Diciembre es un mes duro. Promedia con un femicidio cada 30 horas, con el aumento de ataques de odio contra mujeres, lesbianas, trans y travestis, y el endeudamiento gravoso para las que habitan los barrios populares, que les impide vivir una vida autónoma y libre de violencias. La mayoría de los llamados a la Línea 144 son realizados por mujeres, y sus agresores son varones, parejas o ex parejas. Componen una dimensión colectiva de las violencias de género que se amplifica en cada nuevo crimen y en cada grito por lxs que ya no están, por lxs sobrevivientes que no son escuchadxs y por las desapariciones que instalan cuestionamientos potentes, como el del activismo trans, que se tradujo en las campañas de búsqueda de Tehuel: “Que aparezca Tehuel, compartilo como si fuese cis”.
Los feminismos y las organizaciones sociales y políticas reconocen la existencia de programas estatales de asistencia y acompañamiento, pero reclaman una profundización y una desburocratización de las políticas públicas, el cumplimiento efectivo de los protocolos y mayor trabajo interseccional. Surge preguntarse hasta cuándo se podrá sostener el “Me cuidan mis amigas porque el Estado no me cuida”. La Ley Micaela, el Consejo Federal de Prevención de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios y la movilización en las calles, tres ejes que respiran al calor del cuidado común y la autodefensa contra los patrones machistas de impunidad, tejen entramados de fortalecimiento y modos de intervención antipunitivista y anticlasista, pero el registro desesperante de 227 femicidios y 10 transfemicidios o travesticidios en los primeros diez meses del año, que da cuenta el Observatorio Adriana Marisel Zambrano, de La Casa del Encuentro, urge nuevos debates y cuestionamientos necesarios para volver a poner pensamiento común y articulación feminista.
“Lo que venimos a modificar es que a una mujer que va al Estado a pedir ayuda no le abran la puerta como si fuese la primera vez, si la realidad es que fue diez”, dice a Las12 la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
¿No hay confianza en el Estado?
-Y no. Porque cuando una mujer comienza a estar en una situación de violencia o de violencia extrema, confía más en una amiga o en la compañera que está en el barrio, confía en la organización y no confía en el Estado (ver nota aparte).
Consejo Federal y Justicia feminista
El Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios creado en febrero, tras el crimen de Úrsula Bahillo cometido por su ex pareja, el policía bonaerense Matías Martínez, dispone garantizar un abordaje integral y articulado entre los diferentes organismos del Estado, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para prevenir, investigar, sancionar, asistir y reparar, si así pudiera decirse, esos asesinatos y otras violencias extremas. Pero la fragmentación de los ámbitos y la dificultad de establecer acuerdos entre las diferentes áreas de géneros de todo el país enciende conflictos, principalmente desde los poderes judiciales, y expone la necesidad de una mayor participación de las organizaciones en las mesas de armado y discusión de las estrategias contra las violencias.
“Necesitamos una articulación muy fuerte con las organizaciones territoriales, ponerlas en valor, porque son las que están cotidianamente en los barrios y necesitan de un Estado presente para articular sus intervenciones. Deben tener un rol jerarquizado en la prevención de la violencia de género”, sostiene la diputada nacional por el Frente de Todxs, Mónica Macha, y presidenta de la Comisión de la Mujer y Diversidad. “Tenemos que pensar un entramado entre Estado y organizaciones: ahí se construye otro modo de intervenir en estas situaciones, que no es comparable con otras. Implica una pregunta por los lazos comunitarios, por los vínculos barriales y por cómo abordar la situación de una familia.”
Según la legisladora, la falta de articulación y coordinación entre poderes tiene un solo punto conflictivo, el Poder Judicial. “El trabajo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo es coordinado, de entendimiento, de trabajo conjunto y fluido. Así construimos las leyes feministas más importantes de los últimos dos años, con la organización feminista que le dio volumen social a esa agenda”, subraya. “En cambio, cuando se observa la relación con el Poder Judicial, por su propia conformación y sus privilegios clasistas, es imposible articular estrategias de justicia feminista.”
Hasta el femicidio de Úrsula Bahillo, sólo había esbozos de una coordinación de estrategias y abordajes federales e integrales de las violencias por motivos de géneros. Desde la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres (CNVM), Eugenia Lara, referenta de la regional CABA, agrega que “no tienen idea” de la existencia del Consejo Federal. “Y ése es un dato. Si nosotras desde los territorios no sabemos lo que sea que es, no funciona, no está teniendo fuerza. Lejos estamos de encontrarle una solución desde lo institucional. La llegada del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tanto de Nación como de Provincia ha demostrado que no pueden dar soluciones prácticas, y desde los territorios hemos salido a las calles en reiteradas oportunidades por situaciones concretas y nos encontramos con una burocracia infernal. En ocasiones, una ayuda tarda hasta seis meses en llegar”, lamenta. “Con lo cual no hay todavía un abordaje que pueda resolverlo, salvo la confirmación que nosotras, como áreas de mujeres y diversidades dentro de los movimientos territoriales, nos sostenemos y acompañamos.”
Para Macha, sin embargo, las carteras de Mujeres, Géneros y Diversidad reman abordajes integrales en construcción permanente. “Pedir resultados inmediatos es desconocer los sedimentos históricos que atraviesa y estructura este problema. No vamos a cambiar en un par de años un genocidio y una violencia asentada, naturalizada, legitimada durante siglos. Estamos dando los primeros pasos en politizar la violencia machista y ponerla en un eje cultural. Creo que hemos logrado hacer crujir las estructuras patriarcales, que hemos puesto en tensión las masculinidades hegemónicas y los pactos de complicidad entre varones. Pero necesitamos ir más lejos, ser creativas, interpelar la actual construcción de masculinidades, y esto implica a las personas y a las instituciones, como por ejemplo la institución educativa, que tiene un papel clave en la formación de los roles de género”, advierte. “Estamos viviendo un cambio de época, legislamos un cambio de época y tenemos como política de Estado parir un nuevo mundo, pero somos eslabones de una cadena más grande. Por eso es fundamental la continuidad de las políticas, porque son procesos a largo plazo.”
La punta del iceberg
Hasta que ocurrió el femicidio de Micaela García, en 2017, perpetrado por Sebastián Wagner, un condenado a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres que se encontraba en libertad condicional, no existía una capacitación obligatoria en género y violencia de género para quienes se desempeñan en la función pública y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Para muchxs, la Ley Micaela es un símbolo de las instituciones formándose en una mirada feminista, pero exponen que a tres años de su sanción es resistida, de hecho la propia Corte Suprema de Justicia es el único ámbito institucional que aún se niega a realizar esa capacitación. La explicación, agregan otrxs, es la herramienta en sí misma, antipunitivista, de sensibilización, que desnuda desigualdades históricas entre los géneros y engrandece una mirada social que implosione los vetustos cimientos patriarcales.
“La Ley Micaela es un punto de partida en todas las áreas donde existen relaciones interpersonales y laborales. Tiene que estar como base en la Justicia, pero también en los medios de comunicación, incluso en las escuelas y en el deporte”, explica la abogada Melisa García, presidenta de la Asociación Argentina de Abogadas Feministas (Abofem). “Es importante que hagan el curso en el ámbito judicial, porque no podemos contar con una Justicia que se allane únicamente a una formación básica, cuando nuestras realidades están atravesadas por cuestiones de género, por desigualdades históricas, por la división sexual del trabajo, por la feminización de la pobreza, y por los ataques y la invisibilización de la población lgttbiq+.”
Junto con sus compañeras, Fabiana Cañete Urán, referenta de la regional Sur de la CNCVM que realizó la capacitación en la Ciudad de Buenos Aires, exige que se unifiquen contenidos de calidad y validados para todas las dependencias públicas. “Cada dependencia la arma a su criterio, y la propuesta en Ciudad tiene problemas no sólo de modelo pedagógico, sino también de contenidos. A pesar de ser sobre violencia de género reproduce estereotipos, hay definiciones forzadas y hasta erróneas. Nos presentaban un cuadro sobre micromachismos donde se coloca ´micromachismo coercitivo´ como ´uso de la fuerza física ́. ¿Se puede hablar de micromachismo cuando se refiere al uso de la fuerza?”, cuestiona
“El curso presenta las disidencias de manera correcta, pero después todo el desarrollo es binario. A esto se suma que es una capacitación muy fragmentada, con ausencias significativas de contenidos, como el abuso y la violencia sexual, que prácticamente no se abordan. Y finalmente las aprobaciones están sujetas a responder exámenes múltiple choice, como si se pudiera producir un aprendizaje significativo y cambiar la mirada sobre la violencia de género con modelos pedagógicos que tienen exámenes enciclopedistas.”
En este proceso, la Ley Micaela es “la punta del iceberg”, remarca García. “Existe un alto grado de vulnerabilidad, en el cual los sectores populares tienen grandes dificultades de acceso a la Justicia y a los abordajes en materia de violencia machista. La Ley Micaela es un puntapié para empezar a pensar una formación de género acorde, no como una cuestión ideológica, sino como una categoría analítica que permite entender la realidad de otra forma, que va a atravesar todas las instancias de nuestra vida y que es un cambio de paradigma.” A esta altura, afirma la abogada, ya es ineludible el compromiso de la Justicia para posibilitar un acceso real.
Que tres años no es nada, o muy poco. “Es poco tiempo para un proceso social como el que estamos planteando, pero en estos tres años se dieron situaciones importantes", opina Macha. "Hoy nadie puede decir que la Ley Micaela no sirve. Quien se niega a cumplirla, como sectores del Poder Judicial, tiene costos sociales altos hacia afuera y también hacia adentro. Se trata de una ley vinculada a la prevención, genera una pregunta sobre los modos de relacionarnos y cómo transformamos esas relaciones. A medida que nos formamos tenemos que ir transformándonos. Es una praxis, y en el Poder Judicial hay muchas personas que quieren avanzar con la agenda de género.”
La calle siempre va a ser nuestro lugar
La ocupación de la calle fue interrumpida por primera vez luego de una larga seguidilla de años a partir de la pandemia. ¿Las movilizaciones se vieron desarticuladas en términos de demandas desde los feminismos? ¿Cúal es la temperatura de la calle hoy? ¿Cuáles son las claves para diseñar una agenda callejera después de la desmovilización producida por el coronavirus?
El último trayecto de 2020 estuvo marcado por la legalización del derecho al aborto, un cierre celebratorio de largas jornadas de lucha y ocupación callejera que terminó con la promulgación de una ley histórica. Con la pandemia aún latiendo y acechando con la sensación de peligro ya tomada por costumbre, la calle volvió a convertirse en conductora de reclamo con el femicidio de Úrsula Bahillo a manos de su ex pareja, el policía Matías Martínez. Úrsula había denunciado varias veces, el femicida tenía ordenes de restricción que había violado. Todo falló. La calle respondió con una concentración frente al Palacio de Tribunales y la consigna fue “Reforma Judicial Feminista”, una demanda clara frente a los jueces de la Corte que se niegan a las capacitaciones de la Ley Micaela, un parate a un circuito donde el Estado falla y una pregunta dolorosa: ¿cómo puede ser que después de tantas denuncias haya terminado muerta?
El 11 de marzo desapareció Tehuel de la Torre, un chico trans que fue a una entrevista de trabajo y no volvió. Tehuel lleva desaparecido nueve meses, a lo largo y a lo ancho del país se trazó la pregunta que terminó siendo demanda de primera línea, ¿Dónde está Tehuel?: “De repente, con el caso de Tehuel la gente se dio cuenta de que las personas trans también desaparecen”, dice Alas Alexis, artivista No Binarie por los derechos y visibilización de la comunidad lgbtiq+ y personas con VIH: “Personas trans que buscan trabajos dentro de la informalidad, que desaparecen y que las instituciones las buscan con desgano, es una historia que se ha repetido a lo largo del territorio. Con el caso de Tehuel tuvo una mayor visibilidad”, explica. Alas destaca que aunque la Ley de Identidad de Género ya tenga 12 años de existencia y sin duda haya sido un triunfo conquistado en la calle, recién en los últimos años muchas personas están pudiendo acceder a una identidad reconocida por el Estado y las instituciones, esto está vinculado también a las denuncias y al acompañamiento que pueden darse desde las políticas públicas: “Que una persona trans hoy acceda a hacer una denuncia sin ser violentada parece una obviedad, pero no lo es”, concluye.
A partir del caso de Tehuel, el nombre de Santiago Cancinos comenzó a circular por los medios. Un chico trans que había desaparecido en la provincia de Salta en 2016, después de haber ido a una clase de gimnasia. Las campañas virtuales exigían la búsqueda y sus restos fueron hallados el 4 de junio de este año, un día después de la marcha de Ni Una Menos. El caso de Santiago es prueba concluyente de las demoras en las investigaciones y la inacción de la policía. Una vez más, la calle tracciona lo que no el Estado.
Mónica Macha observa que si bien la pandemia por un lado desmovilizó, a la vez fortaleció las redes feministas, comunitarias y barriales: “Desde ahí construimos. Y para ser honesta, no creo que haya pandemia capaz de desarticular el desarrollo actual de los feminismos de masas y populares que vivimos. Hemos conseguido muchas victorias. Es tiempo de organizarnos en busca del siguiente paso, pero eso no lo decide una persona o un gobierno. La fuerza del movimiento y de la historia gana sus propios lugares, su agenda, y nos orienta por donde seguir trabajando”, afirma la diputada. ¿Cuáles son las coordenadas para ese siguiente paso?
Eugenia Lara esboza algunas ideas sobre la territorialidad que hoy pareciera ser el lugar donde sube la temperatura de la movilización callejera. “La calle siempre va a ser nuestro lugar. De encuentro, de reclamo, de active, de mística. La pérdida de la calle durante la pandemia sigue teniendo mucho efecto en nosotras. Las marchas están enflaquecidas y las convocatorias se han diversificado porque se han territorializado por la necesidad de estar más metidas en los espacios-territorios”. Si bien es tiempo de imaginación política y de reinvención, la calle seguirá siendo un lugar de sostenimiento y lucha: “Allí nos nutrimos de otras que son nuestras redes al momento de resolver las circunstancias más apremiantes. La falta de los encuentros plurinacionales ha sido un hecho que generó un vacío importante. Si bien se replicó en distintos lugares, lo que implica como hecho político y todas las demandas que hemos venido realizando en los encuentros, con este vacío se notan. Pero sí, la calle es el lugar donde siempre vamos a estar”.
