Fracasó la mediación dispuesta por el fiscal Oscar López Ibarra entre los ganaderos del litoral Rubén y Cristian Samite con el productor agropecuario Guillermo Scaraffía, a quien acusan de haberlos estafado por más de 4 millones de pesos al venderles ganado vacuno con un documento adulterado que derivó en el decomiso de los 130 animales por el Senasa y su posterior matanza. Además, con la representación de la abogada Fernanda Massara, los Samite hicieron un descargo ante el Senasa y apuntaron a la reponsabilidad del organismo nacional ya que el DTE falsificado tiene sellos de la oficina de Pozo Hondo en Santiago del Estero.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó a Salta/12 que el fiscal López Ibarra cerró la mediación sin acuerdo de las partes y que analiza junto al fiscal Nicolás Rodríguez López las diligencias a realizar.
Scaraffía se presentó a la mediación con el abogado Ricardo Anuch y la abogada Olimpia Caballero, y negó haber sido parte de la estafa. Por otra parte, los Samite se presentaron con el abogado Diego Protti, que ejerece la defensa con Massara.
Cristian Samite explicó a Salta/12 que presentó el martes ante el fiscal su teléfono celular con las conversaciones, y todo el material que tenía respecto a la transacción realizada con Scaraffía, en la que intervinieron además los comisionistas de las dos partes.
El ganadero también contó que uno de los comisionistas de Scaraffìa de nombre Ariel se contactó con el comisionista suyo, Marcelo Perco, para devolverles $35.000 que le pagó el metanense por la venta realizada. “El comisionista me reenvió 50 audios, algunos mensajes. En uno le dice que va a devolver la plata y no quiere problemas. Devolvió por transferencia 35.000, y dice ‘el resto de la plata la tiene el viejo’, por Scaraffía”, señaló Samite.
En el descargo presentado ante el Senasa la abogada de los Samite detalló que los animales fueron comprados por la firma Agro Comercial Andresa SRL el 7 de diciembre de 2021, a Guillermo Scaraffia, por intermedio de tres comisionistas: Gerardo Guzmán, con domicilio en la localidad de Villa Nueva Esperanza, en Santiago del Estero; Guido Schiaffino, domiciliado en la localidad de San Bernardo, en la provincia del Chaco y un tercero de nombre Ariel, cuyos datos desconocen, y el comisionista de los Samite, Marcelo Perco, con domicilio en el Chaco.
El pasado 7 de diciembre a las 17 aproximadamente empezó la carga de los animales en una finca, que, según señala la abogada, sus representados suponían que se encontraba en Santiago del Estero pero en realidad está en el departamento Rosario de la Frontera, en Salta. “Esta es una información que recolectamos con posterioridad cuando analizamos la ubicación que Scarafía nos había pasado por Whatsapp para llegar al lugar de la provincia de Salta, que consta de dos catastros linderos 5419 y 5420 que constituyen una sola explotación rural en cercanías del límite con la provincia de Santiago. Los animales cargados en el camión fueron pesados en una Finca vecina que se llama ‘La Divina’”, detalló la letrada.
Samite fue a controlar el peso de los animales y a pagar el monto por el que se había arreglado. Se pesaron y cargaron 50 vacas, 2 toros, 30 terneras y 18 novillitos, además de 32 terneros mamones que estaban al pie de la vaca, según precisó Massara. Los animales pesaron 26.750 kilos, que representan una suma de $ 4.537.350, abonada al contado y en ese acto Scaraffía pagó a los comisionistas.
Massara señaló que el DTE en soporte papel que Scaraffía le entregó a los transportistas tenía un sello de la Delegación de Pozo Hondo del Senasa en Santiago del Estero y señaló que sospecha que personal de este organismo se encuentra involucrado en la adulteración del documento.
El DTE adulterado decía que la fecha de carga era el 6 de diciembre de 2021, que el comprador era la firma Agro Comercial Andresa SA y el lugar de destino la finca “El Campito”. “Como se ve, datos reales de la operación que no coinciden con el código único de validación electrónica (CUVE), que según datos recabados por nuestra parte se trataría de un DTE expedido por la delegación de Santiago del Estero, referente a una venta de hacienda de hace más de un año a un frigorífico de la ciudad de Palpalá, en la Provincia de Jujuy”, sostuvo Massara.
La letrada dijo que hay sellos, datos e información en el DTE falsificado que solo puede conocer personal del Senasa.
La discusión por la faena
Por su parte, Scaraffía señaló que no tiene certezas por el destino de los animales y consideró que “mataron toda la hacienda” el día del secuestro, y agregó que desconfía de las declaraciones públicas del Senasa respecto a que la faena fue esta semana.
“Pasaron 8 días , no se sabe nada, no hay detenidos, no pasa nada, todo está en veremos”, sostuvo Rubén Samite, por su lado.
Massara dijo además en el descargo que no existían motivos para ordenar el sacrificio sanitario de los animales porque es posible hacer el trazado de su movimiento y no se advierte que provengan de lugares donde puedan haber estado expuestos a algún virus o enfermedad contagiosa.
Señaló que existen otras medidas de índole sanitaria como análisis bioquímicos para detectar la presencia de enfermedades y proceder en consecuencia ya que en la actualidad existe la tecnología para el rastreo satelital de los camiones que transportaban la hacienda, y que permite conocer con exactitud donde se cargaron los animales y que trayecto hicieron, además de los testimonios y otras pruebas que se ofrecieron en la causa penal para acreditar la responsabilidad de los denunciados.
“Haciendo mínimas y elementales diligencias es entonces posible descartar la existencia de riesgo sanitario, máxime cuando sabemos que no existe ningún brote de aftosa en la República Argentina desde hace por lo menos 20 años y ello permite descartar la posibilidad de que los animales secuestrados hayan estado en contacto con animales afectados”, sostuvo la letrada.
Massara dijo que no desconoce el ejercicio del poder de policía para cumplir con sus obligaciones por parte del Senasa, pero puso en tela de juicio la razonabilidad. De este modo consideró el sacrificio de los animales como una medida “arbitrariamente desproporcionada con relación al objeto del acto”. Cuestionó además que no se le haya dado intervención a sus representados en la decisión de la faena, sin pagarle además una indemnización y lo calificó como una violación a la propiedad privada.
“No sólo está en juego la propiedad privada y el derecho de defensa de mi parte, está en juego también la transparencia de los actos de gobierno pues se hace necesario descartar tajantemente la posibilidad de una connivencia dolosa con personal de ese organismo, recordemos las sospechas que recaen sobre la complicidad de personal de la Delegación de Villa Nueva Esperanza o de Pazo Hondo por la adulteración del DTE y del Frigorífico Bermejo adonde fueron llevados los animales", afirmó.
Samite indicó que de haberse sacrificado los animales, favorecería a un frigorífico de la competencia, "pues se trata de cifras millonarias, la quiebra de la Sociedad que represento”.
“Ese desprecio por el bienestar animal se tornaría directamente en criminal si se sacrifican 32 terneros mamones que están al pie de la vaca, pues no son susceptibles de ser consumidos como alimento ni implican riesgo sanitario alguno. Sería un acto extremo de crueldad animal: matarlos por la muerte misma”, sostuvo además Samite en el descargo.
Massara pidió al Senasa que “previa adopción de las medidas de índole sanitaria que se estimen necesarias y conducentes para descartar los supuestos de riesgo sanitario, se haga entrega de los animales secuestrados ”, y reclamí una indemnización para los compradores.
También solicitó que se investigue y se deslinden responsabilidades con respecto a la adulteración de la documentación para el traslado de los animales, poniendo especial atención a los DTE que se expiden en la delegación Senasa en Santiago del Estero. Además pidió que se libre de responsabilidad a Samite y a los transportistas por no formar parte de la adulteración del DTE.
