A días de cumplirse el 46º aniversario del combate de Monte Chingolo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después del copamiento de ese batallón por parte de militantes del PRT-ERP. “Los hechos materia de investigación se corresponden con el accionar clandestino llevado adelante por las autoridades mediante el crimen, el terror, las ejecuciones sumarias, torturas, detenciones ilegales y ocultamiento de cuerpos como método”, destaca el escrito presentado en el juzgado federal de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. “Que la Secretaría se haya sumado como querellante es muy importante y tenemos muchas expectativas de que la causa pueda empezar a moverse. También por el hecho de que haya un juez como Ramos Padilla”, señala Eduardo Oroño, de la comisión Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Monte Chingolo, que el próximo miércoles, a las 10.30, realizará en el Cementerio Municipal de Avellaneda un homenaje a los desaparecidos y asesinados.

El 23 de diciembre de 1975 tres compañías del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) tomaron el Batallón de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno” de Monte Chingolo, un depósito militar del sur del conurbano de donde planificaban extraer toneladas de armamentos. El Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) había infiltrado a la organización revolucionaria, por lo que pudo prever el golpe y esperar el ataque, que transformó en una masacre. “Más de cuarenta combatientes del ERP, cinco militares –tres de ellos, conscriptos– y una cantidad nunca determinada de vecinos murieron en el cuartel y sus inmediaciones, durante y después del mayor enfrentamiento librado en la Argentina entre una fuerza guerrillera y efectivos militares”, escribió Gustavo Plis-Sterenberg en su libro Monte Chingolo. Gran parte de los combatientes cayeron prisioneros dentro del batallón, fueron asesinados y desaparecidos. Oficialmente no hubo prisioneros ni heridos, aunque un parte militar al que accedió Página/12 en 1999 revela que el propio Ejército registró que “tomó y transportó detenidos” que nunca más aparecieron.

“En caso de que el intento de copamiento haya constituido un delito común, ello exigía por parte del Estado una respuesta dentro del Estado de derecho”, recuerda la Secretaría en su presentación. “La feroz represión desatada durante y después del episodio”, en cambio, se enmarca en “una política estatal” y “una práctica global que obedecía a propósitos diversos, entre ellos el de perseguir, secuestrar, torturar y eliminar opositores políticos”. “Se estima que en el marco del referido episodio fueron asesinadas, detenidas ilegalmente y ejecutadas más de 50 personas, a lo que siguió una represión ilegal que se cobró más vidas, alcanzando el centenar de víctimas. Muchas de ellas continúan desaparecidas”, destaca el escrito de los abogados Pedro Griffo y Facundo Dadic. “Los hechos materia de investigación se corresponden con el accionar clandestino llevado adelante por las autoridades mediante el crimen, el terror, las ejecuciones sumarias, torturas, detenciones ilegales y ocultamiento de cuerpos como método”, prácticas que pasarían a ser sistemáticas en los meses posteriores.

En paralelo a la instrucción militar diseñada para respaldar la versión oficial, Oroño recuerda que hubo una causa en la Justicia civil para blanquear la entrega de algunos cuerpos de víctimas que los militares consideraban “inocentes” y devolver a sus dueños vehículos usados en la operación. Tras la anulación de las leyes de impunidad, en 2003, un grupo de familiares inició una causa que recayó en el juez federal Julián Ercolini, quien se declaró incompetente. Dos años después se determinó que la competencia correspondía a La Plata, donde hibernó en el juzgado de Manuel Blanco. “Terminado el gobierno de Macri, retomamos con fuerza el pedido de justicia”, destaca Oroño, hermano de Carlos Omar Oroño, quien continúa desaparecido. “Le cortaron las manos, se lo pudo identificar, pero el cuerpo lo tiraron quién sabe dónde”, apunta.

La presentación de la Secretaría se enmarca en un plan estratégico para el avance de las investigaciones por delitos de lesa humanidad. Su objetivo es que se profundice la investigación para determinar si hubo graves violaciones a los derechos humanos, se logre una reconstrucción histórica de los hechos y se averigüe el destino final de las víctimas. Si bien la represión de Monte Chingolo fue anterior al golpe de Estado, la Secretaría lo enmarca en las prácticas globales del terrorismo de Estado y recuerda que en los últimos años se realizaron varios juicios orales por crímenes de lesa humanidad anteriores al 24 de marzo de 1976, como la Masacre de Trelew, el Operativo Independencia o los crímenes de la CNU en Mar del Plata y La Plata.