La República Argentina regula su política de telecomunicaciones mediante la Ley Nacional Nro. 27.078, denominada “Argentina digital – Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)”. La ley es de orden público, lo cual es relevante para su aplicación en la contratación de servicios derivados de las TIC entre los usuarios —la parte más débil de la relación contractual— y la empresa prestataria del servicio. Declara de “interés público” el desarrollo de las TIC y sus recursos asociados, al reconocer, por un lado, la “neutralidad de redes” —principio clave para garantizar el tráfico de la información por Internet sin discriminación, restricciones ni interferencias— y, por otro, considerar a la comunicación como un derecho humano y a las tecnologías en función social, procurando su accesibilidad y asequibilidad por parte de toda la población en condiciones de calidad.

A su vez, Argentina es un Estado de estructura federal, según la Constitución Nacional, conformado por 23 provincias y una Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y en un nivel mayor de descentralización se encuentran los municipios. El artículo 17 de la ley establece la coordinación de las tres autoridades –nacional, subnacional y local– en la distribución de las redes de telecomunicaciones para la prestación de los servicios TIC, mediante acuerdos con la autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Por el decreto 690/2020 del 21 de agosto de 2020, el Poder Ejecutivo estableció el carácter de servicio público en competencia de los servicios TIC, tal como otros Estados –Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México y Costa Rica– ya lo han hecho.

ARSAT es una empresa estatal que presta servicios de televisión, telefonía y transmisión de datos mediante infraestructura terrestre, aérea y espacial. Con sede en Benavídez, funciona dentro de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tiene a su cargo la operación de los satélites geoestacionarios ARSAT-1 y ARSAT-2, la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), el Centro Nacional de Datos y el soporte técnico de servicios de Televisión Digital Abierta. Ha sido creada por Ley Nacional Nro. 26.092 e involucra a todas las jurisdicciones. Hoy cuenta con 34.500 kilómetros de fibra óptica trazada, que implica más de 1000 localidades conectadas y más de 630 operadores de Internet, según informa ARSAT en su sitio web oficial. Su objetivo es acortar la brecha digital entre pequeñas y grandes urbes.

En ese mismo sentido, se suman otras iniciativas como la Ley Nacional Nro. 27.506 sobre “economía del conocimiento”, para incentivar a sectores vinculados con la digitalización, tales como las industrias del software, e-learning, marketing interactivo, biotecnología y nanotecnología, entre otras. De esta manera, nuestro país se ubica en sintonía con lo establecido por el Consejo de Derechos Humanos, así como por Frank La Rue, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión y la Asamblea General —entre otros componentes del sistema de las Naciones Unidas—, en orden a garantizar el acceso universal a Internet y sus servicios asociados. Coincidiendo con el Consejo en su resolución 34/7 en caracterizar a Internet como la “…fuerza impulsora de la aceleración de los progresos …. incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible…”, con orgullo decimos: Argentina: país federal y digital.

*Profesora adjunta de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).