La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará un seguimiento particular sobre el retroceso de la independencia del Poder Judicial y la defensa de los derechos humanos en la Argentina. Así lo adelantó esta mañana su presidente, Francisco Eguiguren, durante una audiencia con representantes de Justicia Legítima. En el encuentro los integrantes de esa asociación le realizaron un pormenorizado informe sobre la situación de la Justicia en el país y el impacto del desenganche del sistema americano de protección de derechos humanos que significó el fallo “Fontevecchia“ dictado por la Corte Suprema.

Los miembros de la CIDH llegaron esta semana al país, donde a partir de este lunes sesionarán por primera vez y en forma extraordinaria. Eguiguren, quien además de ser su presidente es el comisionado para la Argentina, recibió a la representación de Justicia Legítima junto al secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao, y otros comisionados.

Fue una “reunión privada bilateral” que se realizó en el Salón Martín Fierro del Hotel Sheraton. El encuentro comenzó a las nueve de la mañana y se prolongó por media hora. Por el tipo de audiencia, la CIDH sólo aceptó recibir a cinco personas. De Justicia Legítima estuvieron su titular, la jueza de Casación María Garrigós de Rébori; el juez de la Cámara de Casación Federal Alejandro Slokar; el fiscal General Procuraduría Crímenes Lesa Humanidad, Jorge Auat; el primer fiscal de la Oficina Anticorrupción, José Massoni; y el jurista Julio Maier.

Los miembros de Justicia Legítima tras su encuentro con la CIDH.

“Alertamos a la CIDH sobre la crisis de la independencia del Poder Judicial y la regresión supremacía de los derechos humanos”, precisó Slokar a Página/12. Los representantes de Justicia Legítima, quienes en los 30 minutos que duró la reunión fueron exponiendo uno a uno y también acompañaron su informe con documentación, pusieron particular énfasis en las consecuencias del fallo “Fontevecchia” de la Corte Suprema, que dispuso que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son de cumplimiento obligatorio para la Argentina. El máximo tribunal sacó ese fallo tras el ingreso de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los dos jueces designados por Mauricio Macri y cambió su jurisprudencia en relación al sistema interamericano de derechos humanos.

“Quedamos excluidos de la legalidad internacional”, destacó Slokar sobre las implicancias de ese fallo. También manifestó su preocupación acerca de que “se está dilapidando el capital la Argentina que había acumulado en las últimas décadas” en cuanto a la defensa de los derechos humanos.

Los integrantes de la CIDH recibieron a los representantes de Justicia Legítima en el marco de los encuentros que están manteniendo desde su llegada a la Argentina. Ayer Eguiguren junto a otros miembros del organismo que conduce estuvieron en Diputados. Allí se entrevistaron con legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

El desenganche de la Argentina del sistema de protección de derechos humanos interamericano también fue motivo la conversación en esa reunión. Victoria Donda, titular de la comisión,  remarcó que “la Corte Suprema le quita fuerza al derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno y al sistema interamericano de protección de derechos humanos”.

Los comisionados de la CIDH comparten esa misma inquietud y por eso decidieron poner la lupa sobre la Argentina. Según adelantaron en su reunión con Justicia Legítima, en las deliberaciones previstas para octubre en Montevideo habrá un capítulo específico sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina y la independencia judicial en el país.

En estos días en la Argentina están recopilando buena información al respecto. Además de su encuentro con diputados y con Justicia Legítima, los comisionados de la CIDH recibieron ayer de manos del Foro por la Libertad y la Democracia (FLyD), que integran más de cien organizaciones, un duro documento sobre violaciones a los derechos humanos en el país. Ese colectivo denunció la detención ilegal de Milagro Sala y los otros presos políticos de la organización barrial Tupac Amaru en Jujuy y Mendoza, como así también el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el aumento de los casos de violencia policial.