La Comisión de Agricultura, Transporte y Ganadería, presidida por el Senador Walter Wayar, recibió ayer a los representantes del Centro Obrajeros del Norte de Orán y la Sociedad Rural de Salta para analizar un proyecto de Ley que ya cuenta con media sanción de Diputados y que en la sesión del 2 de diciembre lograron frenar sobre la hora cuando incluso ya había sido sancionado.
El proyecto original fue remitido por el Ministerio de la Producción que conduce Martín de los Ríos a la Cámara de Diputados para su tratamiento, y busca generar valor agregado en origen a todos los productos forestales correspondientes a especies nativas prohibiendo su salida del territorio provincial sin haber sido sometidos previamente a un proceso de industrialización.
La presidenta del Centro de Obrajeros de Orán, Rebeca Loutaif, tras reunirse con los legisladores, reconoció que el proyecto tiene una buena intención pero manifestó su malestar por no haber sido nunca consultados, como actores fundamentales, ni por los miembros del Ejecutivo, ni por las comisiones respectivas de diputados y senadores, y que de no ser por una llamada de último momento a los representantes departamentales, la Ley hubiese sido sancionada sin su conocimiento.
“Lamentablemente el Ejecutivo no nos consultó en ningún momento, y cuando se aprobó en Diputados nos dieron una audiencia con el ministro, en la que nos prometió que antes de ser tratada en el Senado nos iban a llamar para que expongamos nuestro parecer, pero volvió a suceder lo mismo”, le dijo a Salta/12, la referente del sector en Orán. A la vez que indicó que la Ley impone restricciones pero no es clara y taxativa en cuanto a qué denominan, y el alcance que tiene el término “agregado de valor”, dejando todo librado a la reglamentación posterior por parte del ejecutivo.
Loutaif añadió que necesitan esas precisiones dado que Salta no cuenta con la capacidad industrial instalada para dar un gran valor agregado como propondría la iniciativa “porque una mínima intervención a la madera no es igual a su industrialización integral”. Y lo ejemplificó con la carencia de secaderos de madera.
“Necesitamos saber qué nivel de industrialización será necesario, así como datos que tenemos que reunir, como la capacidad ociosa que tiene el sector”, acotó Loutaif, quien explicó que particularmente el sector foresto industrial de Orán es el que más agrega valor, por lo que serían los más beneficiados, “pero se debe seguir escuchando a otros como los de Tartagal y seguir detallando, porque la Ley tiene solo cuatro artículos”.
Reiteró que están a favor de iniciativas como esa, que generarían otro tipo de valor a los productos que comercializan y a su vez mayor demanda de mano de obra con un recurso tan escaso, “pero para eso es necesario generar otras condiciones de mercado”. Salta cuenta con más de siete millones y medio de hectáreas de bosques nativos, de allí la importancia que la actividad sea ejercida con responsabilidad ambiental.
Desde el sector obrajero se comprometieron a acercar algunas modificaciones y detalles técnicos al proyecto para que sean debatidos nuevamente de aquí a un mes, luego de recolectar más datos del sector y que los senadores escuchen también al Centro de Obrajeros de Tartagal.
En tiempo de descuento
En la sesión del 2 de diciembre, el presidente de la comisión de Minería, Sergio Ramos, ya había defendido dicho proyecto al considerar que la situación de desigualdad del interior de la provincia amerita pensar en generar valor agregado en origen. Así como que los recursos naturales existentes en la provincia “los tenemos que optimizar en su máxima potencia como se hace en la minería”.
Con dictamen de esa comisión, Ramos sostuvo que la iniciativa generaba la posibilidad de aumentar la mano de obra favoreciendo la cantidad de aserraderos que tiene la provincia, “pero también nos marca claramente que podemos tener la oportunidad de trabajar la madera para viviendas sociales”, añadió el representante por Rosario de Lerma.
Detalló que ese tipo de viviendas aún no son elaboradas por el Estado provincial a través del IPV, y que existen normas contempladas en el Estado Nacional que permiten que las casas de madera “cumpliendo determinados requisitos, más en una zona sísmica como la nuestra”, sean habilitadas. “Y de esa manera ir por el camino de solucionar el hacinamiento que tenemos en la provincia”, añadió.
“Esta Ley nos da la oportunidad de prohibir que la madera nativa salga de Salta sin un previo tratamiento, tenemos que sentar las bases para la optimización de nuestros recursos naturales”, esgrimió en ese entonces el legislador.
El proyecto fue sancionado por unanimidad, pero minutos más tarde, tras solicitar un cuarto intermedio, el mismo Ramos pidió que vuelva a comisión ya que se debían considerar algunos puntos a solicitud de las Cámaras respectivas, y luego de votar la moción, se anuló su aprobación y volvió a su comisión de origen. “En este lapso de tiempo nos llamaron sectores productivos porque quieren realizar aportes a este proyecto, y seguramente nos beneficiará”, argumentó a la hora de pedir se reconsidere como nula su aprobación hasta poder escuchar a las partes involucradas en la materia.
La titular del Centro Obrajero de Orán agradeció a los senadores que hayan dado marcha atrás con el proyecto justo a tiempo “para escuchar nuestra posición y que juntos podamos elaborar una Ley conveniente para todos”.
Walter Wayar propuso articular el trabajo con la comisión para avanzar con distintas propuestas que lleven a perfeccionar el proyecto. Entre ellas citó como una alternativa la posibilidad de condicionar el funcionamiento de esa norma a la asignación de fondos que le corresponden a Salta por la Ley Nacional de Ordenamiento de Bosques Nativos, que no están siendo enviados en su totalidad por el gobierno federal y que pueden servir para financiar incentivos a la radicación de industrias.
