Un investigador de Gendarmería Nacional mostró ayer la red de vínculos entre organizaciones y personas ligadas al narcotráfico en el norte provincial, en el juicio que sigue contra Delfín Castedo y otras seis personas, por actividades de narcotráfico y lavado de activos. Por el relato del testigo pasaron casi todos los nombres destacados conocidos por esta actividad. También dijo que a través del entonces diputado provincial Ernesto Aparicio, que integraba la asociación criminal, tenía vínculos con los poderes judicial y político. En grandes trazos, señaló que Castedo tenía trato con Carlos Salvatore, el abogado que en 2015 fue condenado a 21 años en el caso Carbón Blanco por exportar 1200 kilos de cocaína a Europa; sostuvo que el nivel de desarrollo e inversión que había en la finca El Pajeal, de propiedad del capo narco, no podía ser como consecuencia de las ganancias de una simple actividad agropecuaria, y también lo conectó con el homicidio de la productora rural Liliana Ledesma, cometido en 2006 en Salvador Mazza. 

"Era vox populi en Salvador Mazza sobre la conducta de la familia Castedo", "Delfín Castedo estaba considerado como el patrón de todas las organizaciones", aseguró el suboficial principal. "El temor que tenían a Delfín Castedo no era común. Nadie quería hablar de él", este temor se manifestó "siempre", incluso antes del crimen de Ledesma, "y después mucho más. Todos decían vamos a correr el mismo destino". 

Los dichos del gendarme provocaron otra vez la reacción del acusado, que desde la cárcel de Ezeiza pidió nuevamente hablar “para aclarar” algunos aspectos "porque siempre es lo mismo. Las escuchas las reportan como ellos quieren". Como el testigo había dicho que en las escuchas había conversaciones en código, que hablaban de cargas de ladrillos, trabillas y postes, Castedo dijo que "eran ladrillos para hacer casas" y los postes y trabillas, elementos para el alambrado. "Ellos saben bien", resaltó en una comunicación que se escuchó con dificultad. 

Agregó que la gente no hablaba no por temor, sino "porque no veía nunca nada". Negó vínculos con organizaciones narcos, como el Clan Ferreyra y "con los Motok menos". "No hay ninguna prueba", aseguró. Otra vez aseguró que la finca de su hermana, Roxana Castedo, no linda con El Pajeal. E insistió en que los pasos ilegales están en los 5 kilómetros de frontera que hay hasta el Hito 15. "Años de seguimiento, nunca se llegó a nada". "Todas son suposiciones", afirmó. 

En 2002 el testigo se desempeñaba en la Unidad de Investigaciones de Gendarmería en Salta, donde llegó el pedido del Juzgado Federal N° 1 para iniciar una pesquisa en una causa originada en una denuncia anónima presentada en Buenos Aires que daba cuenta de la existencia de organizaciones narcocriminales que operaban en Bolivia y Argentina, se mencionaba ahí, entre otros, a Isabel Cardozo, Juan Ramón Tarifa y el Clan Motok.

Ese mismo año Tarifa fue detenido con 68 kilos de droga y, según contó el principal, entonces advirtieron que las organizaciones operaban por separado. Para entonces ya habían encontrado vínculos entre la familia Ferreyra con “gente de Delfín Castedo”; con el narco Severo Guzmán, entonces pidieron al Juzgado que se separaran las investigaciones.

En 2003 se formaron dos equipos de investigadores, uno se ocupaba de Delfín Castedo. El testigo contó que cuando lo convocaron para esta investigación, encontró que Delfín Castedo tenía antecedentes por tenencia de arma de guerra y por documentos adulterados, con el dato importante, corroborado luego por el comandante de Gendarmería Gabriel Riveros, de que entonces su abogado fue Carlos Salvatore. También encontró vínculos con Mario y Alberto Yudi, que están siendo juzgados en este proceso como parte de la organización criminal dirigida por Castedo.

Escuchas ciegas 

El gendarme contó que al principio hacían “escuchas ciegas” porque no sabían quienes hablaban. Mario Yudi “hablaba con un tal loco”, todo un dato porque sabían que en Salvador Mazza Delfín Castedo era apodado “Loco Castedo”. El suboficial dijo que les llamó la atención porque “este Loco se comportaba como si fuera el dueño del negocio” de Yudi.

También había comunicaciones con Noemí Morales, que residía en la ciudad de Salta y parecía contadora, realizaba los balances para Castedo, le llevaba la agenda judicial y le aconsejaba como enfrentar las causas que tenía pendientes, y con una persona a la que llamaban “ingeniero Gerónimo”, de Tartagal, un dato que resulta interesante porque en 2016, en otro secuestro de droga, terminaron detenidos, entre otros, el concejal Mauricio Gerónimo y su hermano Jesús Gerónimo, ambos ya condenados. Esa carga, de 250 kilos, iba en un camión a nombre de Ernesto Aparicio. 

En una pesquisa tan paciente, la certeza de la identidad del principal sospechoso salió de boca de Morales, contó el gendarme. Un día fue al comercio de Yudi y “habla con Loco. Le dice Delfín. Dos veces le dice Delfín. Le dice necesito hablar con vos”.

A la par, en investigación de terreno, comprobaron que Delfín Castedo vivía en una casa en Salvador Mazza sobre la calle Fragata Libertad, y además tenía tres inmuebles sobre la ruta nacional 34, en los kilómetros 1481, 1484 y 1485, cuyos medidores de luz estaban a su nombre, aunque en uno de esos inmuebles vivía Bonifacio Martínez, detenido en 2010 o 2011 con un cargamento de cerca de 300 kilos de cocaína, “es un conocido en el lugar como una persona que se dedica al narcotráfico”.

Y Yudi “vivía en una casa tipo mansión de una manzana”, en el kilómetro 1487 de la ruta nacional 34, “pegada a los inmuebles” de Castedo, quien además tenía la finca El Pajeal.

El testigo recordó que conocía esa zona rural desde la década de los 90, cuando la patrullaba porque Gendarmería tenía entonces un puesto de control en el final del camino vecinal que sale del Sector 5 de la zona urbana de Salvador Mazza y se extiende hasta los Hitos 14 y 16, que marcan el límite con Bolivia. Ahí está el puesto de la familia Ledesma, y la familia Rojas. El gendarme los recordó porque dijo que los requisaban por rutina. En ese entonces los caminos eran angostos, rodeados de montes, no había alambres que dividieran las fincas o puestos, cuando regresó, en 2006, estaba todo muy distinto, sobre todo la casa de El Pajeal, “los caminos estaban abiertos (ensanchados). Estaban distintos. Ya habían empezado los alambres” y más adelante había portones que perjudicaban principalmente a Gendarmería, porque no podía pasar para hacer los patrullajes.

En la lenta pesquisa, llegó el momento en que pudieron intervenir los teléfonos celulares. Esta vez les fue fácil identificar al sindicado jefe, por el timbre de su voz. Hablaba con sus hermanos Raúl Amadeo “Hula” Castedo, juzgado en este proceso también, y Rafael Castedo.

Con el seguimiento comprobaron que Delfín “Castedo viajaba mucho”. De Salvador Mazza iba a Santa Fe, vendía propiedades en Buenos Aires. Hablaba mucho con “Mamila”, Ernesto Aparicio, “Por cualquier causa hablaba con Aparicio porque tenía contacto con la justicia y los fiscales, o hablaba con cualquier otro político”. 

En esa misma línea parece inscribirse una reunión que se hizo en la estación de servicio Shell cercana a la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta. El investigador contó que antes del crimen de Ledesma, Delfín Castedo vino a la ciudad de Salta acompañado por un hombre que se comportaba como su custodio y se reunió con Aparicio y otra persona, “un canoso”, al que identificaron como Pablo Outes, el actual coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno de Salta.

El homicidio que paró todo 

Hula Castedo se ocupaba de la finca El Pajeal. En las conversaciones entre los hermanos surgió el conflicto con la familia Ledesma, por el cierre del camino vecinal. Hula siempre se refería a sus integrantes con insultos. “Esa bocona, esa conchuda. Ese petiso hijo de puta”, decía en referencia a Liliana Ledesma y a su hermano, Jesús. 

“Qué van a hacer ustedes, que no han crecido nada. Qué van a hacer con $10 mil. Nosotros tenemos 10 millones de dólares”, contaba que les había dicho. “Decía que ellos (los Castedo) andaban armados. Y que plata y tiempo les sobraba” y que “si le pasaba algo a su hermano los iba a voltear de a uno”, porque responsabilizaba a Liliana de dar información a las fuerzas de seguridad. “Hula especialmente tenía mucha bronca con la familia y con la Negra” en particular. 

En otra ocasión decía “nosotros tenemos 100, 200, 300 verdes, no tenemos problemas en poner”. “Le advertí que la tengo bien estudiada”, que sabía por dónde andaban y sus horarios. Y Delfín Castedo le dijo que buscara a dos: el cordobés y el mecánico y otra vez le dijo “a eso lo solucionamos con Orlando y Raúl”. Hasta que finalmente el 21 de septiembre de 2006, cuando se encontraba en Santa Fe, Delfín recibió una llamada: “Tené cuidado, los chicos la mataron a la Negra”. A partir de ese momento dejaron de usar esos teléfonos. “A partir de ese momento nosotros paralizamos el hilo de la investigación”, contó el gendarme. 

Los hermanos están acusados de ser los autores intelectuales del crimen del crimen de Ledesma, pero la causa se tramita en la justicia provincial. Sin embargo, se especula con que el fiscal Carlos Amad podría plantear una ampliación de la acusación y pedir que el TOF 1 declare su competencia sobre este hecho y lo traiga a este proceso. 

El suboficial principal recordó que “Hula siempre se jactaba de que era matoncito. Él mandaba la zona”, y que el conflicto se había ido acrecentando porque los Ledesma y otros puesteros hacían denuncias públicas.

Sus dichos fueron corroborados en parte por Riveros, que hizo el "análisis de contenido comunicativo" de las escuchas, especialmente las conversaciones entre los hermanos Delfín y Hula, referidos al conflicto y al homicidio de Ledesma. 

El técnico destacó por un lado que esas comunicaciones revelaban "esa necesidad o no de tener contacto con diputados" u otros miembros del poder. Y subrayó que mantenerse prófugo, como estuvo Delfín por diez años, requiere de una logística importante, de poder económico y conexiones. 

Riveros también contó cómo establecieron las comunicaciones entre los Castedo y los autores materiales del homicidio, entre ellos la hermana de Ernesto Aparicio, Gabriela Aparicio, y Aníbal Tárraga. Y también él refirió que tras el asesinato, las líneas cesaron. 

Una ciudad aparte

En 2016 y 2017 el suboficial principal participó de dos allanamientos a la finca El Pajeal. Comprobó que todo estaba muy cambiado. “La finca El Pajeal era una ciudad aparte”, afirmó. Tenía generador de energía propio, dos lagunas artificiales con aves, casas para empleados, una casa grande, un tinglado, quincho, bebederos, criadero de porcinos, campos desmontados, algo de maíz sembrado, calcularon que había unos 1700 vacunos y una gran cantidad de caballos, y ovejas. “Lo que a mí más me sorprendió era la cantidad de máquinas que había”, unas 15 recordó, y la finca, recordó, llegaba hasta el límite mismo con Bolivia, y ahí había un portón que comunicaba con el campo del vecino país. “Me llamó la atención el progreso”. “Todo eso que estaba ahí no podría ser producto de la producción”, sostuvo. 

Todo fue inventariado en 2017 regresaron a secuestrar las existencias, pero para entonces “la maquinaria ya no estaba. La habían sacado”.