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Desde Santa Fe
La Legislatura le aplicó ayer al fiscal Adrián Spelta la ley 13.695 (y su melliza 13.807) con la que tomó el control político de los fiscales y lo suspendió por 60 días –sin sueldo- por supuesto “mal desempeño” en el cargo. El autor de la ley es el senador Armando Traferri. La medida fue adoptada en la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados en la que su colega Lisandro Enrico justificó el castigo a Spelta, aunque aclaró tres veces que “no era una persecución” al fiscal. El dictamen salió con 58 votos a favor (14 senadores y 43 diputados) y la abstención de Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y su compañera de bloque Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura). En el debate, Del Frade propuso volver a discutir la ley Traferri para que “no exista la sospecha de que hay persecución a los fiscales cuando no nos conviene y apoyo a los fiscales cuando nos conviene”. A fines de junio, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe convalidó –por 4 a 2- el control político del Ministerio Público –que no existe en ningún lugar del país-, pero la sentencia no está firme, fue impugnada por la defensa de Spelta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Spelta fue suspendido porque aceptó la “prisión domiciliaria” del narco “Ema Pimpi” Sandoval en mayo de 2018, quien un año y medio después fue ejecutado en una casa en La Florida, en octubre de 2019. El juez Hernán Postma, que convalidó la prerrogativa a Sandoval, fue sometido a jury por ese hecho, pero el Tribunal de Enjuiciamiento desestimó la acusación por mayoría (6 a 4), en agosto de 2020. En el jury, Traferri votó a favor de Postma, pero ayer en la Legislatura, avaló la suspensión de Spelta.
Antes del plenario, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público volvió la impugnar el “régimen sancionatorio” que se adjudicó la Legislatura con la ley Traferri (13.695 y su melliza 12.807). “Una vez más le decimos que no”. Porque “afecta la autonomía funcional del MPA y la división de poderes, desplaza al juez natural, exime al legislador de dar fundamento de su voto, peca de vaguedad y debilita aquello que hoy día se debe fortalecer”, apuntó.
El abogado Hernán Augusto Martínez, defensor de Spelta, coincidió que el fiscal fue suspendido “mediante un procedimiento inconstitucional”, que está impugnado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y alertó sobre otra consecuencia. Spelta es jefe de la Unidad de Delitos Dolosos de Rosario. Suspenderlo en su cargo significa “dejar una de las oficinas más complejas del MPA sin uno de sus miembros durante dos meses. Esto también es inseguridad”, planteó Martínez.
Su colega Gustavo Feldman, ex abogado del juez Postma en el jury de 2020 dijo que el castigo a Spelta es una “decisión sin sustento jurídico. Nunca un accionar dentro de la ley puede dar lugar a una sanción. Spelta actuó dentro de la ley y no desobedeció ninguna resolución”. “La ponderación ‘política’ que se hace en estos enjuiciamientos no son una patente de corso para violar la Constitución y la ley. Sancionar a alguien por una decisión antipática pero legal, viola el principio de legalidad de raíz constitucional”, enfatizó Feldman.
La sesión conjunta de ayer la convocó la vicegobernadora Alejandra Rodenas, pero la presidió el senador Rubén Pirola. El dictamen de la comisión de Acuerdos que propuso suspender a Spelta estaba pendiente desde el año pasado, por el fracaso de dos asambleas: la primera, en setiembre de 2020, que suspendió el trámite disciplinario a la espera del fallo de la Corte (que salió en junio de 2021) y la segunda, en julio de 2021, por fracasó por falta de quórum. El tercer intento fue el de ayer. Vale entonces recordar los firmantes del despacho: dos senadores del bloque Traferri (Pirola y Joaquín Gramajo), dos del bloque Pullaro (el propio ex ministro de Seguridad y su colega Fabián Bastía), dos socialistas (el presidente de la Cámara Pablo Farías y Leonella Cattalini) y Gabriel Real, del PDP.
En el debate, Del Frade volvió sobre el fondo del asunto, que es la facultad de la Legislatura de remover y suspender fiscales, que convalidó la Corte provincial, pero la sentencia fue apelada ante la Corte nacional. “2021 no ha sido un año más”, dijo. “No se puede continuar si nada hubiera pasado en la provincia. Acá han ocurrido hechos muy graves. Denuncia de fiscales contra legisladores. Denuncias de legisladores contra fiscales. Allanamientos realizados a fines de noviembre que no sabemos cómo se hicieron y con qué características”.
“Hay que volver a discutir la ley” que asignó a la Legislatura el control político del MPA “porque si no está la sospecha de la persecución a los fiscales”. Entonces, "todo lo que nosotros hagamos está cosido por la duda por las relaciones entre sectores políticos y judiciales y sectores empresariales”.
“Debemos debatir este sistema para que no exista la sospecha de que hay persecución a fiscales cuando no nos convienen y apoyo a los fiscales cuando nos convienen”. “Es cierto que estamos acá por el caso Spelta, pero este hecho particular se dan el marco de una trama es que cada vez es más densa”, cerró Del Frade.
