En junio de este año se encontró el cuerpo de Santiago Cancinos, también conocido con su nombre de nacimiento, Gala, después de cuatro años de su desaparición. Ese hecho derivó que en la provincia de Salta se abriera un debate sobre el derecho a la identidad de género en las infancias y adolescencias. Finalmente ayer, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, aprobó el Protocolo para el registro de cambio de identidad de género en las escuelas salteñas. 

El impulso para contar con un protocolo propio nació de unas de las directoras del Observatorio de Violencia de contra las Mujeres (OVcM), Ana Pérez Declercq, que en una reunión con las autoridades educativas planteó la dificultad para garantizar dentro del ámbito educativo el respeto a la Ley 26.743, de Identidad de Género. Más cuando no existía un disposición que acompañara su aplicación. "La Ley en sí se debiera respetar pero sabemos que las resoluciones contribuyen a su aplicación", destacó la funcionaria. 

De esta manera se conoció la resolución ministerial 635/21 por la que se presentó el protocolo y se aclaró que se aplicará en todos los establecimientos educativos que están bajo la órbita del Ministerio, es decir, tanto los de gestión estatal como los de gestión privada. La base para establecer los lineamientos se tomaron de la experiencia que ya existe en Neuquén desde 2018, donde se aplica un Protocolo para el registro del cambio de identidad en los establecimientos educativos, sean con DNI o no. 

La referente provincial de la línea de Educación Sexual Integral (ESI), Elisa Espeche, explicó que en la resolución quedaron consignadas las pautas a seguir para el registro de cambio de identidad de género, independientemente que lo hayan efectivizado en el DNI.

Espeche aseguró que la disposición de la cartera que dirige Matías Cánepa no es más que una respuesta a una demanda de la sociedad, dado que hay varios antecedentes en las instituciones educativas de Salta. A lo largo de los últimos años los mismos estudiantes manifestaron que debía existir "el resguardo de un código de convivencia para el respeto a la diversidad", dijo Espeche. 

A pesar de que muchas instituciones comprendían el respeto a la ley nacional, la funcionaria sostuvo que se necesitaba un instrumento que la regule. En ese sentido, dijo que el protocolo "se concatena con un cuerpo normativo ya existente", en referencia a la Ley 26.743, sancionada en 2012, y a la Ley 26.150, de Educación Sexual Integral, aprobada en 2006. 

La funcionaria dijo que para ello se creó una mesa de trabajo en la que se pudo desarrollar el protocolo. Se mostró conforme con el resultado y destacó que la resolución salteña es una de las pocas que existen en el país. "Hemos avanzado porque, sobre todas las cosas, se resguarda el trato digno a toda persona que tiene un género autopercibido distinto al sexo al que tuvo al momento de nacer", aseguró, aunque subrayó que dar cumplimiento a la Ley de Identidad de Género no sólo involucra al ámbito educativo, sino a cada espacio de la sociedad. 

"La escuela es parte de todo un sistema de protección de derechos" para los niños, niñas y adolescentes, por lo cual también se debe tener en cuenta a otras áreas del Estado, como la Secretaría de Primera Infancia, Niñez o Familia, e incluso el Polo de Mujeres de Salta, ejemplificó la funcionaria. 

Por eso, adelantó que no sólo se impulsará el cumplimiento de la norma, sino que también se trabajará de manera estratégica en la difusión y capacitación de agentes del Estado que comprenden el Ministerio. 

Este año, además del suceso de Santiago Cancinos, también se conoció mediáticamente que el Instituto Timoteo no acepta alumnos que no se perciban con su sexo biológico. Según la Institución, "esas son las reglas del juego" en esa casa de estudios. Por estas situaciones se considera que será crucial saber cómo será el sistema de capacitaciones sobre el protocolo. 

Además de la nueva resolución, Espeche destacó otras dos normas que tiene la provincia: la resolución 1004/19, que se crea el espacio específico de ESI en todas las instituciones y niveles que forman parte del sistema educativo, y l resolución 546D, que habilita el funcionamiento del Protocolo de Actuación frente a estos casos o similares que involucren situaciones de maltrato, abusos sexuales o violencia de género. Esta última se creó para casos que ocurren dentro de la institución entre estudiantes o docentes en perjuicio de estudiantes, o para aplicarse fuera del ámbito escolar y que involucren al alumnado.

A pesar de que estas resoluciones están vigentes hubo reclamos por su incumplimiento. Con respecto a la ESI, estudiantes contaron a Salta/12 que durante la pandemia su dictado retrocedió. Mientras que la resolución 546D fue cuestionada hace un poco más de un mes, cuando se comenzaron a conocer casos de acoso y abuso sexual de docentes a sus alumnas. 

Un avance más

"Desde el Observatorio entendemos que se suma una resolución muy importante que permite que las y los estudiantes tengan una herramienta para manifestar que su nombre de identidad de género ha sido modificada", subrayó Pérez Declercq. Contó que en la gran mayoría de los casos los adolescentes comparten únicamente las situaciones con sus pares porque no hay canales institucionales que les permitan manifestarlo. 

Es por eso que destacó que con la resolución se habilita una nueva vía dentro de la comunidad educativa. Según la directora, su ausencia quedó evidenciada con el caso de Santiago Cancinos, quien, según trascendió, informó su cambio de identidad a sus compañeros del colegio Belgrano. Pérez Declerq aclaró que con el protocolo siempre se va a priorizar el interés de los niños, niñas y adolescentes. 

Mientras que para la responsable de la Agencia de Mujeres, Géneros y Diversidad, Victoria Liendro, la resolución representa un avance importante que permite "aclarar sobre esas áreas grises que se presentan" en las instituciones del Estado. Y destacó que es también "poner en conocimiento la normativa y su urgente aplicación". 

Liendro dijo que desde diferentes organismos públicos se dieron constantes recomendaciones al respecto, dado que existe una "agenda marcada con el enfoque del respeto a los derechos humanos y el enfoque de género". En ese sentido, señaló que a pesar de la normativa nacional, siempre es necesario que se creen normativas que se adapten a las situaciones locales y den respuestas a ellas. 

"Claramente se evidencia que acá hay mucho para avanzar", destacó la funcionaria, quien dijo que un mejor abordaje de la situación se tiene que acompañar con una formación integral, no sólo a los docentes, sino a todas las personas que integran la comunidad educativa. 

"La resolución es para avanzar hacia un efectivo cumplimiento de la Ley en todas las dependencias del Estado", expresó, marcando que otro ámbito urgente es el de la salud. En ese caso, aseguró que ya no se puede "mirar a otro lado" y se debe exigir constantemente el cumplimiento de la Ley Micaela Nº 27.499, que establece la capacitación obligatoria en materia de perspectiva de género para todos los agentes estatales.