En el presupuesto 2022 por primera vez entrará en vigencia la Ley 27.614, que establece un aumento en los fondos destinados a la Función Ciencia y Tecnología (CyT) alcanzando el 0,31% del PBI del año 2022 (en año 2020 fue del 0,25%). La meta explicita es lograr que en el año 2032 se destine el 1% del PBI a financiar actividades de CyT, un objetivo largamente anhelado que tuvo su máximo de 0,35% en el año 2015. Este posicionamiento de la CyT en la agenda pública obedece a que resulta evidente que las sociedades con mayores niveles de bienestar económico y social son aquellas que basan el desarrollo en el conocimiento y la innovación. Reconocer que el conocimiento es un insumo que permite la creación de riqueza, que sustenta poderíos económicos, implica también aceptar que la CyT no estará asequible de manera inmediata ni distribuida equitativamente. La experiencia de la pandemia muestra la peor cara de esta disputa.

Asimismo, los procesos de creación y transferencia de conocimiento no son neutrales y están atravesados por los mismos intereses que otras actividades que desarrolla la sociedad. La forma de resolución de estas tensiones obedece a un modelo de país, implica una definición política. Así, el desfinanciamiento experimentado en gobiernos con orientación neoliberal está en línea con considerar a la Argentina como un país productor de materias primas y que
eventualmente puede comprar la tecnología llave en mano en el exterior.

Es así que resulta trascendental la decisión de aumentar el presupuesto asignado a CyT para un desarrollo soberano y va en línea con la (re) jerarquización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las siguientes cuestiones me parecen centrales para el debate venidero:

1) Las políticas y acciones en CyT deberán orientarse para dar respuesta a lo que pensadores como Varsavsky señalaban como los “grandes problemas nacionales”, prioridades que deben ser definidas y puede incluir, entre otros, energía, recursos naturales, alimentos, medioambiente, vivienda, salud, educación. Las políticas de focalización han demostrado ser exitosas, algunas con una larga historia en el país y recientemente en la lucha contra la COVID-19, que demuestran el enorme potencial para dar respuestas inmediatas a problemáticas urgentes.
2) El rol que asuma el Estado en la definición, coordinación y ejecución de estas políticas
es central y debe asentarse en el entramado de instituciones públicas de educación superior y del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
3) Se requerirá también de acuerdos con actores del sistema productivo y de organizaciones sociales. No puede admitirse que los beneficios de un desarrollo en CyT resulte en procesos económicos y sociales que profundicen las desigualdades existentes.
4) Es necesario profundizar el alcance federal de las capacidades de CyT, que apunte a atender las necesidades de cada región, con énfasis en problemáticas locales.

5) El capital más importante para el desarrollo es el conocimiento y el trabajo de quiénes integran el sistema de CyT. Deben profundizarse acciones tendientes a la mejora en las condiciones laborales.
La Ley 27.614 fue aprobada con amplia mayoría por ambas cámaras. Sólo un gobierno con vocación popular, que defina políticas soberanas en CyT que apunten a un desarrollo económico y social con inclusión puede convertir esta “política de estado” en bienestar para toda la población. La pandemia mostró que el desafío es posible y es urgente.

*Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), docente universitario e investigador del CONICET.