Ya son 14 los policías porteños detenidos en el marco de la causa que investiga el asesinato de Lucas González y el posterior encubrimiento del crimen. Este domingo, otros cinco efectivos -- un subcomisario y cuatro oficiales -- quedaron detenidos acusados de la privación ilegal de la libertad de los amigos de Lucas, de fraguar pruebas y de presentar la falsa versión del "enfrentamiento" tras la balacera efectuada por Gabriel Isassi, José Nieva y Fabián López, los tres policías detenidos y procesados por el homicidio calificado del chico de 17 años. Por el encubrimiento ya habían sido procesados otros seis agentes, por lo que la cifra de detenidos por ese delito ya asciende a 11. La Fiscalía a cargo de Leonel Gómez Barbella también había pedido la detención de otros cinco policías y de una abogada del Departamento de Asesoría Legal Policial, pero el juez de instrucción Martín del Viso no hizo lugar a ese pedido.
Los cinco policías detenidos este domingo son el subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, todos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad. A los cinco se los acusa de "encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y falsedad ideológica", del mismo modo que a los otros seis policías que ya están procesados por el encubrimiento del crimen.
“La gravedad de los hechos hace razonable el planteo fiscal en cuanto a la seria posibilidad de riesgo de fuga y entorpecimiento para la investigación”, consideró Del Viso en una resolución de 14 páginas y agregó que, en libertad, los acusados podrían “destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, así como influir en los testigos del hecho”. Las detenciones se produjeron este domingo por la tarde, después de que el juez hiciera lugar parcialmente al pedido presentado por Gómez Barbella el 9 de diciembre y ampliado el pasado viernes. En una primera instancia, el fiscal solicitó la detención de ocho policías y luego agregó a Arévalos y a Espinosa, además de la abogada Verónica Andraca.
De los agentes detenidos, Chocobar aparece como firmante del parte que, a las 10 de la mañana del miércoles 17 de noviembre, con Lucas ya baleado y sus amigos detenidos, daba cuenta de un "enfrentamiento" y notificaba las detenciones en Alvarado y Perdriel. Baidón, por su parte, fue señalado por tres de los policías ya indagados como uno de los que redujo y esposó a Joaquín y Julián, los amigos de Lucas. Los datos de geoposicionamiento lo ubican en ese lugar desde las 9.42 hasta las 13.01.
También a esa hora estuvieron allí Martínez y Arévalos, que llegaron en motos de la Policía. Los dos también están acusados de esposar a los menores de forma violenta. Espinosa, por su parte, estuvo a cargo del traslado de Lucas al Hospital Penna y acompañó al móvil del SAME hasta ese centro de salud. Para su detención fue clave el testimonio de la médica que atendió al chico en primera instancia, quien prestó declaración testimonial el jueves pasado.
La mujer dijo que encontró a Lucas en el asiento del acompañante, con las piernas afuera del auto y "estiradas pasivamente", lo que la hizo deducir que "lo habían querido sacar". "A la luz de este pensamiento, se impone la idea de que Lucas González fue movido mientras gravemente herido aguardaba la ambulancia", señaló Del Viso en su resolución.
Además, la médica sostuvo que la única puerta del Suran de los chicos que se encontraba abierta era la del acompañante, lo que contrasta con la escena que encontraron los peritos de la Policía Federal cuando se hicieron cargo de la investigación, ya en el mediodía del miércoles. Allí, los peritos encontraron la puerta trasera también abierta, por lo que, según el juez, "no es difícil concluir que esa puerta fue abierta por los encausados para colocar el arma de juguete en contra de los cuatro niños víctimas".
En tanto, entre los cinco policías que Gómez Barbella pidió detener y el juez no hizo lugar hay dos agentes de alto rango de la Comuna N°4. Sin ir más lejos, el comisario inspector Daniel Santana está a cargo de la Comisaría Comunal 4, el mando común de las cuatro comisarías vecinales 4 A, B, C y D. Desde esta última partió ese día la brigada de civil de Isassi, Nieva y López. Según se desprende de las indagatorias de los acusados, Santana estuvo en Alvarado y Perdriel tras la balacera, para "fiscalizar" el operativo y "brindar apoyo" a los agentes.
El fiscal también había pedido la detención de Rodolfo Ozan, comisario de la 4A. Según señaló Gómez Barbella en su solicitud, Ozan estuvo en Alvarado y Perdriel “para intentar lograr la impunidad de sus colegas de la Comisaría aledaña”. “Llama poderosamente la atención que se haga presente en otra jurisdicción que no es la propia, resultando ser la autoridad máxima de una Comisaría Vecinal y ser uno de los primeros en comparecer", había indicado el fiscal.
Los otros tres policías acusados por Gómez Barbella eran los oficiales Teresa Luján Scorza, Santos Ochoa y Damián Ezequiel Lobos. En su resolución, Del Viso solo sostuvo que "más allá de sus posibles permanencias físicas en el sitio donde se detuvo a las víctimas", por el momento no hay elementos que hagan suponer "la eventual participación" de alguno de los cinco en los hechos investigados.
Además del subcomisario Chocobar, de la cúpula de la Comisaría 4D ya está detenido y procesado por el encubrimiento el comisario Fabián Du Santos. En tanto, de la División de Sumarios y Brigadas están procesados el subcomisario Roberto Inca y el comisario Juan Romero. El inspector Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, también de la 4D, también fueron procesados la semana pasada.
Pero el pedido del fiscal no se limitaba solo a los cinco policías, sino que también involucraba a la abogada Verónica Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos del Departamento Asesoría Legal de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. En sus declaraciones testimoniales, los padres de Julián y Joaquín habían señalado la presencia de "una mujer rubia" vestida de civil en Alvarado y Perdriel, cuando ellos llegaron en busca de sus hijos.
Ricardo, el padre de Joaquín y el primero en llegar al lugar, señaló que entre las 10 30 y las 11, cuando él arribó, la mujer ya estaba allí dando vueltas alrededor del Suran de los chicos, con los menores ya esposados. La Fiscalía logró identificar a la mujer tras un informe pedido a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio, que confirmó que Andraca, abogada penalista, forma parte de esa División y que ese día se encontraba de guardia de “asistencia letrada inmediata” aunque oficialmente “no estaba asignada al procedimiento”.
En este sentido, para el fiscal no había ninguna razón válida para que la mujer estuviera allí, más que la de brindarles "ayuda o asesoramiento legal" a los policías que en ese mismo momento encubrían el asesinato. Por eso había pedido investigarla y detenerla para la indagatoria, algo que fue rechazado por Del Viso. Al igual que con los otros cinco policías, el juez consideró que aún no hay elementos que indiquen su participación en los delitos.
A partir de las 10 de la mañana de este lunes comenzarán las indagatorias de los cinco nuevos detenidos, a los que, además, el juez ordenó secuestrarles los teléfonos para ser peritados.
