A 20 años de la represión estatal del 19 y 20 de diciembre de 2001, que en la provincia de Santa Fe tuvo nueve víctimas fatales, cientos de heridos y de detenidos, la Comisión Investigadora No Gubernamental que se conformó el 22 de julio de 2002 publica en forma de libro su informe final, con ilustración de tapa de Tomás Expósito (El Tomi), redacción del periodista Osvaldo Aguirre y una voluntad política anclada en la actualidad: “Los crímenes de diciembre de 2001 en Santa Fe no son un suceso del pasado. La impunidad constituye una amenaza para el presente”, dice el texto introductorio. “20 diciembres impunes” es el título de la publicación, que incluye contexto histórico, el detalle de cada crimen, a partir del cotejo entre los testigos directos con las actuaciones policiales y judiciales amañadas; entrevistas realizadas a los entonces ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, y delegado de ese Ministerio, Osvaldo Turco. Esas son algunas partes del rompecabezas que se abre con la primera respuesta al gobierno de Carlos Reutemann, elaborada por la Coordinadora de Trabajo Carcelario, para desmentir la versión oficial. En todos los casos las personas asesinadas fueron acusadas de atacar a la policía, y en todos los casos los testigos directos lo desmintieron. Fueron ejecuciones sumarias, todas las personas fueron asesinadas por balas policiales de plomo. La responsabilidad política de Carlos Reutemann -que murió impune en julio de 2021- y de quien fuera secretario de Seguridad, Enrique Álvarez, es irrefutable.
El informe detalla los últimos minutos de Juan Delgado, Claudio “Pocho” Lepratti, Yanina García, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Graciela Acosta y Walter Campos, asesinados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, así como de Marcelo Pacini, a quien mataron en Santa Fe, y de Graciela Machado, que murió por una descompensación cuando huía de la represión.
“La Comisión Investigadora surgió de la iniciativa de organismos de derechos humanos, instituciones intermedias, gremios, familiares de víctimas y sacerdotes, en reacción a una serie de maniobras que en los primeros meses de 2002 se insinuaba de parte del Poder Ejecutivo provincial, a cargo de Carlos Alberto Reutemann, en procura de evitar la investigación de los sucesos y garantizar la impunidad de los responsables”, se lee en la página 11 del libro.
Si bien la misma conformación de la comisión fue colectiva, es importante recordar a quienes la integraron. Fueron Rubén Naranjo (Foro Memoria y Sociedad, fallecido en 2005); Iván Hernández Larguía (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fallecido en 2012); los sacerdotes Juan José Gravet, Néstor Negri, Daniel Siñeriz, Marcelo Valsecchi y Salvador Yaco (Carpa de la Resistencia); Tomas Juan D´Espósito (“El Tomi”, historietista, director del “Ángel de Lata”); Lilian Echegoy, Federico Garat, Mariana Hernández, Carmen Maidagan y Antonio Tesolini (Coordinadora de Trabajo Carcelario); Gustavo Martínez (secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado filial Rosario); Florencia Barrera, Enrique Font, Paula Moretti y Ana Oberlin (Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario); Eduardo Cecchi, Ángel D’Ambrosio, Eduardo Di Pollina, Federico Pezz y Alicia Tate (diputados provinciales), Alicia Gutiérrez y Alberto Piccinini (diputados nacionales por Santa Fe).
La necesidad de recuperar aquel trabajo tiene que ver con la memoria histórica, claro, pero también con develar continuidades. En los Tribunales Federales de Rosario se juzga la desaparición forzada de Franco Casco, en 2014. En 2015 desaparecieron a Pichón Escobar. En mayo de 2017, María de los Ángeles París llegó a la comisaría 10° y a las dos horas había muerto. En febrero de 2020, Carlos Bocacha Orellana fue hallado sin vida, en el río Paraná, tras haber estado en el boliche Ming. En cada uno de estos crímenes -y en otra decenas de hechos de violencia letal- la lupa está puesta en el accionar policial.
El informe lo expresa con esta claridad: “Al mantener en funciones a las y los responsables directos e indirectos de los hechos, al demostrarles que en la provincia de Santa Fe se podían cometer crímenes y no recibir ningún castigo, se expuso al conjunto de la sociedad a la posibilidad de nuevas ejecuciones a manos de las fuerzas de seguridad, como de hecho han seguido ocurriendo desde entonces en distintos puntos de la provincia”.
Sólo dos crímenes tuvieron un esclarecimiento -y condena- parcial, Fueron el de Claudio “Pocho” Lepratti, el más emblemático, que derivó en una pena de 14 años de prisión al efectivo Esteban Velázquez, ya cumplida. Por el asesinato de Graciela Acosta, Luis Armando Quiroz fue condenado a 11 años de prisión por la Cámara de Apelaciones en lo penal, después de un largo derrotero judicial, en diciembre de 2007. El informe dedica un apartado al juicio por el encubrimiento del crimen de Pocho. “La policía de Rosario volvió a mostrar su oficio en el apañamiento de irregularidades y el falseamiento de sumarios para encubrir el asesinato de Claudio Lepratti”, dice el informe.
En las páginas finales del libro que ahora se publica, se establece que “las pruebas recabadas por la Comisión Investigadora indican que después de las 14 horas del 19 de diciembre de 2001 hubo un cambio en la acción policial en todos los puntos de conflicto de Rosario y que la Unidad Regional II actuó orgánicamente y bajo la orden de reprimir el reclamo social, con armamento de fuego disuasivo y letal. Las personas asesinadas y las heridas por balas de plomo disparadas por la policía son la prueba más elocuente al respecto”.
Que la orden de Reutemann -a través de Álvarez- fue reprimir, lo comprobó la Comisión a partir de las declaraciones del ex ministro Domínguez a la Comisión; los testimonios recogidos en los barrios y en los expedientes judiciales, donde se manifiesta una actitud tensa pero pacífica de vecinos y vecinas y principios de acuerdos en la entrega de mercadería por comerciantes, que concluyen con una represión desmedida por parte de la policía; la falta de entrega de alimentos por parte del gobierno provincial el 19 de diciembre; y una policía acuartelada 72 horas antes.
La orden de reprimir se complementa “con la actitud posterior de la policía ante las investigaciones judiciales, al ocultar información sobre las consecuencias de la represión (por ejemplo, no se dio cuenta al Juez interviniente de la gran cantidad de heridos y heridas que existieron. Esta información es requerida por éste al Ministerio de Salud a través del Área VIII y la Secretaría de salud de la Municipalidad, pese a que casi todos los hospitales tienen destacamento policial); al aportar datos deliberadamente erróneos sobre el personal, los móviles y el armamento utilizado en distintos lugares, modificados por la misma policía y contradichos por las imágenes televisivas; y mediante la obstrucción sistemática de las actuaciones en procura de la impunidad”.
Según establecieron en la Comisión, “las órdenes existieron y resultaron ilegales en cuanto se dispuso reprimir a la población utilizando la fuerza y cualquier tipo de armamento, desconociendo el reclamo social con la finalidad de sacar a la gente de la calle a cualquier costo, violando la ley y el principio de excepcionalidad del uso de fuerza, causando siete homicidios y gran cantidad de heridos y heridas. Y tales órdenes surgieron del subsecretario de Seguridad Pública, bajo la directiva del gobernador Reutemann, con quien mantenía un contacto directo y personal y de quien recibía órdenes, como lo corroboraron las declaraciones del ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y su delegado en Rosario”.
Con el detalle de las actuaciones judiciales, también queda de manifiesto que “la Justicia fue el mecanismo que selló la impunidad. A través de simulacros de investigaciones, desarrolladas mediante actuaciones que en general sólo existieron en las apariencias y en formalidades sin mayor consecuencia, su objetivo central fue impedir el conocimiento de la verdad histórica y dejar impunes a los responsables”.
