En una larga jornada que estaba prevista para las 17 pero arrancó pasadas las 18 y se extendió hasta las 2 de hoy, se concretó la primera sesión Plenaria de la Asamblea Convencional Constituyente para reformar parcialmente la Carta Magna provincial, y en donde se determinaron las modificaciones de los artículos atinentes a los asuntos municipales. Pero antes de eso hubo un extenso debate sobre otros temas que hacen presagiar que serán largas las jornadas de aquí a su sanción definitiva.

Antes de comenzar con el tratamiento del orden del día, los bloques oficialistas Unidos por Salta y Gana Salta, pidieron prorrogar las sesiones hasta el 23 de diciembre, cuando la Ley aprobada por la Legislatura indicaba que la fecha límite era el 20. Ricardo Villada explicó que entre otros motivos, se encontraba el expreso pedido del gobernador Gustavo Sáenz, que hoy se encuentra internado y en reposo pero “quiere participar de la jura de la nueva Constitución al momento de su sanción”. El pedido fue aprobado por unanimidad por todo el cuerpo y sin objeciones.

Luego vendrían las críticas y el rechazo a la negativa de la Auditoría General de la provincia de dar respuestas a los convencionales a sus pedidos de informe, y hasta una denuncia de censura que realizó el representante del bloque de Juntos por el Cambio+, Fernando Lardies.

El convencional sostuvo que la Comisión Redactora decidió retirar un dictamen de minoría de su autoría en cuanto a la elección y período de mandato de los jueces de Corte. Y adelantó que estaban evaluando llevar la situación a la Justicia si no se incluía su pedido.

Inmediatamente Villada le salió al cruce y aclaró que “nadie tiene la voluntad de limitar a nadie”, sino que hubo una cuestión técnica en cuanto a su presentación, pero le recordó que en la comisión de Justicia “fue en la que mayor consenso hubo”, y pidió, algo disgustado, que se respeten los temas convenidos en el orden del día, “cuando lleguemos a tratar los dictámenes de Justicia tendrá la oportunidad de presentar sus quejas”, manifestó.

Dicho esto, tanto Guillermo Durand Cornejo como Mario Mimessi pidieron pasar sin más a la labor parlamentaria, en donde estaba previsto el tratamiento de los asuntos municipales para definir la cantidad de reelecciones para concejales e intendentes, el número de habitantes que debe tener una localidad para constituirse como municipio, la cantidad de concejales que le corresponden a cada uno, así como los períodos de mandato y su renovación. 

El despacho de la comisión Redactora, había emitido tres dictámenes, uno por la mayoría y dos por las minorías. Y como era de esperar, el dictamen oficialista de mayoría fue el más votado. Pasada la 1.30, su posición para modificar el artículo 170, referido a los requisitos para constituir nuevos municipios obtuvo 39 votos afirmativos contra 16 negativos; respecto al 171, sobre la cantidad de concejales según la población de cada municipio, alcanzó 50 positivos y 5 negativos. El tercer artículo reformado fue el 172, referido a la condiciones de elegibilidad y duración del mandato de intendentes y concejales, que en este caso recibió 39 afirmativos y 16 negativos. 

El miembro informante por parte de la mayoría fue el presidente de la comisión de Régimen Municipal, Marcelo Moisés, quien comentó que se debatieron más de 16 proyectos que proponían, por ejemplo, distintos números para la creación de un municipio, “pero escuchamos a intendentes y especialistas de la temática para poder concluir en 3.000 el número de su constitución”.

Recordó que si bien en el proyecto de Ley de Reforma se preveía la existencia de un vice intendente, se consensuó quitar esa figura, entre otras cuestiones, para evitar un gasto más al Estado. Así como se limitó la cantidad de concejales para que queden como están hasta hoy, con 21 como máximo como sucede en la ciudad de Salta.

En cuanto al mandato de los concejales, otro intendente, Esteban Ivetich, esgrimió que “le quedaba corto el período de 2 años para poder desarrollar un trabajo acorde a lo que pide el puesto” y por ello se decidió extenderlo a 4 en todos los casos.

Sobre el dictamen de minoría que presentó el Frente de Todos, Claudia Canchi lamentó no haber podido llegar a un consenso para emitir un solo dictamen y aclaró que el de su bloque preveía un número de 1.800 habitantes para constituir un nuevo municipio, ya que habían escuchado el reclamo de los vecinos de Gaona o Alto la Sierra, que se presentaron en la Legislatura “a hacernos conocer sus problemáticas”, “pasaron casi 40 años y no obtuvieron nunca una respuesta por parte de quienes ocupamos un lugar en el Estado”, declaró.    

La vocera del FdT explicó que no compartían con el dictamen de mayoría los cuatro años para los concejales, porque en la mayoría de los municipios (35 de 60), aquellos con 3 o 5 ediles, la elección de medio término quedaba sin efecto, “va en detrimento del derecho de muchos ciudadanos de la provincia de elegir o ratificar a sus representantes”. Reclamó que se incluya la cláusula transitoria para contabilizar los períodos de los intendentes y concejales actuales, y computar el presente como el primero, para que de esa manera no se deje librada a la interpretación posterior, que a la postre podría permitirles una segunda reelección. Por último, subrayó que su dictamen contemplaba que se garantice la paridad de género, algo que no figura en el de la mayoría.

El otro dictamen de minoría pertenecía al bloque de JxC+, su vocera fue María del Valle García Gambeta, que como Canchi, mencionó la visita de los habitantes de Gaona, quienes estaban alarmados porque si se elevaba el número no podrían ingresar en la categoría de municipio que reclaman desde hace más de 30 años, cuando la dictadura cívico militar decidió retirársela. “Por eso mantuvimos el número en nuestro dictamen en 1.500, porque les da esperanza a muchos habitantes de nuestra provincia”, mencionó.

También expuso que para ellos la cláusula transitoria era primordial para que quede claro que el actual debía ser computado como primer mandato, “sin ella, esta limitación de poderes que pedía el gobernador no será tal”, y pidió a la mayoría que explique por qué no quiso incluirla en sus dictámenes.

En definitiva la nueva Constitución contemplará en el Régimen Municipal que se fija en 3 mil el número mínimo de habitantes para la creación de nuevos municipios, agregando a ello un criterio de sustentabilidad social, ambiental y económica. Pero considera la posibilidad de incluir localidades con menos pobladores en caso que la ubicación fronteriza y geo estratégica así lo ameriten.

Fija además la base poblacional para la distribución de bancas a concejales en 3 ediles para municipios de hasta 5 mil habitantes; 5 para comunas de hasta 15 mil; 7 para comunas de hasta 30 mil; 9 para aquellas que posean hasta 50 mil y 11 bancas para municipios de 50.001 en adelante, más uno por cada 40 mil habitantes y fracción no inferior a veinte mil habitantes.

Para el caso de intendente y concejal, los cargos durarán 4 años, con posibilidad de una reelección; debiendo esperar un intervalo de 4 años para volver a competir por el mismo puesto. Y no podrán sucederlo sus parientes. La renovación de concejos deliberantes con 7 o más ediles se hará cada dos años, y los que cuenten con 3 o 5 ediles, cada 4 años.

El dictamen del Frente de Todos fijaba en 1.800 la cantidad de habitantes para la creación de nuevos municipios; establecía que el intendente dure 4 años en su función, pudiendo ser reelegido por única vez por otros 4 y los concejales duran 2 años, pudiendo ser reelegidos por hasta 4 periodos en forma continua o alternada. Y por sobre todo establecía la cláusula transitoria por la cual los mandatos de jefes comunales y ediles en ejercicio actualmente debían ser considerados como primer periodo.

El convencional por Guachipas, Diego Ontiveros rogó a sus pares que incluyan la cláusula transitoria y contó que si no se hacía, intendentes como el de la localidad a la que pertenece, Néstor Parra, que ya tiene tres mandatos en su haber, podría perpetuarse en el poder 20 años consecutivos, "por lo que esta reforma no tendría el sentido que busca". 

"Es delegar en los jueces esa decisión, que no fueron elegidos por el voto democrático y popular, y no en este cuerpo que fue elegido para eso", dijo con respecto a esa cláusula la presidenta del bloque Sonia Escudero al cierre de la sesión. Y pidió que se vote por separado si querían incorporarla o no. Algo que fue desoído por las autoridades de la Asamblea a pesar de haber sido solicitado en reiteradas ocasiones por la presidenta del bloque del FdT.  

Fila para criticar a los auditores

La comisión de Organismos de control presentó un pedido de rechazo a una respuesta que dio a ese cuerpo la Auditoría General de la provincia sobre un pedido de informe que realizó la convencional Sonia Escudero en cuanto al funcionamiento y algunas auditorías realizadas con anterioridad.

La respuesta de los auditores fue que no estaban obligados constitucionalmente a dar respuestas de su actividad. La autora del pedido sostuvo que esa contestación desnudaba el mal accionar que tienen sus integrantes “elegidos por la política”, y que por eso se debía modificar su elección. A ese rechazo se sumó la ex jueza María Cristina Garros Martínez, quien integra las filas del oficialismo. Acusó de incapacidad total y desconocimiento de las leyes a los auditores, e indicó que la Ley de acceso a la información pública sí los obliga. Lo mismos hicieron Baltasar Lara Gros y Guillermo Martinelli.

En contraposición, Jorge Soto consideró que el pedido de informe a la Auditoría “nada tenía que ver con los puntos que tenemos en la reforma” y que estaba fuera de contexto. “No creo que esta Convención tenga que expresarse sobre la Auditoría”. Y criticó en detalle el pedido de informe que realizó en su momento Escudero, que entre otras cosas solicitaba lo auditado sobre el Fondo de Reparación Histórica, “esta es una Convencional Constituyente y no la Legislatura, hay que recordar eso”.

Escudero recogió el guante y contestó que sí era pertinente el pedido, “porque significaba saber bien cuáles son las fallas que hoy existen para poder determinar cómo conviene designar a los auditores”. “Con respecto al fondo de Reparación Histórica, que es una deuda que hoy le está costando al ministro renegociar, era saber si los auditores designados por la política (acentuó), están cumpliendo con su función o miran para otro lado”, detalló. Y luego agregó que la respuesta, para demostrar su buen funcionamiento y transparencia, “debería haber sido que todas las auditorías están publicadas en la página del organismo para ser consultadas”.   

Hoy está previsto que se debatan los artículos correspondientes a los Organismos de Control de la provincia.