La Cámara Federal de Mar del Plata desarmó la acusación de que Marcelo Sebastián D’Alessio y compañía integraron una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri al revocar parte de los procesamientos que el juez federal Alejo Ramos Padilla había dictado en octubre del año pasado. En su resolución, los camaristas terminaron beneficiando al fiscal Carlos Stornelli y al excoordinador del “Proyecto AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Pablo Pinamonti, entre otros. En la cuenta regresiva hacia la feria judicial de enero, se esperan definiciones de otra Cámara Federal, la porteña, en la investigación sobre las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario.

Los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez dictaron la falta de mérito para Stornelli por el apriete de la banda de D’Alessio a Pablo Barreiro, el exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, y ordenaron que el juzgado federal de Dolores –ahora a cargo de Martín Bava– recabe nueva prueba que demuestre que Stornelli fue parte de la presión para que Barreiro se arrepintiera en la causa de los cuadernos. Alguna de la prueba que busca la Cámara de Mar del Plata es tan imposible que pretende que citen a Fabián Gutiérrez, asesinado hace más de un año. El periodista de Clarín Daniel Santoro, acusado de ser parte de la asociación ilícita, también recibió una falta de mérito.

Si bien los jueces confirmaron el procesamiento de D’Alessio por el intento de extorsión al empresario Diego Vestillero –que es un caso de mafia de la Aduana que ya dijeron que no debe tramitar en Dolores–, afirmaron que no podría ser acusado de violar la ley de inteligencia porque nunca fue funcionario de un organismo de inteligencia. Según la Cámara marplatense, por la prueba recabada, se puede afirmar que D’Alessio no reportaba en la AFI ni en la agencia antidrogas estadounidense DEA. En esto no concuerdan con Ramos Padilla, que sostiene que D'Alessio era un espía.

“Lo que sí se ha demostrado con las evidencias recogidas en la instrucción es que los encartados en autos formaban parte de una asociación ilícita conformada entre otros –por ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (Ricardo Bogoliuk y Rolando Barreiro) y de exintegrantes de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires (Aníbal Degastaldi) con supuestas conexiones con particulares y/o funcionarios públicos”, concedieron Tazza y Jiménez.

La Cámara dejó en claro que solo dos de los imputados –Pinamonti y Barreiro– podrían ser acusados de violar la ley de inteligencia porque integraron la AFI. Sin embargo, los camaristas revocaron el procesamiento de Pinamonti al decir que no había elementos suficientes para decir que él coordinaba con Bogoliuk y D’Alessio. En breve, la Cámara deberá resolver si confirma el procesamiento de Pinamonti como responsable del “Proyecto AMBA”, como se llamó al despliegue de bases de la AFI en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017.

La otra Cámara

Hay otro tribunal de apelaciones que está en el foco de atención: la Cámara Federal porteña, que, en los próximos días, podría pronunciarse acerca de los 38 procesamientos que dictó en febrero el juez Juan Pablo Augé en la causa de espionaje que tramitó bajo su órbita.

Los camaristas Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi tienen que definir si convalidan los procesamientos del exdirector general de la AFI Gustavo Arribas y de su número dos, Silvia Majdalani, así como del exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano. La causa también involucra al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y al grupo de espías que él armó para realizar tareas vinculadas al espionaje político, los Súper Mario Bros.

En ese expediente también están procesados el exdirector del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco y el exresponsable del área de inteligencia de ese organismo, Cristian Suriano, por las tareas de vigilancia que se hicieron sobre los presos kirchneristas. Augé también procesó a otros dos funcionarios del área de Jurídicos de la AFI por las escuchas ilegales que se hacían de los teléfonos de los pabellones en los que exfuncionarios y empresarios estaban detenidos y que, después, eran filtradas a los medios.

Del mundo de la política hay dos imputados. Por un lado, la excoordinadora de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, Susana Martinengo, y el exsecretario privado del expresidente y actual legislador porteño Darío Nieto. La situación de Nieto es mucho más holgada porque llega con una falta de mérito. Nieto terminó involucrado en el expediente porque Martinengo –que era su subordinada en la Casa Rosada– les decía a los Súper Mario Bros que ella le pasaba sus informes al secretario privado de Macri. Cuando la indagaron, Martinengo desvinculó a Nieto y dijo que solo hacía esos comentarios para darse corte con sus amigos espías. Martinengo, a diferencia de Nieto, llega procesada.

Meses atrás, el diario La Nación publicó que la Cámara Federal se aprestaba a declarar la nulidad de la causa, lo que derivó en una nueva catarata de recusaciones contra los jueces Llorens y Bertuzzi. La otra versión es que el fallo podría ir en línea con la idea predicada por Macri y sus directivos de la AFI de que los espías actuaban por su propia cuenta – o que eran cuentapropistas–.

Lo único cierto es que los votos ya están. Solo falta saber si los camaristas van a rediscutir algún punto y cuándo van a estampar sus firmas. Lo que resuelvan puede tener impacto en las otras causas que orbitan alrededor de ésta en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.