Tras evaluar un relevamiento de acciones que según el gobierno provincial se vienen realizando en el municipio de Santa Victoria Este, en la zona tripartita del norteño departamento Rivadavia, la jueza de primera instancia en lo Civil de Personas y Familia de la ciudad de Tartagal, Carmen Juliá, aprobó el Plan de Acción Septiembre de 2021-Diciembre de 2022 presentado por los ministerios de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo; de Desarrollo Social; de Salud Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia.
La disposición en el marco de una presentación radicada en ese juzgado en 2016 por la Asesoría de Menores para el “Control de legalidad de protección de derecho de la niña M.A.S.”. El expediente trata de la niña abusada en banda en 2015 en la localidad de Alto La Sierra, en jurisdicción de Santa Victoria Este. En aquella presentación la entonces asesora Eugenia Hernández Berni había sostenido que “la situación vivida por la menor (a quien se identificó en aquel momento con el nombre ficticio de Juana) ha dejado de manifiesto la necesidad de implementar políticas públicas que permitan a la niña y a otras personas de dicho municipio a gozar de los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes así como también los reconocidos por los diversos Tratados de Derechos Humanos”.
A seis años de aquella observación la jueza decidió retomar este año audiencias con distintos funcionarios, con el fin de que elaboren un plan de acción que se inició en septiembre de este año y en el que se detallaron acciones (que ya se vienen ejecutando) hasta diciembre del año que viene para poder resguardar los derechos vulnerados de las comunidades indígenas y criollas del municipio victoreño.
En las 38 páginas del fallo se detallaron las distintas acciones que se vienen desarrollando desde el gobierno provincial y las que se pretenden seguir llevando a cabo, que no en realidad no implican grandes cambios respecto de las que se desarrollaron desde 2020.
De hecho, el mismo fallo indica que “el plan presentado, continuidad de planes de trabajos anteriores, refleja el compromiso en el abordaje de esta problemática, busca dar respuesta y garantizar el ejercicio de este derecho, avocándose las distintas áreas, en el marco de sus competencias a trabajar para dar soluciones efectivas en pos de garantizar mejor calidad de vida a sus ciudadanos”.
Entre otros puntos en el plan se afirma que da de comer a niños y niñas asistentes a las escuelas, ya sea con viandas o con comida que se sirva en los comedores. También se detalla la reparación de bombas de extracción de agua para posibilitar que algunas comunidades indígenas tengan agua apta para consumo humano, además de la limpieza de algunas cisternas. Se afirma que también se cambiaron bidones para almacenar agua por aquellos que usaban las comunidades y que habían sido en su momento usados como recipientes de agroquímicos. Se informa además sobre la presencia de distintos programas de acompañamiento, capacitación y contención en materia de violencia de género en el lugar.
Para la jueza, “la respuesta del Ejecutivo provincial, mediante el plan de acción presentado hasta diciembre de 2022, como así también los planes de trabajo anteriores" son "una respuesta adecuadas y necesarias a esos requerimientos por lo que su aprobación se impone”.
Los tiempos que se tomó la magistrada para dar el visto bueno a las acciones que el gobierno debe establecer para evitar la vulneración de derechos no distan demasiado de lo que pasó en el caso particular de Juana, por cuya situación una defensora pidió hace seis años realizar acciones urgentes para frenar la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes del municipio santavictoreño.
Sin embargo, recién este año, y por impulso de una campaña que inició la mujer wichí Octorina Zamora, la nena y su familia pudieron conseguir que se cierre el terreno que habitan en Alto La Sierra, algo que se venía pidiendo desde que fue abusada, para resguardarla. Además, se logró que por primera vez la atienda un equipo interdisciplinario, y ella pueda contar con un alfabetizador. Otro logro fue que obtener su DNI y que ante la situación de discapacidad que atraviesa (tiene retraso madurativo), la Justicia le otorgue la guarda a sus padres. “Pero eso logramos tras enfriarnos en pleno invierno”, recordó Zamora.
Traducción al wichí y en términos claros
“Las presentes actuaciones se inician en pos de los derechos de personas menores de edad y sus familias, integrantes de una comunidad indígena pertenecientes a la etnia Wichi, involucra también a familias de criollos, siendo ellos los destinatarios de la presente resolución, razón por la cual será redactada en términos claros y sencillos de fácil acceso y compresión”, indica el fallo de la jueza Juliá.
Por este motivo la magistrada ordenó que el plan gubernamental sea publicado en “lugares de fáciles accesos, como es la Municipalidad, Hospital, Policía, Establecimientos Educativos de Santa Victoria Este, ello a cargo del Ministerio Público Requirente”.
“Lo que se dice en estas largas hojas, es que, reconociendo las necesidades que presenta la zona en que ustedes viven, hay muchas cosas que se van a hacer para que cada día puedan tener mejor calidad de vida, teniendo en cuenta sus pautas culturales. Para eso, se presentó un plan de trabajo en representación del señor gobernador de la Provincia de Salta, a través de los distintos Ministerios para organizar las tareas a realizar hasta Diciembre del 2022”, sostuvo la jueza al dirigirse a las comunidades.
