El 27 de enero de 2009 Emilio Salazar llegó a los tribunales federales de Salta con la decisión de denunciar formalmente la muerte de su padre, Calixto Salazar, en 1976, y el hecho de que nunca se hubiera realizado una investigación. Después de años de esperas, de conversaciones a medias en la familia y de los nervios que lo acompañaron en el proceso del juicio oral contra cuatro ex jefes policiales, ayer tuvo su momento de alegría. 

El Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Salta, integrado por la jueza Marta Liliana Snopek y los jueces Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, declaró que este homicidio fue un acto del terrorismo estatal imperante en los 70, y dictó condenas inesperadas: prisión perpetua para los cuatro acusados, el ex subjefe y jefe de la Policía de Salta Victom Modesto Mendíaz, el ex jefe del área de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil; el ex jefe de Personal, Roberto Arredes, y el ex jefe de la Comisaría Cuarta, José Manuel Reinoso. 

Emilio recibió la sentencia rodeado de integrantes de organismos de derechos humanos de Salta. Se manifestó “Muy contento por mi hermano (Calixto Celestino Salazar, que en los primeros días de septiembre de 1976, cuando tenía 17 años de edad, fue detenido junto a su padre y fue luego liberado), por mi padre, que se hizo justicia”. Emilio, que por entonces tenía 11 años, también reparó en "lo mucho que nos costó” llegar a un fallo judicial que reconoce la injusticia cometida contra su padre, "por la forma en que murió”. 

Calixto Salazar fue detenido en una razia el 4 de septiembre de 1976, en las cercanías del viejo Matadero Municipal, una zona popular del sudeste de la ciudad de Salta. Fue llevado a la Comisaría Cuarta, donde funcionaba un centro clandestino de detención, donde fue golpeado por un policía y murió. El cuerpo le fue entregado a sus hijos, con la advertencia de que no debían investigar, y nunca hasta hora hubo un proceso judicial para indagar sobre el hecho. Emilio ha venido contando el dolor que trajo a su familia la injusta muerte de su padre, hasta que tomó la decisión de denunciarlo, y esperó el fallo de ayer, cuando pidió decir poco, solo agradecer “a la gente que nos acompañó” y decir “Gracias a dios que se hizo justicia. Es lo que esperábamos”. 

Cumplí, cumplan 

Los cuatro ex jefes policiales fueron condenados por homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad, y seguirán en prisión domiciliaria. Mendíaz y Guil, dos hombres fuertes de la dictadura en Salta, ya cuentan con varias condenas en sus haberes. En cambio, es la primera vez que se llega a una sentencia condenatoria contra Arredes, insistentemente señalado desde de la década de los 60 como uno de los integrantes de la Banda de los Comisarios que cometió todo tipo de agresiones contra la población civil en la provincia. 

Y también es la primera condena para Reinoso. Tal vez por eso fue el único interesado en hablar antes de que el Tribunal pasara a deliberar. "Siempre he sido respetuoso de la ley", "yo he estado sometido a derecho, espero una resolución justa respecto a mi situación judicial", conminó. A diferencia, Guil solo respondió con un lacónico "no tengo nada para decir", a la consulta de la presidenta del Tribunal. Lo mismo hicieron los otros dos. 

El monto de las penas sorprendió, porque superó el pedido de los fiscales Carlos Amad y Juan Manuel Sivila, cuya solicitud de condena más dura llegaba a 20 años de prisión. Solo el representante de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, había pedido la prisión perpetua. Las defensas, el defensor oficial Federico Petrina, por Mendíaz, Guil y Arredes, y el abogado particular Marcelo Arancibia, por Reinoso, habían pedido absoluciones, insistiendo en que se trató de un crimen común, no comprendido en la figura de lesa humanidad. 

En la lectura del fallo (de básica blanca y blusa negra, la mujer que agredió a un miembro de HIJOS).

Este fue el tema central de este proceso desde que se presentó la denuncia. En los alegatos tanto la querella como los fiscales y los defensores aportaron elementos a favor de una y otra posición, el Tribunal se inclinó por declararlo crimen de lesa humanidad, pero los fundamentos de esta decisión se conocerán recién en los primeros días de febrero del año próximo.

Según contaron sus hijos, Calixto Salazar era afiliado peronista, pero no tenía una militancia activa, que sí tenía su ex esposa, Ana Sixta Quiroga. Esta falta de activismo político fue destacada por las defensas, que alegaron ayer mismo, para afirmar que fue muerto por el exceso de un policía, Hugo Astigueta (fallecido) y que sus jefes en la línea de mando nada tuvieron que ver con este hecho. “Aquí no había nada premeditado”, dijo Petrina, “No hubo un seguimiento previo, no hubo un seguimiento posterior”. “Calixto Salazar nunca militó”, insistió. "No se ha probado ninguna convergencia organizacional", aportó Arancibia. 

Por testimonios se sabe que Astigueta golpéo con la culata de un arma en la nuca de Salazar y le provocó una lesión mortal. Luego se dijo que su cuerpo apareció el 6 de septiembre de 1976 en un callejón en Villa Primavera, envuelto en una bandera y con una ametralladora. Ayer las defensas criticaron la investigación afirmando que no se llegó a determinar si es que efectivamente esto ocurrió así. 

Petrina criticó que no se citara a declarar a los testigos del levantamiento del cuerpo, y tampoco a miembros de la Policía. “Calixto Salazar no integraba el grupo de los denominados disidentes políticos”. “No pasa de de ser un homicidio simple”, resaltó. Y pidió al Tribunal que declarara la "incompetencia del fuero federal para entender en las presentes actuaciones en virtud de tratarse de un hecho común, no englobado en la figura denominada crímenes de lesa humanidad" y por lo tanto, prescripto. 

El Tribunal se expidió en sentido contrario con lo cual zanjó una controversia de larga data en esta causa, que llegó a esta instancia por decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que recomendó la realización del juicio para definir si el hecho estaba dentro de los delitos de lesa humanidad cometidos por los personeros del régimen militar. 

La lectura del fallo provocó reacciones de emoción entre militantes de derechos humanos, y enojo en una familiar de Reinoso, que reaccionó agrediendo a Juan Tejerina, de HIJOS, y luego amenazó a Emilio Salazar: "ya te vamos a encontrar". A pesar de su carga, el incidente no pudo opacar la alegría por la sentencia, en el primer debate por terrorismo estatal que se realiza en la provincia durante la pandemia.