El viernes se realizó la audiencia de apelación para evitar que se cierre la causa penal por el vaciamiento del ex Banco Provincial de Santa Fe, en el marco de la investigación de maniobras ilícitas por al menos 500 millones de dólares. Los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Nessier fueron los fiscales que llevaron adelante el rechazo a la prescripción decretada en primera instancia y el juez de cámara Jorge Andrés estuvo a cargo de la conducción de la audiencia y deberá resolver el planteo.

“A esta instancia se llegó a raíz de la impugnación que realizamos luego de la resolución de primera instancia en la que se declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de todos los hechos denunciados en 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe”, informaron los representantes del Ministerio Público de la Acusación.

De la audiencia de Cámara también participaron tres abogados defensores de las 10 personas investigadas que fueron integrantes del directorio del Banco Provincial entre 1983 y 1990. 

Los fiscales puntualizaron que “existen sobrados motivos para considerar que los actos de corrupción que se investigan, sus incidencias en enriquecimientos patrimoniales y la incalculable afectación de las arcas del Estado provincial hacen viable su consideración como ‘delito constitucional’ y, por ende, imprescriptible".

Nessier y Jiménez también subrayaron que “la investigación tuvo idas y vueltas entre la justicia federal y la provincial, y estuvo estancada casi 20 años”. “Durante 14 años estuvo en un juzgado provincial y otros 5 años más en la secretaría de un juzgado federal, y en ninguno de los dos casos se adoptó medida alguna”. Refirieron al informe de 2013 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). “En ese documento se afirma que el derrotero errático del legajo no fue más que una estrategia para eludir la investigación”, destacaron. A pesar del tiempo transcurrido, la causa jamás tuvo imputados. “Recién en abril de 2019 se remitió el expediente al MPA, y se inició una investigación penal preparatoria que es la que estamos trabajando ahora”.

Por otra parte, los funcionarios del MPA argumentaron que, “en tanto uno de los involucrados reviste el carácter de funcionario público, estamos ante una circunstancia que suspende el curso de la prescripción”.

Hoy y mañana se resolverán dos pedidos de constitución de querellantes, de la Fiscalía de Estado de Santa Fe y la Asociación Bancaria Argentina.