Luego de 15 meses de intervención del Gobierno porteño, las familias de la Escuela Álvarez Thomas podrán recuperar el control de la cooperadora que es modelo de gestión en la Ciudad. La intervención del Ministerio de Educación llegó después de que las familias ganaran un litigio judicial que instó al GCBA a garantizar las clases de natación de nivel inicial en la pileta del colegio, construida por la cooperadora: "La intervención fue absolutamente infundada. Tuvo intención política como represalia por el juicio", señalaron a Página 12 desde la cooperadora. Las familias celebraron la noticia y denunciaron que el período de intervención fue "nefasto" y "no hizo nada por la escuela".

Este viernes a las 8.45 comenzará la asamblea general ordinaria de socios y socias de la cooperadora. Con voz y voto, podrán elegir, entre otras cosas, a quienes integrarán la comisión directiva y así recuperar el control de la asociación. "Hay mucha expectativa y también interrogantes, no sabemos en qué estado vamos a encontrar las cosas. Pero es mayoritario el sentimiento de alegría porque fueron meses nefastos. La intervención no hizo nada, no compró material, no asistió a las familias, nada", dijo Paula Insaurralde, de la cooperadora del "Alva".

Durante los 15 meses que pasaron desde septiembre de 2020, cuando las familias se enteraron de forma abrupta de la intervención, la comunidad educativa no dejó de organizarse para recuperar lo suyo. A esa "insistencia y reclamo" le atribuyen que ahora la intervención, a cargo de Teresa Patronelli, se vea obligada a hacerse a un lado. A eso y a lo infundado de la intervención: "No había nada que reorganizar, no había proveedores a los que se les debiera, no faltaba dinero, no había juicios laborales", sostuvo Insaurralde.

Al momento de tomar la decisión, la cartera de Soledad Acuña informó que lo hacía porque las familias tenían "un fondo de inversión de $24.487.031,63, yendo en contra del espíritu de una Cooperadora" y por la "contratación de docentes dependientes del Ministerio para actividades extracurriculares". Es decir, todo lo que servía de base para que la cooperadora del colegio de Agronomía sea un modelo a seguir: talleres y actividades extracurriculares, un comedor autogestionado con alimentos de calidad, mantenimiento de la pileta propia. Con los casi 25 millones de pesos, la cooperadora planeaba construir un gimnasio.

"La intervención tuvo claramente intención política. Como represalia al juicio que ganamos y para desarticular a la comunidad", dijo la integrante de la cooperadora. En 2019 las familias ganaron un litigio para restituir las clases de natación, en su propio natatorio, a los chicos y chicas de jardín. "En los últimos tiempos la cooperadora se ha transformado en una obsesión para Larreta. No solamente porque ha ganado un juicio que le impidió expropiar la pileta, sino porque el comedor trabaja con personal propio en lugar de adquirir las viandas de proveedores que impone", denunciaron las familias el día de la intervención.

"Preocupa la situación de la pileta. Su estado edilicio y que cumpla con su función: que haya clases desde el nivel inicial", aseguró ahora Insaurralde. En cuanto al comedor autogestionado, la mujer contó que la calidad bajó mucho y que la intervención cambió algunos de los proveedores, como en el caso de la verdura: "El proveedor entregaba cuando quería y eso hacía que no estuviera fresca. Hubo tardanzas en pagos y problemas con los proveedores", dijo. Otro de los puntos que se conocerán cuando recuperen el control es el estado del dinero del fondo. "Hicimos reclamos constantes de rendición de cuentas. Solo en agosto se publicaron y ese mes daba déficit de un millón de pesos. Creemos que no se ha tocado el fondo por acciones judiciales que presentamos, pero hasta que no veamos los números no sabremos", indicó Insaurralde.