Desde Santa Fe.

Setenta y tres abogados en juicios a represores de la dictadura en todo el país ‑entre ellos siete santafesinos‑ pidieron esta semana el juicio político a los tres jueces de la Corte Suprema de la Nación que aplicaron el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, en un fallo que los organismos de derechos humanos consideran una "amnistía encubierta" a genocidas. La denuncia a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco es por supuesto "mal desempeño en sus funciones"; los acusan de haber "frustrado inexcusablemente 'el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución' y "favorecer mediante el dictado de una sentencia contraria a derecho, la impunidad de los responsables del terrorismo de estado". "Ninguno de los tres puede desligarse de haber incurrido en una conducta, ‑sea jurídica, ética o política‑, impropia de un magistrado del más alto Tribunal de la República", dice el escrito que en parte se redactó en Santa Fe.

La decisión de pedirle al Congreso que investigue a Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco y los remueva de sus cargos se adoptó hace dos semanas en esta capital, en el plenario del colectivo Mario Bosch, que identifica a los querellantes. Aquel debate estuvo atravesado por el fallo del 2x1 que salió dos días antes.

La denuncia se presentó ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside otro santafesino, Alvaro González, uno de los legisladores del PRO que el 24 de marzo posaron para la foto detrás del cartel: "Nunca más a los negocios con los DDHH", por aquello de Mauricio Macri, que con él "se acababa el curro". Atrás del segundo cartel: "Los derechos humanos no tienen dueño" se ubicaron sus colegas del macrismo local: Luciano Laspina (quien en las elecciones de octubre quiere renovar la banca que heredó del cómico y ex embajador Miguel Torres del Sel), Anita Martínez, Lucas Incicco y José Nuñez, entre otros.

Alvaro González es amigo del ex juez federal Víctor Brusa, según reveló hace años el periodista y diputado Carlos Del Frade. Y seguramente conoce a Rosatti porque ambos compartieron el gabinete de Víctor Reviglio, en 1987: Alvarito era secretario privado del ex gobernador y Rosatti asesor del ex ministro de Gobierno, Alberto Didier, recuerdan viejos empleados de la Casa Gris. 

En un escrito de 14 páginas, los abogados abundan en legislación y jurisprudencia que prueban que el 2x1 es inaplicable a condenados de lesa humanidad. "No puede tolerarse el absurdo jurídico" de que un represor que cometió crímenes aberrantes, "gozó de impunidad durante 20 años" por la "obediencia debida y punto final" ‑declaradas inconstitucionales y nulas por la Corte‑, ahora "se beneficie por una norma dictada durante la vigencia de esas leyes vergonzantes, en un período en que estaba prohibida la persecución penal de esos gravísimos delitos".

"La decisión adoptada por los tres jueces denunciados, de valerse de una norma a todas luces inaplicable a procesos de tamaña naturaleza, sólo puede interpretarse como un medio de lograr la impunidad de quienes cometieron crímenes atroces contra el pueblo argentino en la historia reciente", dice la denuncia.

El fallo es tan "inadmisible" que "marcó un punto de inflexión en la propia justicia", "sacudió las conciencias de la mayoría de la sociedad", multiplicó "las voces de repudio" y "fueron los propios Tribunales que al recibir pedidos similares de la aplicación de la derogada ley 24.390, se alzaron contra el fallo Muiña y rechazaron por sus fundamentos esos planteos". Después ‑y en menos de 24 horas‑, el propio Congreso votó por unanimidad una ley contra el 2x1 a genocidas.

"Los tres jueces atacaron de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan" que "toda forma de perdón, indulto, conmutación de penas o amnistía" de crímenes de lesa humanidad es "nula". El fallo "agravia de modo intolerable a las víctimas" del terrorismo de estado y "genera una notoria conmoción social". Los tres incurrieron "cuanto menos, una de las tres causales previstas en nuestra Constitución, como es la de mal desempeño en sus funciones". Y eso "evidencia la falta de idoneidad profesional y moral requerida para continuar" en la Corte.

La denuncia dedica un capítulo a Rosatti, quien en su voto planteó el "dilema moral" de recortar la condena a un criminal de lesa humanidad y que ‑a su juicio‑ "debe ser resuelto con la aplicación de la Constitución y las leyes". "En nuestro ordenamiento jurídico existe un bloque de constitucionalidad que está dado por la Constitución y los tratados y convenciones internacionales. No existe tal dilema moral, ajustarse a las leyes es una obligación ético‑jurídica de respeto al principio de legalidad", retrucan los denunciantes, entre ellos los siete abogados santafesinos: Lucila Puyol, Guillermo Munné, Nadia Schujman, Santiago Bereciartúa, Natalia Moyano, Matías Gómez y Luciana Torres.