Sobre los sucesos brasileños desde Argentina resulta lógico que al tope de las preocupaciones aparezcan los efectos económicos de la caída sin piso del principal socio comercial, caída que continuará impactando en el deterioro de una economía local cuyos brotes verdes sólo existen en los informes de las consultoras de la city. Sin embargo, importa destacar aquí un proceso subyacente que hoy se expresa a partir de las fuertes diferencias que surgen del potencial final del gobierno golpista de Michel Temer versus la salida forzada de Dilma Rousseff.

Como se analizó en su momento, la caída de Rousseff respondió a dos causas principales. La primera fue el odio social provocado entre los sectores dominantes y medios por el proceso redistributivo impulsado por los gobiernos del PT. La segunda, la propia incapacidad de Rousseff para mantenerse firme frente a las demandas de la derecha golpista. La presidenta derrocada creyó que la aplicación de un programa de ajuste ortodoxo calmaría a sus contrincantes, pero el resultado fue el contrario: sus adversarios se enardecieron y el ajuste recesivo destruyó el apoyo de su base social. Cuando el golpe institucional finalmente se consumó, quienes la votaron mayoritariamente no inundaron las calles en su defensa.

El gobierno de Temer surgió como la expresión de todos los sectores conservadores que querían, además de un ajuste ortodoxo, al PT fuera del gobierno a cualquier precio. Por eso la pregunta que se disparó cuando la red O’Globo, el grupo Clarín del vecino, publicó la información que dinamitó la ya escasa legitimidad del gobierno fue “por qué”. La respuesta más verosímil fue que las filtraciones, provenientes del propio poder judicial, serían pronto inocultables. En consecuencia, la indagación demanda subir un escalón ¿Qué pasó para que uno de los principales grandes empresarios de Brasil, en connivencia con el poder judicial, grabe clandestinamente al presidente golpista aparentemente ordenando sobornos para comprar silencio? Algo así como si Paolo Rocca, en el marco de denuncias por corrupción en la obra pública contra Techint, grabara clandestinamente a Mauricio Macri, por sugerencia de la Corte Suprema, a fin de que se le redujera una pena de cárcel.

El punto de partida para llegar tan lejos fue un fenómeno extendido en la región: la presunta “lucha contra la corrupción” como instrumento para debilitar a los gobiernos populares. El gran problema en Brasil fue que lo que comenzó como una campaña para sacar al PT del gobierno tomo vida propia y se le fue de las manos al mismísimo poder.

Aunque la idea parezca contracorriente, cuando en una sociedad la corrupción ocupa el centro del debate político y económico no se está frente a una cruzada para mejorar la moral pública, sino frente a un grave retroceso democrático cuyo rostro real es la criminalización de la política y, en concreto, la antipolítica, un instrumento de las fuerzas conservadoras para sembrar el desaliento y alejar a las mayorías de la cosa pública.

 Al respecto debe comprenderse que existe una diferencia sustancial entre la corrupción individual y la estructural. No es lo mismo un funcionario que hace algún negocio personal con el manejo de los fondos públicos, una conducta que en esencia no difiere de la que puede tener, por ejemplo, el gerente de compras de cualquier empresa privada -es decir; un problema del funcionamiento del capitalismo realmente existente antes que de la política- que las multimillonarias transferencias intersectoriales y espaciales de recursos provocadas por las decisiones de política económica. En el primer caso se estaría, por ejemplo, frente a los bolsos de López, en el segundo frente a la enajenación del patrimonio público acumulado por décadas, el endeudamiento al erario por generaciones o la destrucción de empleo y de sectores económicos completos. Esta distinción no busca minimizar la deshonestidad personal en el ejercicio de la función pública, sino poner los problemas en su justa dimensión, discutir política y dejar los asuntos penales para el aparato represivo del Estado. No sería mala idea que incluso el buen periodismo comience a rechazar de manera más sistémica el denuncismo lanatista.

Regresando a Brasil, una de las llaves que abrieron la caja de Pandora fue la delación premiada junto a jueces mediáticos que hicieron de las denuncias una plataforma de lucimiento personal. Como la corrupción es una relación social, y en un sistema capitalista quienes pagan sobornos políticos son quienes tienen el dinero, el proceso terminó con muchos de los principales grandes empresarios del país y sus hijos en la cárcel. Y además, todos compelidos a seguir denunciándose mutuamente para no quedar presos de por vida. Quien grabó a Temer fue uno de los dueños del principal frigorífico exportador del mundo. También están en la cárcel integrantes de la familia Odebrecht, la principal megaconstructora del país. Una de las consecuencias del proceso es que muchas de las grandes empresas que movían la economía del país están paradas, entre ellas Petrobras y hasta el mismísimo Bandes, un desastre económico de proporciones, y por lo tanto de sufrimiento social, a cambio de trofeos simbólicos.

Para decirlo de manera rápida: el denuncismo se fue de madre hasta el punto de llevarse puestas a la democracia y a la economía. Pero también al Estado. Hubo un golpe parlamentario y se logró que el desprestigio alcance a la totalidad de la clase política. En los últimos 3 años el PIB perdió el 10 por ciento y el narcotráfico tomó el control parcial del territorio en muchas grandes ciudades. No parece un horizonte cercano, pero se habla incluso de futuras formas de golpe militar, con el ejército como garante del orden y de una nueva alianza gobernante. El futuro de una de las principales economías del mundo quedó sumergido en la incertidumbre.