embargo, el 14 de octubre, de manera ficta, la Asamblea Legislativa permitió su continuidad, ya que la mayoría de les senadores y diputados no concurrieron a votar. Una nueva resolución judicial le da la razón a sus denunciantes.