“En virtud de lo analizado y expuesto en la presente, se concluye y establece en definitiva que los precios abonados por ENARSA por los cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) adquiridos en el período determinado --años 2008 a 2012 ambos incluidos-- se corresponden con los valores de mercado.” Esta es la conclusión contundente --no hubo sobreprecios-- del peritaje ordenado por el juez Julián Ercolini en la causa que ocupó tapas de los diarios y que fue usada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio para poner en marcha también el expediente de las fotocopias de los cuadernos. Ya hubo un peritaje anterior que abarcó los años posteriores al 2012 y que también concluyó que no hubo sobreprecios, de manera que ahora se completan los siete años de las compras de GNL.

A lo largo de 25 páginas, el perito oficial y los peritos de parte arrasaron con lo que fue la acusación tan difundida por la alianza judicial-político-mediática. En el resumen final se señala que:

* ”Los precios abonados por ENARSA siguen la evolución de los precios del Mercado Spot en el período considerado”,

* ”Ninguno de los embarques supera el rango de variación de los precios del Mercado Spot”.

Por lo tanto, todo lo que se pagó por aquellos embarques fue correcto y a la misma conclusión se llegó en otro peritaje relacionado con los costos portuarios.

La causa del GNL dio para todo. De entrada nomás, salió a la luz que el perito David Cohen usó textos de estudiantes chilenos, publicados en el Rincón del Vago, y que consignó centros de estudios norteamericanos y europeos inexistentes, así como índices que no tenían nada que ver con gas que venía en barco sino en gasoductos. Pese a eso, su peritaje fue la base para imputar y encarcelar a Julio De Vido y Roberto Baratta, del Ministerio de Planificación.

A raíz del peritaje trucho, el expediente y la acusación se cayeron a pedazos. Pero fue el momento para la aparición en escena del falso abogado Marcelo D’Alessio. El fiscal Stornelli lo llevó a declarar en forma clandestina y ocultó su testimonio durante tres meses, sin incorporarlo a la causa. La base eran unas carpetas que, según D’Alessio, recibió de forma anónima. A esta altura parece claro que el falso abogado fue parte de la banda que espiaba y armaba causas fraudulentas, trabajando para la Agencia Federal de Inteligencia.

Para colmo, Stornelli y Bonadio usaron el expediente como base de operaciones de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Argumentaron que las anotaciones del chofer Oscar Centeno estaban relacionadas con Baratta y el GNL. El fiscal y el juez sostuvieron que había conexidad y, en base a una artimaña urdida con un periodista de La Nación, omitieron hacer el sorteo correspondiente y se quedaron con la instrucción que llevó a la carcel a decenas de personas, en especial opositores. Centeno se convirtió en arrepentido y declaró bajo juramento que quemó los cuadernos, por lo cual la base de la causa fueron únicamente fotocopias. Sin embargo, en un pase de magia escandaloso, el periodista de La Nación dijo que una persona desconocida le entregó cinco de los siete cuadernos en una esquina de la Avenida del Libertador. Pese a que quedó probado que Centeno mintió e incurrió en falso testimonio agravado, sigue como arrepentido y en libertad, bajo el régimen de testigo protegido. 

En el expediente de los cuadernos están procesados empresarios de la construcción --casi todos de la Cámara de la Construcción-- que admitieron haberse cartelizado, algo que venían haciendo hace décadas. También concesionarios de peajes y otros servicios públicos. Una maniobra sin antecedentes se perpetró con Paolo Rocca y los ejecutivos de Techint. Ellos confesaron haber pagado coimas, pero se los sobreseyó con el argumento de que tuvieron que hacerlo por necesidad, algo que ni ellos mismos esgrimieron en su defensa. Fue una nueva evidencia de la alianza entre el establishment, Comodoro Py, los grandes medios y el macrismo. 

Con el nuevo peritaje, se supone que la causa del GNL se cae en forma definitiva. Es una más que sigue el camino de las causas Dólar Futuro, el Plan Qunita, el Memorándum de Entendimiento con Irán y Hotesur-Los Sauces. Son todos expedientes con puntos en común: apuntaban contra el gobierno de Cristina Kirchner y fueron investigadas por el fallecido Bonadio, sin realizar los peritajes más elementales o tomar los testimonios más decisivos. Cuando las medidas clave se ordenaron, la conclusión --al menos en esos casos-- fue siempre la misma: no hubo delito.