La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que Guatemala violó la libertad de expresión de tres pueblos indígenas del país tras la persecución penal y allanamientos a radios comunitarias. Mediante un comunicado, la Corte IDH señaló que "encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas maya kaqchikel, achí y mam". En su fallo ordenó al gobierno del país centroamericano que reserve para estas comunidades frecuencias para sus radios y se abstenga de secuestrar los equipos radiofónicos.

En ese sentido, el organismo explicó que "tales violaciones ocurrieron principalmente" porque el "marco regulatorio" de la radiodifusión en el país "impidió, en la práctica, que estas comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias".

"La Corte determinó que, la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas", añadió. De acuerdo con la sentencia, las radios Ixchel y Uqul Tinamit La Voz del Pueblo, en el oeste y norte del país, respectivamente, fueron allanadas en 2006 y 2012 por "autoridades estatales como resultado de órdenes judiciales dictadas en el marco de procesos penales".

"Sus equipos de transmisión fueron confiscados y algunos de sus operadores, miembros de las respectivas comunidades, fueron procesados criminalmente", indicó la Corte IDH. 

Entre las "medidas de reparación", ordenó "reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico" y "abstenerse inmediatamente de allanar dichas radios y aprehender sus equipos de trasmisión". "En Guatemala se encuentran un aproximado de 424 emisoras de radio licenciadas en frecuencia FM y 90 en frecuencia AM, de las cuales, una es emisora comunitaria indígena. Por otro lado, existen diversas radios comunitarias operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia del Estado para su funcionamiento", indicó la corte.

En Guatemala, un país de casi 17 millones de habitantes, los indígenas representan un poco más del 40 por ciento de la población, aunque representantes de los pueblos nativos afirman que son el 65 por ciento.