La madre, el padrastro, dos hermanas y un cuñado de Brandon Bay, preso en el penal de Marcos Paz, son algunas de las personas que quedaron imputadas y detenidas por conformar una asociación ilícita, acusada de varios delitos. Érica Altamirano, progenitora de Bay, fue señalada como jefa de la organización, y la imputación aclara que su hijo, de 26 años, "sigue ejerciendo" el liderazgo, a partir de contactos telefónicos desde la cárcel. En la misma audiencia el fiscal Pablo Socca imputó a tres policías de la comisaría 32° por recibir dinero a cambio de favorecer la situación de dos integrantes de la banda que habían sido demorados en septiembre pasado por circular en un auto con pedido de captura. Uno de los agentes también quedó tras las rejas.

En la audiencia que se extendió casi hasta la noche del jueves, el fiscal Socca detalló los roles de cada una de las personas implicadas en la banda conocida como Los Gorditos, por "cometer diversos delitos como sustracción de vehículos, robo a viviendas, homicidios, lesiones, amenazas, portación y tenencia ilegal de armas, y venta ilegal de estupefaciente".

Para la madre de Brandon, la imputación dice que "es líder de la asociación ilícita cuya jefatura también ejercía y sigue ejerciendo su hijo (ya imputado como líder y en prisión preventiva)". Para el fiscal es "encargada de la organización criminal desde que su hijo y otros miembros importantes de la banda cayeron detenidos". En ese contexto, se le atribuyó realizar "algunas tareas que le indican desde la cárcel mediante llamadas telefónicas, pero además realizando personalmente las tareas que aquellos no pueden ejecutar". También, "controlando y supervisando los negocios ilícitos objeto de la organización (entre ellos la venta ilegal de estupefacientes)", reza la imputación. Al mismo tiempo, indica que "esconde, guarda y oculta en su domicilio armas de fuego de la banda y teléfonos celulares. Se encarga de ayudar a los integrantes de la organización cuando caen detenidos. Y se encarga de gestionar la administración de los búnkers de la banda". Se le dictó prisión preventiva por el plazo de ley.

Las hermanas de Brandon también fueron imputadas frente al juez Alejandro Negroni y quedaron en prisión preventiva. Giuliana fue acusada por el fiscal como miembro de la asociación ilícita, "realizando tareas que su madre y hermano le indican, colaborando de cualquier manera con las actividades ilícitas de la organización y ayudando a sus familiares para el sostenimiento y el funcionamiento de la organización (en Rosario o en San Lorenzo)", expresa la acusación que pesa sobre ella. En tanto, Flavia fue imputada por realizar "tareas que le indica su hermana Aldana B. (ya detenida) y su madre, vinculadas con el control y la supervisión de los negocios ilícitos (venta ilegal de estupefacientes), como así también brindando apoyo a los autores de ilícitos cometidos por la asociación". Además, se indicó que "decide la ejecución de balaceras contra bandas rivales".

Javier A. fue imputado como "uno de los sicarios de la organización" y también como persona que "se encarga de atender los búnkers, ya sea custodiando y/o vendiendo". Un rol similar se le atribuyó a Nicolás C.. En tanto, Luis, cuñado de Bay, fue imputado como encargado de "retirar la recaudación" y de "adquirir vehículos de manera fraudulenta, que luego se utilizan para las tareas encomendadas". Mabel A., Brian G. y Jorge N. también son parte de los imputados. Sobre este último se dispuso la internación en una clínica psiquiátrica, con custodia policial, y deberá ser sometido a junta médica.

En tanto, los policías que quedaron acusados son Hugo Orlando F., Magalí C. y Axel T., que se desempeñaban en la seccional 32°, acusados de recibir dinero a cambio de favorecer la situación de personas demoradas, pertenecientes a la banda. Ante ello, T. quedó en prisión preventiva; mientras los otros dos deberán presentarse a firmar mensualmente ante la justicia. 

El fiscal indicó que el 9 de septiembre pasado "Érica recibió una llamada de Luis S. -quien se encontraba aprehendido e incomunicado en la Comisaría 32ª- quien le transmitió la propuesta del suboficial T. de abonar la suma de $50.000 para dejarlos (a Flavia y a él) en libertad mediante esa maniobra fraudulenta. La llamada fue realizada desde el teléfono de S. que estaba formalmente secuestrado", expresa la acusación. Además, a los policías se les atribuyó "insertar datos falsos en un acta".