El juez de Garantías Ignacio Colombo resolvió dejar sin efecto la prisión domiciliaria que pesaba sobre la abogada Liliana Hermosilla y su asistente Anahí Tapia, luego de que fuesen detenidas en la madrugada del miércoles último tras encerrarse por más de doce horas en una oficina del anexo que la Cámara de Diputados tiene en la calle Rivadavia al 700.
El magistrado impuso como medidas sustitutivas para ambas mujeres una prohibición de acercamiento sin autorización judicial a 200 metros del Palacio Legislativo y sus anexos. Además, deberán comparecer ante el Departamento de Psicología del Poder Judicial para que les hagan un examen psicológico. De no cumplir con algunos de los requisitos, la resolución advierte que podrían ser detenidas inmediatamente.
Las dos empleadas legislativas, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Salta, fueron provisionalmente imputadas por turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional.
El martes último mientras los diputados debatían en el recinto el presupuesto provincial, a 200 metros de ahí, Hermosilla y Tapia permanecían encerradas en la oficina de la jefatura de legales de la Secretaría Administrativa que hasta el mediodía ocupaba la abogada en su carácter de jefa.
El conflicto estalló cuando presentó en ese lugar el abogado Miguel Mena, para notificarla de que había sido desplazada del cargo que ocupaba interinamente y que él sería su reemplazante. Esto enfureció a Hermosilla, que después de echar al nuevo jefe de la oficina, decidió atrincherarse por considerar injusta la medida, entendiendo que por antigüedad y experiencia no hay nadie más capacitada que ella para ocupar ese lugar, según expresó desde el balcón del anexo a los medios que seguían las alternativas del encierro.
Hermosilla considera que se trata de una persecución en su contra después de que denunciase administrativamente una serie de designaciones en planta permanente, que a su entender no cumplían con los requisitos técnicos para alcanzar esa categoría.
Al respecto, desde Diputados informaron que su desplazamiento de la jefatura interina fue resuelto por el presidente del cuerpo, Esteban Amat, porque entendía que la abogada obstaculizaba desde ese lugar una serie de procedimientos administrativos para el funcionamiento de la Cámara Baja y de la Convención Constituyente.
Según indicó el secretario Legislativo, Raúl Medina, esta actitud la tomó la abogada desde que, mediante un decreto y en base a una serie de dictámenes del equipo jurídico del cuerpo, le desestimaron la denuncia por los nombramientos. Además, aclaró que Hermosilla fue desplazada de su jefatura, pero sigue siendo empleada en la Cámara, ya que desde hace 38 años es de planta permanente.
La denuncia fue presentada por la abogada a mitad de año, siempre dentro del ámbito administrativo de la Cámara, por lo que no tuvo participación la Justicia ordinaria, sino que debía resolverse de manera interna. Ahora Hermosilla sostiene que existen otras irregularidades relacionadas a procesos administrativos sobre las cuales también habría realizado las denuncias formales administrativas.
El encierro de Hermosilla duró desde el mediodía del martes, hasta la madrugada del miércoles cuando ingresó por la fuerza la policía y las llevaron en calidad de detenidas. Previamente el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio había dispuesto una mediación que resultó fallida. También fue al lugar un psicólogo para dialogar con las mujeres, y sus conclusiones decidieron la suerte del operativo al notar, tras realizarles una serie de preguntas, que de seguir encerradas su salud podrían estar corriendo riesgo.
Tanto Hermosilla como Tapia fueron acusadas de haber impedido el ingreso a oficinas y documentos pertenecientes al área legal del Poder Legislativo, como así también el acceso a los documentos y registros obrantes en ese sector a las nuevas autoridades asignadas por las autoridades electas. Además se investiga la posible sustracción de parte de esa documentación.
Pronunciamiento del Colegio de Abogados
Inesperadamente se involucró en el conflicto el consejo directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, que emitió un comunicado en el que indicó que “en defensa del trabajo digno y del ejercicio profesional manifiesta su preocupación por los hechos sucedidos, y solicita a las autoridades correspondientes se adopten las medidas del caso para evitar en el futuro este tipo de situaciones que coloquen a los y las trabajadoras del derecho en situaciones de conflicto y confrontamiento con la Justicia”.
Acerca de ese comunicado, Raúl Medina, luego de aclarar que él también es abogado colegiado, expresó que le "sorprende la postura de ese organismo que toma partido por la abogada, pero nada dice del maltrato y la denigración a la que sometió a su reemplazo en el cargo, al cual hechó a los empujones de la oficina y a los gritos lo calificaba como ‘ese abogadito’, a pesar de ser un profesional con 30 años de ejercicio de la abogacía”.
