El Centro de Comercialización de Productos de la Agricultura Familiar (Cecopaf) es una cooperativa de servicios que surgió en 2005 como respuesta a la necesidad de comercializar productos de la economía social y la agricultura familiar. Pedro Cerviño, ex director nacional de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, durante los dos años subsiguientes al “conflicto con el campo”, y actual presidente de Cecopaf, relata en esta entrevista con Cash los inicios de esta cooperativa de servicios que se conformó gracias al trabajo colectivo inicial que reunió a la Cooperativa Río Paraná de Misiones, a Fecoagro y al Mercado de Bonpland. 

Hoy tiene como socios a organizaciones cooperativas, a productores de la agricultura familiar del interior y a “compañeros” que trabajan en la parte logística y comercial. Como secretaria de Cecopaf e integrante de la Red de Alimentos Cooperativos, Miguela Varela se suma a la propuesta de Pedro: consolidar un proyecto productivo para el sector de la economía social y solidaria que incluya un proyecto progresivo de compras de alimentos por parte del Estado y líneas de crédito que permitan afrontar “carencias estructurales del sector” para aumentar la escala de su producción. 

La lucha del sector, expresan ambos en esta charla, pasa por “cooperativizar la cadena agroalimentaria, que es muy distinto a disputar en la cadena de valor de las empresas”.

- ¿Qué es la red de Alimentos Cooperativos?

- Miguela Varela: Somos una red nacional de cooperativas vinculadas a la cadena agroalimentaria. Comercializamos más de 800 productos alimenticios de 150 cooperativas y federaciones de todo el país. Tenemos tres locales de venta al público en la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, La Rioja y Patagonia, un depósito en San Martín y la tienda online. Desde estos ámbitos vendemos yerba, conservas, aceites, lácteos, miel dulces y mermeladas, harinas, féculas, granos, semillas, cereales, panificados, alfajores, azúcar, fiambres, embutidos, legumbres, frutas, verduras, jugos, cervezas, vinos. En nuestros espacios promovemos la agroecología como modo de producción, el agregado de valor basado en la industrialización de nuestros cultivos y minimizando la utilización de conservante.

- ¿Cómo pensar la comercialización de productos de la economía popular y la agricultura familiar en un mercado concentrado?

- Pedro Cerviño: Por tratarse de un mercado tan concentrado, que impide la participación de los sectores de la agricultura familiar y de la economía social, entendemos que la única alternativa viable, justa para el desarrollo económico a través de la comercialización de los productos, es crear un canal alternativo y propio del sector de la agricultura familiar y de la economía social.

- ¿Cómo concretar ese circuito alternativo?

- PC: Nosotros promovemos que la producción del sector no vaya a la góndola de un supermercado, puede haber excepciones por conveniencias coyunturales pero tratamos de resolverlo a través del “agregado de valor de toda la cadena de producción”. Esa cadena incluye también al consumidor como parte del propio sector de las cooperativas de la agricultura familiar y de la economía social. El desarrollo de un canal propio de comercialización lleva un esfuerzo enorme y es un proceso largo. Sobretodo porque, en general, lo hacemos con nuestra propia fuerza, con recursos escasos y sin un apoyo financiero y político de mediano y largo plazo.

- ¿Quiénes se benefician con este esquema alternativo y en qué se distingue de los canales tradicionales de comercialización?

- PC: Con el esquema que proponemos, alrededor del 60 por ciento del valor de venta del producto va al productor. El resto se distribuye en fletes, logística, gastos fijos de las comercializaciones.

- MV: Nosotros queremos cooperativizar la cadena agroalimentaria, que es muy distinto a disputar en la cadena de valor de las empresas.

Cooperativas y escalas de producción

- ¿Qué significa, en los hechos, “cooperativizar la cadena”?

- MV: Que todos los eslabones de la cadena de valor de los alimentos estén en manos de las organizaciones de campesinos, de las cooperativas, de las organizaciones de productores. Desde ese espacio sí se puede disputar un lugar en el mercado. No desde dentro del supermercado, sino creando nuestros propios mercados, acopios mayoristas, logística; es decir, el agregado de valor en origen, desde que se planta la semilla hasta que llega al consumidor, se debe hacer a través de las cooperativas. Hay propuestas que surgieron en este tiempo con buenas intenciones, pero sabemos que no funcionan.

- ¿Cómo están afrontando la dificultad de la escala?

- PC: La escala es una demanda permanente al sector de la economía social. Sobre todo en momentos como este, donde el Estado necesita imperiosamente que bajen los precios de la canasta básica. Entonces, desde el Estado miran al sector y dicen: “ustedes deberían poder abastecer a mejores precios”. Para eso necesitamos escala y no tenemos la suficiente escala.

¿A qué se debe?

- PC: No hay una política, desde el Estado, para desarrollar seriamente el sector productivo y tener escala. Si en 2008, cuando se empezó a plantear esta situación, hubiésemos puesto en marcha un plan para apoyar y fortalecer la capacidad productiva del sector, ahora tendríamos escala. Tenemos otro grado de desarrollo que en 2008, mejor calidad y otras capacidades, pero no tenemos escala.

- ¿En qué se traduce ese grado de desarrollo?

- PC: En que ahora tenemos productos elaborados, listos para consumir en casi de toda la gama alimenticia. Antes no. Fue un desarrollo lento pero consistente que consolidó el agregado de valor en origen, como etiquetado o registros nacionales, a través de las propias organizaciones de productores, cooperativas, comunidades indígenas.

El rol del Estado

- ¿Qué tipo de medidas debería impulsar el Estado para generar condiciones que permitan alcanzar la escala?

- PC: Desde el Estado se han creado espacios que, sin embargo, no cristalizaron en políticas de desarrollo real. Es necesario identificar los problemas estructurales del sector y facilitar la resolución de problemas estructurales, como acceso a la energía, acceso al agua, a la tierra. Sólo el 13 por ciento de la tierra cultivable está en manos de la agricultura familiar. Estoy mencionando cuestiones estructurales que requieren de la intervención del Estado.

- Recién mencionó ámbitos en el marco del Estado, ¿a cuáles se refiere?

- PC: Existen instancias del Estado que cuentan con personal técnico capacitado, técnicos de terreno que entienden la problemática y pueden ayudar a resolverla porque además, cuentan con oficinas en todas las provincias. De hecho, hay herramientas que ya existen y podrían ser muy útiles para el desarrollo del sector en forma casi inmediata. Pero para eso se necesita un plan de desarrollo que articule estos recursos y destine financiamiento.

- ¿Cómo se logra llevar a cabo un proyecto como el que ustedes proponen frente a los actuales niveles de inflación y tasas de interés?

- MV: Nuestro sector no solo tiene estas dificultades estructurales sino que se ve afectado por cualquier movimiento macroeconómico. Es difícil tener una política de precios estables, por eso a muchas producciones les cuesta planificar costos y precios. Son casos en los que tal vez “aguantaron” mucho un precio y, de golpe, el envase subió 200 por ciento. Los precios de las pequeñas producciones no especulan, es el costo de los insumos, el costo del trabajo, el costo de la logística y listo. Y aun así les cuesta un montón.

El "precio justo"

¿Qué significa, desde la economía popular, tener una política de “precio justo”?

- MV: Es un error suponer que el “precio justo” equivale al precio más barato del mercado. En ocasiones, el precio más barato del mercado es accesible para la mayoría de las personas pero no es el precio más justo.

- ¿Cómo se dimensiona y calcula ese “precio justo”?

- MV: En el supermercado, por ejemplo, seguramente haya productos más baratos que un producto de la agricultura familiar (por ejemplo, los descuentos de 80 por ciento en la segunda unidad). Pero alguien paga ese costo. La mayoría de las veces lo paga el productor, que es el que menos plata recibe en la cadena de precios. Estas son herramientas de los supermercados para llegar a un precio competitivo en el mercado, pero no son ellos quienes asumen ese costo. Y cuando ese precio aumenta mucho tampoco lo absorbe el consumidor. En definitiva, el precio justo es el que no especula, es el que recibe el productor, es el que no mira el precio del dólar o de la soja.

- PC: Una cosa es el precio que le llega al consumidor individual y otra cosa es el precio de mercado, es decir, el que el Gobierno intenta bajar. Hay una confusión al decir que si somos organizaciones populares tenemos que llegar con precios populares; esa fórmula es injusta para los productores, que también pertenecen al sector popular. La yerba que tiene un año y medio de estacionamiento en un galpón para ser una yerba de calidad no puede tener el mismo precio que la yerba que se seca rápido, se industrializa y alcanza escala.

- MV: Entre las carencias estructurales del sector, un aspecto central es que la agricultura familiar y el cooperativismo no tienen acceso al crédito. La única herramienta con la que contamos es el esquema de microcréditos. Debemos ser de los pocos sujetos sociales y económicos del país que no tiene acceso al crédito. El Estado puede resolver ese problema con una política crediticia para las cooperativas, la agricultura familiar, los pequeños productores. El Estado argentino es un gran consumidor de alimentos; con ese enorme poder de compra podría comprar a la agricultura familiar, no solo a grupos concentrados. Esa decisión se podría tomar en lo inmediato.

- ¿Cómo se imaginan esa compra al sector de la economía social sin tener escala?

MV: Si el Estado compra 100 mil kilos de arroz a una gran empresa, puede empezar comprando 10 mil, 15 mil, 20 mil kilos a la agricultura familiar. Nuestra experiencia con el Municipio de San Martín es muy interesante. Cuando entre 2016 y 2017 empezamos a venderle no contábamos con escala, tampoco teníamos espalda financiera para tolerar los tiempos que demora un organismo público en pagar y los productores no estaban productivamente preparados. Pero contamos con un acompañamiento progresivo al tiempo que el Municipio desarrolló una serie de instrumentos para acompañar ese proceso.