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Bienvenidos a la nueva anormalidad política. ¿Tan nueva, dirá usted? Jamás ciento por ciento porque las calamidades suelen enraizarse en el pasado cercano. La ingobernabilidad y la parálisis institucional que germinan peligrosamente se asientan en las crisis que padecemos pero, ojo, pegaron un salto cualitativo. Hacia abajo, hacia un posible abismo tal vez. El rechazo del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados y la sentencia de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura concuerdan, “hacen sistema”. Las oposiciones judicial y política abusan de su poder, se ne fregan de las consecuencias de sus medidas.
El Estado se debilita, lo que es festejado como un triunfo contra el contingente Gobierno presidido por Alberto Fernández. Craso error o, para ser más precisos, perversa voluntad.
La Corte se encamina a empardarle a la menemista en la competencia para ser la peor desde 1983. Los cuatro machirulos alfa van por más.
Espóiler avisando para no ser traidor: esta columna propone que una sentencia debe analizarse considerando el contexto histórico. Este punto de vista discrepa con quienes hablan en abstracto, como si se tratara de un ejercicio teórico en una facultad de Derecho escandinava.
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Según pasan los años: El Consejo de la Magistratura (“el Consejo” o “el CM” en adelante) nació flojo, hijo de la reforma constitucional de 1994 y de su núcleo político: el canje entre la reelección del entonces presidente Carlos Menem y contrapartidas institucionales a favor de la UCR representada por el fallecido presidente Raúl Alfonsín. Un bocatto di cardenale para el líder peronista, mastiquines para el radicalismo, expresado en jerga de quincho. Se difirió a leyes ulteriores la composición del Consejo, la quinta rueda del carro legislada de apuro. Había que cerrar el paquete rápido. Cualquier regulación por una norma inferior a la Carta Magna sería débil, derogable por otra norma ulterior. Sobre todo porque la redacción constitucional es berreta, confusa, abierta a interpretaciones varias.
Demoraron bastante para instrumentarlo. En 2006 durante el mandato de Néstor Kirchner se modificó la integración del Consejo. Esa ley, que estuvo en vigencia 15 años, fue derogada esta semana. La inconstitucionalidad admitida por la Corte es una “cuestión de puro derecho”: no requiere pruebas adicionales, audiencias y demás. Según los cortesanos, unánimes en ese punto, la ley era flagrantemente inconstitucional. A simple vista, pongalé. La sentencia hibernó varias temporadas, sin motivos doctrinarios, con la mayoría convencida. El expediente durmió en el Tribunal durante un lustro que contuvo en su interior la totalidad de la presidencia de Mauricio Macri.
Los cortesanos le ahorraron adrede a Macri el recorte numérico de los representantes del pueblo en el Consejo. Preservaron la primacía política de ese oficialismo. En los fundamentos, los jueces no se toman la molestia de explicar a la sociedad por qué cajonearon tanto el veredicto. No hay justificación legal ni honesta intelectualmente para la demora.
Sus Señorías miraron tranquis como se sucedían nombramientos o remociones a su ver nulos. Ahora deciden restaurar una norma anterior, derogada hace quince años. La Corte legisla y legisla pésimo. La división de poderes te la debo, el barón de Montesquieu se revolvería en su tumba.
Las irregularidades añejadas durante añares conservan validez, estipulan los magistrados. Ordenan a los otros poderes estatales que en seis meses dicten una nueva ley regulando al CM. Doble vara: para nosotros tiempos vaticanos, para los demás términos incumplibles. Apliquemos al derecho los consejos del economista John Kenneth Galbraith y de nuestros historiadores revisionistas: si usted, tras razonar, no entiende algo es porque le están mintiendo. Sin tomar en cuenta la mala fe y el afán de acrecentar poder son incomprensibles la pereza cortesana, la suspensión de su competencia durante el macrismo, la premura para apretar al Congreso. Ricardo Lorenzetti se diferenció en este último aspecto de sus tres pares, un detalle que no limpia su CV pero justifica una mención. La abogada Graciana Peñafort sugiere esa mirada en un hilo de tuits digno de recomendación.
Como frutilla del postre, el tribunal se auto adjudica la presidencia del Consejo. Horacio Rosatti reincide en autoelegirse, una costumbre que menoscaba la esencia del voto en una República. La Constitución del 94 no le concede esa jerarquía a la Corte, en su letra escrita. En su espíritu, ni ahí. La cabeza de dos “kioscos” con presupuestos suculentos para un solo organismo… too much. La concentración de poder es chocante, anti republicana de nuevo. La acumulación de cargos también. La Corte no da abasto con los expedientes que gerencia, rechaza miles de demandas sin fundamento alguno para sacarse laburo de encima (flagrante vulneración al estado de Derecho) … no es sensato ni funcional recargar la agenda cortesana.
El CM residual ingresa en un limbo que duraría un semestre, se subraya el potencial. Nadie sabe qué puede hacer y qué le está vedado en ese lapso. La perplejidad invade a los integrantes del organismo, las nulidades acechan a sus eventuales movidas.
Los cortesanos disfrutan por haberle propinado un revés al gobierno. Funcionarios vitalicios, con retribuciones exorbitantes, dispensados por mano propia de pagar impuestos, encaminados hacia una jubilación fastuosa. Los vítores de las otras oposiciones satisfarán sus egos y motivarán pavoneos, con distintos estilos y unidad en la acción.
La sentencia no es la peor de esta integración que quiso aplicar el 2x1 a los represores terroristas de Estado. Pero este cronista cree que el engendro diseñado, en particular la resurrección tardía de una ley derogada, constituye una novedad nefasta, sin precedentes. Quizá se equivoque, acepta comentarios en este diario o en la casilla de e-mail que cierra esta columna.
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Un castigo para los administrados: Dejar sin Presupuesto a un gobierno configura mala praxis. Reconoce un solo antecedente desde 1983, aplicado por el “Grupo A” versus la expresidenta Cristina Kirchner.
La Ley de Leyes es imprescindible, única. La buena fe y la costumbre democrática aconsejan dejar esa herramienta en manos del Ejecutivo. La prórroga por decreto del Presupuesto anterior, imprescindible pero menos seria que cualquier Ley de Leyes actual, genera desorden administrativo, ralentiza la gestión. Se damnifica a los administrados, la ciudadanía en pleno.
La oposición responsabiliza al diputado Máximo Kirchner por haber dinamitado los puentes. La hipótesis es inverosímil, cotejada con discursos cambiemitas en el recinto o a través de los medios. Una postergación habría postergado el desenlace sin rectificarlo.
Competir en dureza es la jugada única para la principal oposición. Diferenciarse dialogando, mostrar reflejos institucionalistas parece perdedor, piantavotos. A más gritos, mejor rating.
Cuesta comprender la fragmentación de Juntos por el Cambio tras su victoria electoral. La avidez por cargos parlamentarios y por la presidencia de la UCR la explican en parte. Sirven más la bulimia de poder, las ganas de engullir la cena a la hora del almuerzo.
Los edificios llamados monobloques son grandes, albergan gente de trabajo, la sal de la tierra. Minga de parangón con los monobloques parlamentarios, confesión implícita de impotencia. El del diputado Ricardo López Murphy se llama “Republicanos Unidos” con humor involuntario. La división de bloques en el Congreso entretuvo al Gobierno que debería moderar el optimismo. Los cambiemitas saben que su fuerza finca en la unidad, aliciente que se proyecta hasta las elecciones de 2023. La caterva de bloques trasunta falta de conducción pero no impacta en el comportamiento de los dirigentes. La oposición cerril es su común denominador principal, tal vez único.
La uniformidad opositora no dispensa de responsabilidades al Frente de Todos (FdT). La real politik existe, sus cuadros deberán operar con más pericia, negociar mejor y construir mayor poder. En los primeros dos años el bloque de la Cámara Baja consiguió aprobar muchas propuestas presidenciales y algunas propias, progresivas. El devenir se insinúa barroso, deberán redoblarse esfuerzos e ingenio.
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Lo que pasa y lo que viene: Los Presupuestos de Macri fueron dibujos incumplidos con saña tenaz. Nunca presentó un plan económico como el que le exige a Alberto Fernández. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no pasó por el Congreso. La oposición no resiste un archivo, pide lo que no hizo.
Sin legitimación ética pero ensoberbecida aspira a hacer ley la Reforma al Impuesto a los Bienes Personales. Indeseable baja de tributos al patrimonio que explica bien el colega David Cufré en su panorama económico de ayer. Suena difícil que se arme mayoría, cabe esperar que se despeguen terceros bloques. Pero, si se consumara esa ofensiva, el presidente tendría que apelar al veto, instrumento legal válido a su alcance.
La agresividad cambiemita podría motivar nuevos proyectos de ley: reformas laborales, supresión de la indemnización por despido. Llamar a movilizarse en defensa del Presupuesto o del CM es inviable: están fuera del radar de la gente común. Pero un ataque a conquistas populares o laborales tiene que enfrentarse en la calle. La participación ciudadana estará en agenda el año que viene.
En simultáneo se nota la reactivación económica, heterogénea como todo en esta época. Se avecina una temporada veraniega récord que disfrutarán millones de argentinos incluidos trabajadores o personas de clase media. De todas maneras la economía y la sociedad argentinas se estratifican en napas diferenciadas, desiguales incluso dentro de la clase trabajadora.
Alberto Fernández tiene dos años para cumplir las promesas de campaña de 2019. La mala fe opositora, la arrogancia irresponsable de la Corte, integran el inventario. Contra ellos, es imprescindible recuperar el consenso popular. Más allá de las trapisondas opositoras no es imaginable ganar una elección presidencial con los actuales indicadores de empleo, inflación, distribución del ingreso. El bienestar y la búsqueda de la igualdad, inscriptos en el ADN del peronismo, deben concretarse y percibirse.
El Gobierno tiene que adecuarse a la batalla campal desestabilizadora que proponen el establishment y la oposición, privilegiando la eficacia a la retórica sin resultados. Ciertos funcionarios o legisladores funcionan mal: destinando excesivas energías a despotricar contra la oposición sin avanzar en serio, meter un golcito, forzar por lo menos un córner. En Casa Rosada y zonas aledañas disfrutan sus intervenciones, por ahí en exceso.
El desafío para el oficialismo es imponerse con armas lícitas a la oposición sin conformarse con apenas criticarla. Queda tiempo para afrontarlo si se internaliza, se construye poder, se emprenden reformas audaces para satisfacer necesidades que son derechos.
